Luego de las elecciones presidenciales de 2019, el nuevo gobierno argentino va definiendo su gabinete y el programa económico y político para los próximos cuatro años. Sin embargo, aún es una incógnita cómo será la relación con la oposición. ¿habrá revanchismo?

Cuando vamos al médico por un síntoma de dolor general en el cuerpo, lo primero que seguramente este haga es tomarnos la temperatura y la presión. Estas son las dos cuestiones más importantes, lo que deben atender en primera medida. Todo parecería indicar que Alberto Fernández y su equipo, entendieron que el dolor de la Argentina se debía principalmente a cuestiones económicas. Identificando la creciente pobreza estructural ocasionada por altos índices de inflación y por las devaluaciones que ocasionaron una alta depreciación del peso argentino. Así como el Doctor hubiera recetado ibuprofeno para la fiebre, el nuevo gobierno rápidamente atacó esos síntomas de crisis económica con una serie de políticas sociales y medidas fiscales y monetarias, tales como el congelamiento de tarifas y un nuevo cepo cambiario para control de divisas. Tal como afirma el politólogo Andrés Malamud,[1] «El sentido común y la investigación académica coinciden en una cosa: la económica es el principal determinante de los resultados electorales». Y así fue.

Lo descripto en el párrafo anterior es una prerrogativa natural que la democracia liberal garantiza al gobierno. No debería sorprendernos. Sin embargo, sí podríamos argumentar que muchas de esas medidas fueron tomadas unilateralmente y sin el debate ni consenso necesario que una democracia representativa como tal exigiría. El sistema constitucional de mecanismo de control y equilibrio se concibió para evitar que los dirigentes políticos concentraran e hicieran un control abusivo del poder y las instituciones políticas sirven como baluartes cruciales frente a las tendencias autoritarias.

Como planteara Guillermo O’Donnell[2] a partir del concepto de Democracia Delegativa, es innegable que las mejores políticas públicas surgen del rico debate intra e intergobierno. Y es en ese sentido que será crucial la relación que el actual gobierno mantenga con la oposición, sobre todo dentro del Congreso. La figura del “enemigo” propia de la grieta, ha ocasionado un quiebre altamente negativo para el funcionamiento democrático, siendo su característica la baja propensión al diálogo y el debate.

Seguir apostando por la democracia

Los reconocidos politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, destacan en su última obra «Cómo mueren las democracias» que, debido a grandes lagunas legales y ambigüedades inherentes a todos los sistemas legales, no es posible confiar en que las constituciones sirvan, por sí solas, para proteger la democracia frente a posibles autoritarismos.[3] En ese sentido, la Constitución apenas trata, por ejemplo, la cuestión acerca de la manera unilateral de actuar del presidente, sea mediante decretos u órdenes ejecutivas y no establece los límites del poder ejecutivo durante las situaciones de excepcionalidad. El accountability horizontal es muy débil en ciertas democracias, ya que son considerados impedimentos y estorbos.

Basándose en el texto mencionado en el párrafo anterior, Malamud[4] retoma varias de estas cuestiones y concluye que no son solo las instituciones, sino ciertas prácticas políticas las que sostienen a la democracia. La tolerancia mutua y la contención institucional son las claves para el buen funcionamiento del régimen. La primera cuestión hace alusión a como se entiende la existencia de la oposición. Concebirlos como una amenaza existencial, tratarlos como traidores, subversivos o al margen de la sociedad, es un problema. En otras palabras, perder una elección no debería ser un acontecimiento apocalíptico sino una regla mas del juego.

“Traidores, chetos, niños ricos, choriplaneros o peronchos”. No hay distinción entre un partido y otro a la hora de descalificarse. Y hay muchos ejemplos a lo largo de la historia que así lo demuestran. Cuando ambos bandos se ven unos a otros como enemigos y cuando estas normas fracasan, es difícil sostener la democracia. Entender a los adversarios políticos como amenazas existenciales puede desmoronar la democracia y allanar el terreno para lo que sería el comienzo de cuestiones más graves, como una creciente ola de violencia en las calles y conspiraciones golpistas.

La contención constitucional hace referencia a evitar realizar acciones que, si bien respetan la ley escrita, vulneran a todas luces su espíritu. Tiene que ver con las tradiciones o con los códigos de la política. Implica renunciar a los trucos sucios y a las tácticas brutales en nombre del civismo y el juego limpio. Las normas de contención suelen cumplir un rol fundamental en las democracias presidencialistas, dada la rigidez del mandato del presidente y la alta probabilidad de un congreso dividido.

Dichas prácticas han desaparecido o están en vías de hacerlo: es normal ver que lo único que importa es derrotar al adversario sin preocuparse por la continuidad del juego democrático. Como afirma Levitsky, Argentina lleva una larga tradición de esas prácticas. “Perón en la década del 40 utilizó su mayoría en el congreso para destituir a tres de cinco letrados de la Corte Suprema, sacando el máximo provecho a una cláusula constitucional vagamente definida que recogía la malversación como base para la destitución. En la década de 1990 el presidente Carlos Menem demostró una tendencia similar al forzar los límites. La Constitución de 1853 era ambigua con respecto a la autoridad del presidente para emitir decretos. Históricamente, los presidentes electos habían utilizado dicha autoridad con moderación, de tal modo que entre 1853 y 1989 solo se habían emitido veinticinco decretos. Menem ignoró tal restricción y promulgó 336 decretos en menos de un solo mandato presidencial”[5].

Las asambleas legislativas también pueden excederse en sus prerrogativas constitucionales. La destitución de Fernando Lugo en 2016 es un ejemplo, “por pobre cumplimientos de sus deberes”. Fue un proceso legal, pero una farsa en términos reales. Casos similares en Ecuador y Venezuela grafican esta práctica desleal. Los Estados Unidos también han tenido episodios a lo largo de la historia que demuestran lo mismo, incluso en la actualidad se destaca una gran cantidad de ellas.

La tolerancia mutua y la contención institucional están íntimamente relacionadas. En ocasiones, se apuntalan mutuamente. Los políticos tienen mas probabilidades de contenerse cuando se aceptan como rivales legítimos. Aquellos que no contemplan a sus adversarios como elementos subversivos se sentirán menos tentados a recurrir a saltarse las normas para mantenerlos alejados del poder.

Un gran número de estudiosos de las democracias a nivel internacional coincide en que en la actualidad estamos afrontando un ciclo de extremismo constitucional creciente. La alta polarización es uno de los motivos. Cuando las diferencias socioeconómicas, raciales o religiosas, dan lugar a un partidismo extremo en el que las sociedades se clasifican por bandos políticos cuyas concepciones del mundo no solo son diferentes, sino, además, mutuamente excluyentes, la tolerancia resulta más difícil de sostener. Cuando la división es tan honda que los partidos se asimilan a concepciones del mundo incompatibles, y sobre todo cuando sus componentes están tan segregados socialmente que rara vez interactúan, las rivalidades partidistas estables acaban por ceder el paso a percepciones de amenaza mutua. Cuando la tolerancia mutua desaparece, suele surgir la idea de ganar a toda costa. Evitar la lenta muerte de las democracias depende de nuestra clase dirigente.

Pero… ¿de qué manera se sigue apostando por la democracia?

Más arriba afirmábamos que todos debemos seguir apostando por la democracia. Por un lado, porque es lo que más nos conviene, y por otro, porque es altamente probable que este tipo de régimen, al menos en nuestro país, no caiga. Primera premisa del buen apostador: no apostar por un perdedor nunca. La tendencia indica que, si uno o varios apuestan al mismo, todos tenderán a imitar. Sin embargo, no podemos negar que hay algunos síntomas preocupantes que sirven de mal ejemplo a imitar. A nivel internacional, el ascenso de Donald Trump en los Estados Unidos generó el nivel de polarización más alto de la historia, ocasionando una clara ruptura en las formas y practicas informales de la política. Lo más preocupante es que esto puede generar grandes desafíos de muchas democracias no consolidadas a nivel mundial. Mucho más cerca, en nuestro mismo continente, Venezuela todavía parece no retroceder en la reincorporación del régimen democrático y acrecienta cada vez más el nivel de autoritarismo y democracia fachada.

Afortunadamente, muchos de nuestros dirigentes, fieles representantes de una ideología partidaria marcada, aun confían en los valores de la república y las instituciones de gobierno. El mismo electorado en 2015 puso un freno a ciertas prácticas autoritarias del segundo mandato presidencial de Cristina Fernández, apostando por la coalición Cambiemos. La academia cuenta con ciertos indicadores clave, desarrollados por Levitsky y Ziblatt[6] para identificar ciertos comportamientos autoritarios: 1- Rechazo (o débil aceptación) de las reglas democráticas de juego. 2- Negación de legitimidad de los adversarios políticos. 3- Tolerancia o fomento de la violencia. 4- Predisposición de restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación. Sirven para utilizarlos dentro de un modelo esquemático al estilo weberiano y crear escalas de +/- niveles de democracia. Sin dudas, también tienen injerencia en la histórica categoría de Poliarquía creada por Robert Dahl en la década del 60[7].

No hace falta dar ejemplos para reconocer varios de los comportamientos autoritarios, arriba mencionados, en la última década, sin distinguir gobierno o bandera política. No está bien decir que es algo normal de la política, ni tampoco justificarlo, sino que es importante ser consiente de estas cuestiones, disparar las alarmas y convocar a toda la comunidad política a tomar cartas en el asunto.

Hace 100 años el sociólogo Max Weber[8] identificó y teorizó acerca de ciertas pautas de comportamiento en el marco de una relación social con el objetivo de identificar en qué o quién recae la legitimidad, si está basada en consenso o coerción. Es natural que ciertos individuos tiendan a imponer su voluntad por sobre la de los demás; incluso, que encuentre obediencia para mandatos específicos. Con el advenimiento de la modernidad fue necesario establecer ciertas pautas para poder garantizar la objetividad y la previsibilidad de las acciones. Haciendo clara referencia a las leyes y las normas del positivismo en detrimento de las costumbres, los valores o ciertas características personales de un líder.

Por otro lado, los padres fundadores de los Estados Unidos previeron esto y por eso crearon instituciones fuertes que pudieran determinar dichas pautas de comportamiento. La idea de frenos y contrapesos es el fiel reflejo de esta idea. Sin embargo, como explicábamos más arriba, esto no fue, ni es suficiente. Entonces, ¿Qué más se puede hacer? Es menester restablecer los códigos, las pautas informales, las buenas prácticas políticas.

En principio, podemos ver ciertos cambios positivos en el futuro cercano de nuestro país. Por un lado, la decisión de la ex presidenta Cristina Fernández de no volver a postularse como cabeza de la lista presidencial para descomprimir, si bien debería haber sido un debate interno del partido, y no una decisión unilateral, es un buen comienzo. El flamante presidente Alberto Fernández, en principio, no parece dispuesto a delegar su investidura a su segunda. Por otro lado, la existencia de una oposición unida y fuerte es importante para marcar diferencias y exigir el debate sobre estas. Seria un error no acompañar ninguna de las medidas y funcionar meramente de obstruccionista con el solo fin de dañar al partido gobernante. No solo sería errado, sino que además terminaría jugando a favor de los autoritarismos, dado que cuando la oposición juega sucio brinda al Gobierno una justificación para adoptar medidas enérgicas.

Entendemos que el rol de Cambiemos como gobierno, y actualmente como principal oposición, fue positivo en términos de restauración de las normas de la tolerancia mutua y de contención institucional; sin embargo, la estrategia de la grieta le jugó una mala pasada en términos electorales y también al régimen democrático en su conjunto. Básicamente, le dieron muchos motivos al actual gobierno para ser revanchista. Es importante remarcar que la oposición a cualquier práctica autoritaria que el nuevo gobierno pueda cometer, tiene que ser firme, pero destinada a preservar, en lugar de vulnerar, las reglas y las normas

[1] Malamud, Andrés. ¿Se está muriendo la democracia? Nueva Sociedad. N°282, 2019. Pag. 40.

[2] O’Donnell, Guillermo: Democracia Delegativa, Journal of Democracy, 1994.

[3]  S. Levitsky y D. Ziblatt: Como mueren las democracias. Ariel, Barcelona. Pág. 120

[4]  A. Malamud. Ob. Cit

[5] S. Levitsky y D. Ziblatt. P. 130

[6] Ibid., p. 81.

[7] Ver R. Dahl. Poliarquía: participación y oposición.

[8] M. Weber: Economía y Sociedad. México DF. Fondo de Cultura Económica, 1984.

Máximo Fernández: Licenciado en Ciencia Política (UBA). Se desempeña como asesor en la Legislatura de la CABA y como Docente Universitario en FCE y CBC UBA.