Introducción

Actualmente las democracias en la mayor parte de América Latina son concebidas como el mecanismo idóneo para acceder al poder. Después de las dictaduras latinoamericanas, es indiscutible que la idea de tener gobiernos democráticamente electos se consolidó. Este proceso, sin embargo, se dio por múltiples factores que coadyuvaron, junto con las organizaciones de la sociedad civil, a que estos regímenes cayeran y a que se dieran elecciones libres y justas. En este contexto, un factor de máxima importancia fue el uso de los instrumentos de democracia directa, tales como el plebiscito y el referéndum, así como las consultas populares; sería difícil entender las democracias en nuestro contexto sin el uso de estos mecanismos.

No obstante, estos instrumentos han tenido que evaluarse permanentemente, ya que no estaban planteados como herramientas de largo aliento y alcance, es decir, se veían como mecanismos que eran activados por minorías y, en ciertos momentos, incluso llegaron a ser usados como medios de legitimación. Las sociedades que los han utilizado también han buscado la forma de que estos instrumentos sean activados por el mayor número de personas posible, buscando, con el uso de las nuevas tecnologías, la posibilidad de acceder a sectores de la sociedad cada vez más amplios. De ahí podemos desprender dos aspectos fundamentales que analizaremos a lo largo de este trabajo:

  1. La idea de fortalecer los regímenes democráticos mediante el empoderamiento de la sociedad a través de los diferentes mecanismos de democracia directa, y
  2. Hacer mucho más accesible a todos los ciudadanos la forma en la que pueden participar a través de mecanismos de democracia representativa y de participación ciudadana con el uso de las nuevas tecnologías.

En la actualidad, podemos identificar una serie de países a lo largo del mundo cuyo amplio desarrollo tecnológico les ha dado las herramientas para transitar hacia procesos electorales innovadores que podemos observar en el ámbito electoral. Este es el caso de West Virginia en Estados Unidos de Norteamérica, pues observamos de qué manera diversos países han profundizado en los mecanismos de democracia participativa con el objetivo fundamental de dotar de una mayor legitimidad a los estados nacionales, complejizando, así, los procesos electorales. No está de más señalar que el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) han ayudado a solucionar problemáticas de los procesos electorales, como es el caso de dotar de derechos a los ciudadanos residentes en el extranjero.

Sin embargo, hay un bloque de países, entre los que se encuentra México, cuya cultura democrática está en constante tensión, pero que han echado mano de diversos elementos para resolver contradicciones permanentes entre gobierno y sociedad. Estos procesos de participación ciudadana son una forma en la que la ciudadanía toma parte en las decisiones que competen al Estado y, por esta razón, el uso del voto electrónico puede incorporarse, como un componente innovador. México, indudablemente, ha sido pionero en el desarrollo del uso de las TIC para hacer más accesibles estos mecanismos al mayor número de ciudadanos. No obstante, en el camino, se han tenido que dilucidar obstáculos permanentes que han mitificado el voto electrónico, señalando que éste sólo puede darse por Internet o que sólo es conveniente para elecciones políticas. A continuación, abordaremos aspectos relevantes de los instrumentos de participación ciudadana y cómo estos han sido mucho más efectivos con el uso de las TIC.

I

La participación ciudadana y el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación

El sistema electoral mexicano ha transitado por diversos pasajes que tienen que observarse a la luz de los cambios ocurridos en un contexto internacional que marcó, en muchos sentidos, la agenda de las nuevas democracias en América Latina. Para el caso latinoamericano, la restauración democrática en la década de los noventa trae consigo el uso efectivo que se dio de los instrumentos de democracia directa. El plebiscito chileno en 1989, el referendo en Uruguay en 1980, o los antecedentes de Bolivia y Venezuela que intentaron corregir la crisis de representación y buscaron una mayor legitimidad política, son sólo algunos de los ejemplos de cómo los instrumentos de democracia directa comenzaron a tener una importancia determinante en la construcción de los nuevos regímenes a lo largo del continente.

En el caso mexicano, es bien sabido que la transición democrática se dio acompañada de la mano de estos instrumentos de democracia directa, los cuales se implementaron, aunque no siempre de manera formal, pero sí con el peso y legitimidad social lo suficientemente fuertes como para propiciar cambios en la forma en la que el régimen se mantendría en los años siguientes. El uso del plebiscito trajo consigo reformas profundas que propiciaron el cambio democrático en el país, como es el caso del realizado el 21 de marzo de 1993. Si bien este ejercicio sirvió para avanzar en la reforma política de la Ciudad de México, es importante señalar que trajo aparejados cambios estructurales a nivel nacional, permitiendo la alternancia por primera vez en 2000 con el triunfo de un partido distinto al hegemónico para las elecciones presidenciales.

La historia de la democracia en México viene acompañada de la falta de confianza por parte de la ciudadanía en las autoridades y, por supuesto, en las instituciones encargadas de garantizar los principios básicos del voto: su condición de universal, libre, directo y secreto. Esto es así por la historia que antecede a nuestra consolidación democrática, la cual se vio cristalizada por primera vez en el año de 1997, cuando la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, eligió por primera vez a su Jefe de Gobierno y el PRI perdió la mayoría en las dos cámaras del Congreso de la Unión, en donde, previo a estos acontecimientos, estuvieron las denuncias por fraude electoral de 1988. Este elemento distintivo ha hecho de la democracia mexicana un ejercicio sumamente costoso, ya que se han implementado mecanismos de seguridad que elevan los costos en la operación y garantía para tener elecciones libres y confiables. Tal es el caso de la emisión de las boletas electorales, las cuales representan un costo muy elevado por la cantidad de candados que la hacen difícilmente falsificable.

La poca confianza en las instituciones en México ha generado una tensión constate entre gobierno y ciudadanía, la cual, en el caso particular de la Ciudad de México, se contuvo con el uso recurrente de vías de participación y gestión de demandas. Este fue el caso de los consejos consultivos y las juntas de vecinos con carácter de representativo, las mismas que sirvieron para mediar conflictos con las autoridades. De ahí la necesidad de contar con instrumentos de participación ciudadana que ayudaran a distender conflictos que la democracia representativa por sí misma no podía resolver. No sólo se tenía la necesidad de contar con instituciones confiables que garantizaran el sufragio efectivo, sino que se requería de instrumentos en los que la ciudadanía se apoyara para ser parte en la toma de decisiones, por lo que la segunda batalla en la Ciudad de México se libró para contar con un nutrido menú de instrumentos de democracia directa. Actualmente, los siguientes seis mecanismos de democracia directa están reconocidos en la Constitución local:

  • Iniciativa Ciudadana;
  • Referéndum;
  • Plebiscito;
  • Consulta Ciudadana;
  • Consulta Popular;
  • Revocación de mandato.

Asimismo, se cuenta con instrumentos de democracia participativa, a saber, los órganos de representación ciudadana reconocidos por la ley, figuras que, históricamente, han jugado un papel fundamental en la relación gobierno-ciudadanía, ya que recogen de primera mano las necesidades más inmediatas en ámbitos territoriales pequeños y bien definidos. Por otra parte, se cuenta con la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo, una de las más grandes a nivel mundial, y que dota a la ciudadanía de la posibilidad de definir una parte del presupuesto en su colonia, pueblo o barrio.

Estos dos instrumentos representan ejercicios de democracia participativa muy arraigados y consolidados en la Ciudad de México. Según datos del Informe sobre Cultura Cívica en la Ciudad de México, el 60% de los habitantes señalan que conocen la existencia de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos mientras que 61% dice saber sobre la realización de la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo, indicando tres razones por las cuales las personas deciden participar en este tipo de ejercicios: 1) por un deber ciudadano; 2) por ser un derecho y, 3) por participar en la toma de decisiones.

Como podemos observar, la penetración en la ciudadanía de estos ejercicios, supone un importante proceso de construcción ciudadana que abona al ejercicio de derechos y sobre todo refuerza los procesos electorales y la transición democrática, constituyéndose éstos, como un elemento detonador de cambio, mismo que ha echado mano de mecanismos que no necesariamente se enmarcan en las elecciones constitucionales; hoy por hoy, ya no discutimos la pertinencia o no de estos instrumentos, sino cómo podemos hacerlos más eficaces, elevando los índices de participación, y volviéndolos más efectivos.

El plebiscito y el referéndum, en particular, han jugado un papel importante en el ejercicio de derechos que los ciudadanos de la capital han utilizado en temas coyunturales de gran relevancia, lo que ha detonado el reconocimiento de una gama importante, como ya se señaló, de instrumentos de participación ciudadana consagrados en la Constitución. Ahora presenciamos procesos de participación que buscan involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones y la planeación de políticas públicas. En el caso particular de la Ciudad de México, el presupuesto participativo y la elección de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos se enmarcan en este contexto de cambio e intervención por parte de la ciudadanía en la toma de decisiones; en la actualidad, es evidente que ya no se discute la pertinencia o no de estos instrumentos. Es ahí en donde las autoridades tienen una responsabilidad de suma trascendencia para el ejercicio de estos derechos. Actualmente, gobiernos y autoridades en su conjunto buscan la forma de acercar y difundir los valores democráticos a las nuevas circunstancias enmarcadas en un contexto complejo de innovación tecnológica.

Los desafíos referentes al uso de nuevas tecnologías son diversos y se enmarcan, en el caso particular de México, en un contexto de desconfianza ciudadana con respecto a las autoridades en su conjunto. Mientras la política del siglo XX se vio marcada por buscar el equilibrio entre Estado y mercado, el debate contemporáneo trae consigo el desarrollo y aprovechamiento de las producciones industriales en los estados nacionales, tomando como punto de partida el desarrollo tecnológico para hacer más eficientes y confiables los procesos administrativos y de toma de decisiones gubernamentales. Es por ello que el uso de las TIC debe ser discutido en el contexto nacional e internacional como una forma más eficaz de administrar procesos institucionales que permitan a los ciudadanos un mayor y mejor acceso a procesos de toma de decisiones en sus entornos de por sí complejos. A continuación, analizaremos cómo el uso de estas tecnologías permite tener procesos exitosos en la administración de elecciones no sólo de autoridades administrativas, sino en ejercicios de participación ciudadana, como es el caso de la Ciudad de México, que sin duda está a la vanguardia a nivel mundial en la materia.

II

Esquemas diferenciadores del voto electrónico

La Ciudad de México tiene una composición legal avanzada en materia de derechos reconocidos a la ciudadanía. Este es uno de los pilares fundamentales en los que se basa la idea de tener elecciones libres, seguras, transparentes e íntegras, tal y como lo ha marcado la legislación en la materia. La Ciudad de México señala, dentro de su normativa, que las autoridades deberán establecer procedimientos y formas de gobierno abierto que garanticen la participación social en los ejercicios de democracia directa y participativa, para lo cual deben determinar el uso parcial o total de sistemas de votación electrónica que ayuden a recibir y computar la votación de la ciudadanía. ¿Cómo hacer compatibles los ejercicios democráticos con el uso de las nuevas tecnologías? Para ello es importante resolver algunas interrogantes que se han puesto a discusión con el uso de estas nuevas herramientas tecnológicas.

Es común suponer que cuando hablamos de voto electrónico hacemos referencia inmediata al uso del Internet. El voto electrónico vía remota es constantemente criticado por sus efectos negativos, ya que sólo puede ser usado por aquellos que tienen acceso a la Red y, por lo tanto, sólo lo utilizan quienes cuentan con niveles socioeconómicos y culturales por encima de una parte considerable de la población. Sin embargo, el voto electrónico también tiene una vertiente que se ha desarrollado y probado con alta eficacia, como es el caso de la urna electrónica (DRE). No sólo eso, los sistemas más complejos de innovación tecnológica cuentan con mecanismos de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) que tienden a garantizar la posibilidad de que no exista suplantación de identidad.

Un segundo elemento a considerar en torno al voto electrónico tiene que ver con el cuestionamiento a la ausencia de controles y garantías jurídicas al momento de emitir el sufragio, ya que se abre la posibilidad de realizar coacción del voto al no existir la presencia de autoridad alguna al momento del sufragio; no obstante, la experiencia más acabada en ese terreno nos da certezas para poder emitir el sufragio y modificar el sentido cuantas veces sea conveniente, como es el caso de West Virginia. Asimismo, tenemos la posibilidad de brindar entornos controlados con la instalación de urnas electrónicas, manteniendo los mismos procedimientos de identificación y registro dentro de centros de votación tradicionales.

Por esta razón, el voto electrónico debe entenderse como un principio garantizador del ejercicio democrático, el cual debe ser visto como una herramienta facilitadora y no como un riesgo que atente contra los principios democráticos de certeza, libertad y universalidad del voto. Las soluciones tecnológicas para incentivar aún más la participación deben estar vinculadas a las demandas ciudadanas que pugnan por hacer más accesibles la participación y toma de decisiones de la ciudadanía, de ahí que no se puede cometer el error de pensar que el uso del voto electrónico es exclusivo de los ejercicios de elección a cargos de elección popular. Estas herramientas tecnológicas de hecho tienen su base principal en su implementación dentro de los ejercicios de participación ciudadana. La Ciudad de México, por ejemplo, cuenta con una vasta experiencia en ese terreno.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ha desarrollado un mecanismo electrónico de votación y opinión vía Internet cuyo diseño resulta acorde a lo establecido en la ley electoral: el Sistema Electrónico por Internet (SEI), el cual fue diseñado con el objetivo de obtener un sistema de fácil manejo, confiable, seguro, pero, sobre todo, que preservara el voto con el carácter de libre, secreto, directo, personal e intransferible; que verificara su autenticidad y efectividad;  que garantizara la confiabilidad y transparencia en las elecciones, y que se pudiera implementar indistintamente en procesos electorales o de participación ciudadana, siempre y cuando cumpliera con los requisitos legales para la organización de los comicios locales.

En este punto es conveniente señalar que el voto electrónico no ha sido usado como reemplazo del sistema electoral tradicional, sino como un complemento. El argumento más difundido para promover la introducción de las TIC en los procesos electorales y de participación ciudadana es el de darle mayor rapidez y confiabilidad.  En América Latina se suma el objetivo de eliminar el fraude electoral y permitir o bien facilitar la participación de la población en condiciones de analfabetismo. Sin embargo, la variedad de procedimientos indica que las ventajas y desventajas, los puntos fuertes y los débiles (o incluso los riesgos), deben considerarse en cada sistema.

III

El voto electrónico en los ejercicios de participación ciudadana (la experiencia mexicana)

El 31 de octubre de 2011 el otrora Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) aprobó por primera vez la implementación del uso del sistema electrónico por Internet como mecanismo adicional de votación en la modalidad de recepción de voto en el extranjero para la elección de 2012 al cargo de Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal. En este primer ejercicio, la autoridad electoral hizo la contratación para el desarrollo de un sistema para la emisión de sufragio vía remota para los mexicanos residentes en el extranjero; con la experiencia adquirida, para el año siguiente, el IEDF se dio a la tarea de desarrollar su propio sistema tomando como referencia lo desarrollado e implementado en 2012.

Durante ese proceso electoral también se utilizó el voto postal para recibir la votación desde el extranjero tanto para la elección de Presidente de la República como para la de Jefatura de Gobierno. Sobre este tema es importante destacar que se trata de medios de votación distintos, pues mientras en el voto por Internet todos los elementos para emitir el sufragio (registro en el sistema, recepción de clave y votación) se llevan a cabo a través de un dispositivo electrónico, el voto mediante sobre postal, es similar al voto tradicional, es decir, se vota a través de boletas en papel, con la única excepción de que en esta modalidad la ciudadanía puede hacerlo desde casa, y por un periodo previo al día de la jornada, con el objetivo de que, al igual que en el voto por Internet, el día de la elección ya se cuente con los votos emitidos mediante sobre postal y al término de la elección se cuenten de manera conjunta todos los sufragios.

Los resultados obtenidos en la elección de Jefatura de Gobierno mediante el mecanismo de sobre postal y voto por Internet tuvieron resultados muy alentadores en virtud de que la ciudadanía residente en el extranjero ya conocía el funcionamiento de estos métodos de votación lo que facilitó su acceso.  La tabla siguiente muestra la importancia de ambos casos y el índice de participación de aquel año:

 

Método de votaciónLista nominalTotal de votos emitidosPorcentaje de votaciónDiferencia porcentual entre ambos mecanismos de votación
Voto por Internet4,1902,63962.98%
Sobre postal6,5925,27680.04%
17.06%

Fuente: elaboración propia con datos del IECM.

 

A pesar de los resultados obtenidos en este primer ejercicio, la autoridad electoral nacional, el Instituto Nacional Electoral (INE), desestimó el uso del voto por Internet para los mexicanos residentes en el extranjero para el proceso electoral de 2018 lo que tuvo como consecuencia la cancelación de esta vía para que la ciudadanía pudiera emitir su voto, manteniendo solamente el uso del voto vía sobre postal.

Sin embargo, la Ciudad de México, a través de su autoridad electoral, ha mantenido el uso del voto electrónico para los procesos de participación ciudadana. En lo que respecta a la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo, el 15 de agosto de 2012 también se aprobó, por vez primera, el uso del SEI para recabar las opiniones de la consulta ciudadana a desarrollase ese año. Al igual que en la elección de Jefatura de Gobierno, los resultados obtenidos de ese ejercicio fueron muy favorables.

A partir de entonces el voto por Internet se ha implementado seis veces consecutivas en la elección de consulta sobre presupuesto participativo y sólo en 2013 se aplicó en la elección de comités ciudadanos.  

En la tabla que se presenta a continuación se observan los niveles de votación que se han obtenido en los procesos de comités ciudadanos y consulta a través del voto por Internet.

 

Año de consultaTotal de votos emitidosVotos por InternetPorcentaje de la votación
2012144,27715,58110.79%
2013147,737137,22592.88%
2014876,70637,0454.22%
2015188,76498,23852.04%
2016276,28558,23421.07%
2017746,2214,5890.61%
2018290,2151,8570.63%

Fuente: elaboración propia con datos del IECM.

 

No está de más señalar que el voto electrónico vía remota en los ejercicios de participación ciudadana para el caso mexicano representa un pilar fundamental que permite a la ciudadanía tener un mayor y mejor acceso al uso de las tecnologías ligado a la toma de decisiones en su entorno más inmediato. La aplicación y utilización del SEI en estos mecanismos de democracia participativa, de acuerdo con lo planteado por IDEA Internacional, tiene diversas ventajas, tales como medidas de control y acceso para que la confianza en el voto sea el pilar en el uso de las nuevas tecnologías. Así lo marca su Manual de Voto en el Extranjero, donde, en lo referente a la utilización del e-voting, señala lo siguiente:

                                     

 

En ese sentido, atendiendo a las recomendaciones internacionales, el caso mexicano en el uso del voto electrónico tiene aspectos relevantes que se destacan a continuación:

  • No contraviene las características del voto, pues el sufragio se ejerce de forma libre, secreta, directa y universal;
  • Los resultados de la votación se transmiten de forma más rápida;
  • Reduce errores en el cómputo;
  • Promueve la ecología, ya que reduce el uso de materiales para su emisión;
  • Disminuye el número de ciudadanas o ciudadanos empleados para la capacitación y recepción del voto;
  • Acercamiento a cualquier ciudadana o ciudadano a ejercer el voto, sin importar en donde resida o se encuentre el día de la jornada;
  • Mantiene la secrecía del voto;
  • Garantiza la certeza, tanto para la emisión de voto como para la recepción de resultados;
  • Elimina el uso de papel para la impresión de boletas, y con ello reduce el costo operativo;
  • Es auditable en todas sus etapas.

Estas ventajas y medidas de seguridad han traído como resultado la instrumentación y aplicación del voto electrónico en los instrumentos de participación ciudadana en México.  Con ello el país ha sido capaz de organizar una consulta sobre presupuesto participativo cada año, así como elecciones de comités ciudadanos cada tres años en 1,812 colonias, pertenecientes a 16 demarcaciones y 33 distritos electorales.

Conclusiones

De los antecedentes descritos, es posible concluir que el SEI, desde la primera vez que se implementó en la Ciudad de México, ha funcionado de manera correcta y ha ido evolucionando; de igual manera, se la han introducido nuevas medias de seguridad, las cuales han sido auditadas y verificadas por instituciones altamente reconocidas en México como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o el Instituto Politécnico Nacional (IPN), pero, sobre todo, el uso del sistema ha sido confiable para la sociedad, puesto que consulta tras consulta da su voto de confianza a este sistema y lo emplea para emitir su opinión.

La experiencia mexicana sirve para traer a debate lo recientemente aplicado e instrumentado en Estados Unidos de Norteamérica en donde el voto electrónico se da a través de dispositivos inteligentes en una elección general, permitiendo a cientos de residentes en el extranjero y miembros de las fuerzas militares estacionados en el extranjero emitir sus boletas de forma remota. La aplicación se basa en “blockchain”, la misma tecnología de moda que respalda a Bitcoin y que tiene un alto grado de complejidad con uso de tecnología de reconocimiento facial de datos biométricos que traen como resultado un sistema difícilmente vulnerable. Este mecanismo tiende a reducir la coacción en su sentido más común, al permitir al ciudadano modificar el sentido de su voto cuantas veces crea necesario hasta minutos antes del cierre de la jornada electoral. No cabe duda que en la actualidad el uso de las nuevas tecnologías de la información ha traído resultados favorables en los procesos electorales y de participación ciudadana en los cuales se ha implementado. Por ello, en los años subsecuentes, México tiene como objetivo realizar elecciones con el uso de las nuevas tecnologías tomando como punto de referencia la experiencia adquirida en los ejercicios de participación ciudadana (como en la elección de comités ciudadanos y de presupuesto participativo) utilizando sólo el sistema de voto por Internet; el voto electrónico sirve como una herramienta que complementa y fortalece el método tradicional del uso de papel. Si bien éste es un tema que aún está en el aire, la idea de sólo utilizar medios electrónicos traería como resultado procesos de participación más económicos y funcionales.

No se puede dejar de lado la reducción en costos que de manera considerable trae la utilización del voto electrónico. Hoy en día, el costo de impresión de materiales electorales para cada proceso electoral o de consulta es muy elevado, además del tiempo que lleva imprimir todos los materiales electorales, desde la firma del convenio que se celebra con diferentes empresas proveedoras, la aprobación de las muestras que serán la base de la impresión, así como en general el tiempo que lleva la impresión y verificación de cada uno de los documentos.  

Por ejemplo, tomando como referencia la última Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019, así como el costo promedio de equipamiento de cada una de las Mesas Receptoras de Opinión (MRO), de un total de 2,562 instaladas, el pasado 2 de septiembre se tienen los resultados siguientes:

  • Impresión de la documentación utilizada cuyo costo ascendió a un total de 2.6 millones de pesos (130 mil USD);
  • La impresión de la lista nominal tuvo un costo de 690 mil pesos (34,500 USD);
  • Los materiales consultivos utilizados (líquido indeleble, cancel electoral, caja paquete, sello “X”, lupa frasnel, soporte, sello “voto”, crayones y cinta de seguridad) tuvieron un costo de 16.6 millones de pesos (830 mil USD);
  • Pago de servicios a personal responsable de MRO representó un costo de 5.1 millones pesos (255 mil USD);
  • Muebles rentables para la instalación de las mesas generaron un costo de 2,355 pesos (117.5 USD).

Considerando los costos mencionados, la instalación de cada mesa representó un gasto aproximado de 10 mil pesos (500 USD), que, multiplicado por el número de mesas, dio un resultado de más de 25 millones de pesos (1,250,000 USD) lo que se invierte en una elección “tradicional”. En este sentido, si en futuros procesos de participación se sustituyera la votación en papeleta por la de Internet en un 100%, el ahorro sería de gran magnitud, pues, como ya quedó demostrado, la impresión de documentación y material electoral, así como la instalación de MRO representan un gasto que factiblemente puede ser implementado en otras actividades relevantes del proceso electivo.

Finalmente, es importante apuntar que el uso del voto electrónico en el contexto latinoamericano es una tendencia que viene de la mano con el hecho de realizar elecciones más libres, seguras y de menor costo. Avanzar sobre ese camino implica construir un ambiente sociopolítico acorde a las nuevas necesidades de los países latinoamericanos. Se tiene que partir de la base de la confianza que la ciudadanía debe tener en la autoridad electoral. El voto electrónico tiende a quitarle, en gran medida, la responsabilidad del proceso electoral a los miles de funcionarios y funcionarias de las mesas de votación y coloca esa responsabilidad en el organismo electoral central (OE) y en los encargados de implementar el sistema. De esta forma, se reduce el riesgo de un fraude generalizado y de manipulación a nivel de las mesas de votación, pero a la vez concentra el riesgo de manipulación en el nivel central.

Lo anterior resulta beneficioso en un entorno en el que no haya gran confianza en el personal de las mesas de votación, pero sí en el OE. En cambio, en un ambiente en el que no haya confianza en la estructura central del OE, la introducción del voto electrónico o e-voto puede fácilmente ser objeto de rumores de manipulación en esa estructura y algunos de esos rumores pueden ser difíciles de refutar. En el Manual de IDEA Internacional para el diseño de la gestión electoral (Handbook on Electoral Management Design) se indica la independencia, imparcialidad, integridad, transparencia, profesionalismo y orientación al servicio como los principios básicos de un OE confiable. Si existen problemas con la trayectoria del OE en estas áreas, estos problemas y las dudas relacionadas seguramente se verán agravados con la adopción del voto electrónico. Al igual que con cualquier otro tipo de mejora tecnológica, los sistemas de voto electrónico podrían ampliar las capacidades existentes. Sin embargo, si el nivel de capacidad inicial es escaso, es probable que ocurra justo lo contrario: los efectos positivos tenderán a disiparse y si ya hay un grado de desconfianza importante, es probable que éste termine por agravarse.  Aunado al tema de la confianza en el OE, también es importante considerar la confianza en el marco electoral en general. En un ambiente donde muchas de las partes interesadas no confían en el diseño del sistema electoral, ni en los mecanismos de resolución de conflictos, ni en las denuncias electorales, ni en los funcionarios, ni en el Gobierno, el OE tendrá grandes dificultades para ganarse el nivel de confianza necesario a fin de implementar una solución de voto electrónico que goce de aceptación amplia.

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Mtro. Bernardo Valle Monroy

Maestro en Derecho Electoral. Licenciado en Derecho con la especialidad de Administración y Finanzas Públicas, con la tesina: “El Registro Nacional de Electores, Análisis y Perspectivas”.

Coautor de la obra “Derecho Electoral Mexicano. Una Visión Local: Distrito Federal”, editado por Marcial Pons, en 2011.

Actualmente es Consejero Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, a partir del uno de octubre de 2017.

Ocupó el cargo de Secretario General del Tribunal Electoral de la Ciudad de México hasta el 30 de septiembre de 2017; previamente se desempeñó como Secretario Ejecutivo de este Instituto Electoral, en donde también fungió como Director Ejecutivo de Asociaciones Políticas, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Director de Seguimiento en la otrora Unidad de Coordinación y Apoyo a Órganos Desconcentrados, Coordinador Distrital y Secretario Técnico Jurídico.

En el otrora Instituto Federal Electoral desempeñó el cargo de Coordinador Secretario del XXVI Consejo Distrital Electoral Local.

En 2014 fue propuesto como rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) En este proceso quedó pre- seleccionado entre las 10 personas de las que finalmente se escogió a las tres que representarían a la sociedad civil como directivos del organismo comicial.