Para comenzar, es necesario repasar sobre la relación que se detenta entre los medios de comunicación (MC) y el Poder político. Como así también, el rol que cumplen estos en el ámbito político y las presiones y el uso mutuo que existen de ambas partes para que cada una de ellas cumpla con sus objetivos propuestos.

Lo primero a considerar, en este caso, son las estrategias políticas aplicadas por los partidos políticos de México, las cuales subsisten a través de la existencia de dos tipos de medios de comunicación, las grandes empresas de radio y televisión (como Televisa, MVS y Azteca), que acaparan el dinero de la publicidad oficial y los medios independientes (como el Diario El Financiero y El Sol de México), digitales en su mayoría y por ende poco atractivos para conseguir publicidad de algún candidato y captar la atención del público. Sin embargo, cabe destacar el gran peso de las redes sociales en estas campañas electorales particularmente. El uso de Facebook y Twitter se transformó en un espacio de debate al acceso de todos y se las utilizó como una herramienta de influencia generando malversación de la información, confrontaciones entre simpatizantes, etc. Como así también, se convirtieron en el principal nexo comunicativo entre candidatos y electores.

Todo este uso de cualquier medio lleva a que la persuasión política sea un esquema complejo de estrategias de comunicación política basado en la reciprocidad de mensajes que utilizan los candidatos para conectarse con los ciudadanos permitiendo así, un intercambio de información, comparación de perfiles y propuestas. Por lo tanto, los candidatos se caracterizan por hacer campañas electorales en base a un lenguaje político de confrontación más que de comunicación de propuestas; por esto se suelen televisar y radio reproducir debates entre los mismos, a nivel masivo y de acceso público, con el fin de persuadir al elector enfocándose más en el ámbito socio-comunitario.

De acuerdo con Manuel Castells: “los medios de comunicación son los espacios donde se crea el poder porque tienen el potencial de llegar al conjunto de la sociedad y se caracterizan por un mensaje que va de uno a muchos con interactividad inexistente o limitada”. Analizando esta cita es importante subrayar el rol que ocupan los medios de comunicación a la hora de trasmitir un mensaje y la forma de hacerlo para llegar al público de manera inmediata.

Está de más aclarar que sirven como instrumento de legitimidad a los actores que aspiran al poder político, haciéndose presente en todo el proceso electoral y más adelante, es decir, antes y durante su candidatura. Por lo tanto, la conexión que existe entre dichos actores y los medios masivos, en relación a la calidad de información y al nivel de influencia sobre los electores, es decisiva para establecer o no la gobernanza del candidato elegido.

En este contexto, podemos encuadrar los vínculos que se establecen entre actual presidente mexicano AMLO y los MC, en el cual se deben resaltar dos versiones del mismo.

Primero, desde un extremo de la coyuntura López Obrador declara: “No tenemos problemas con medios de información, es buena la relación con todos; hay diferencias, pero son propias de un sistema político democrático. Si se tratara de una dictadura entonces, o habría mucha confrontación o mucho silencio. Ahora hay bastante comunicación, respeto y diferencias como corresponde a un país verdaderamente democrático’’. En contraste, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), expresó: ‘‘La situación de la prensa en México empeoró a lo largo de la presidencia de AMLO”. Terminando con graves acusaciones sobre el asesinato a seis periodistas durante su gobierno.

En esta misma línea, se acusa al Gobierno de tomar medidas que afectan la publicidad oficial en los medios sin explicar el plan o estrategia de comunicación social que sirvió de base para recortar los presupuestos de este sector en 2019 teniendo como eje principal la supuesta “justicia social”.

La SIP también se refirió a la entrada en vigor, el pasado 1 de enero, de la Ley General de Comunicación Social (LGCS), votada durante la Administración anterior y que “permite la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos”.

Esta ley fue criticada en su momento porque no contiene controles suficientes en materia de comunicación social, situación que fomenta el uso proselitista del dinero público. El partido de Obrador (Morena) asegura que en el periodo 2006-2016 el gobierno federal gastó 71 mil 139 millones de pesos en “comunicación social” (la fuente citada es la Cuenta Pública correspondiente a esos años), cifra que afirman “habría servido para construir 284 mil 554 viviendas u 89 hospitales”.

En 2019, López Obrador destinaría 1 822 millones de pesos a comunicación social, en contraste con Peña Nieto quien, según Morena, gastó 9 361 millones de pesos en ese rubro solamente en 2016, otorgándole una justificación a dicho recorte presupuestario con el fin de usarlo en próximas obras públicas.

Sin embargo, se abrió un gran debate en el espacio público acerca de las medidas tomadas sobre la centralización de las relaciones con los medios, ya que las dependencias públicas ya no tendrían sus propias oficinas de prensa y pasarían por la Oficina de Prensa del Presidente generando así un descontento en los medios más influyentes al sentir un control sobre ellos que pone en peligro su libertad de expresión. Este es un dato resulta relevante para la Opinión Publica al poner en juego la democratización de la información y libertad de prensa.

Es importante reconocer que sin esta libertad no hay democracia, como así también reconocer que no toda prensa es totalmente democrática, ya que, en muchos casos son simples instrumentos de grupos económicos o empresariales de mayor envergadura, respondiendo a sus intereses y su afinidad con el gobierno de turno, convirtiéndose así en, nada más y nada menos que un factor de presión a cualquier actor político.

En conclusión, la relación entre el actual gobierno de México y los MC tuvo altibajos desde el comienzo de las campañas electorales y sigue hasta la actualidad. Entonces, según sean las políticas que se tomen de manera decisiva, resonará fuerte el factor “legitimidad” en la construcción de la agenda política hasta el fin de su mandato.