Repaso de la experiencia plebiscitaria de la sociedad civil que construye un aprendizaje a propósito de la intervención en la vida pública y en la toma de decisiones que van más allá de los procesos eleccionarios pero definen el orden de la vida cotidiana con igual contundencia.

Dentro de la democracia contemporánea, la dimensión participativa puede definirse como el conjunto de “acciones -individuales o colectivas- para influir directa o indirectamente en las decisiones y las acciones de los gobernantes” (Welp, 2018: 24). Mediante mecanismos varios -referendos, consultas, presupuestos participativos e “iniciativas ciudadanas desde abajo”- que buscan ampliar las oportunidades para que los individuos participen en los procesos de toma de decisiones tanto en la vida diaria y colectiva como en el sistema político (Welp, 2018: 77-89).

Dentro de los procesos participativos, el ámbito local y los procesos de consulta popular ocupan un rol destacado en tanto sirven para que la gente se movilice, activando la democracia desde abajo, en función de problemas y demandas cercanas a su cotidianeidad: actuando protagónicamente como ciudadanos empoderados. Ciudadanía que supone, más allá de la pertenencia a una comunidad política formal, definida por el Estado, una serie de prácticas culturales, simbólicas, económicas y políticas, que definen los derechos y obligaciones del individuo y la colectividad (Russo & Chaguaceda, 2016).

En México, el estado de dicha ciudadanía ha sido precario. Estudios recientes (AAVV, 2014) revelan que la confianza de la ciudadanía mexicana hacia sus instituciones es bajo: no supera el 50%, salvo para el Ejército (62%), la Iglesia (55%) y el magisterio (56%), casos todos de instituciones poco democráticas. Llaman la atención los niveles insuficientes de confianza en el mundo de las organizaciones civiles, siendo las entidades de tipo religioso, deportivas, comunitarias y de padres de familia -para la participación escolar- el tipo de asociaciones más comunes. Por su parte, las formas de participación no electoral más comunes son la conversación sobre temas políticos y la asistencia a cabildos.

Sin embargo, de vez en vez los ciudadanos se organizan para enfrentar problemas comunes que rebasan, en su solución, las competencias de los funcionarios, el mandato de los representantes y las oportunidades cíclicamente abiertas por la participación electoral. En el estado de Guanajuato, entidad del centro del país caracterizada por ser pionera en la alternancia democrática, poseer niveles importantes de urbanización, crecimiento económico y estabilidad en el poder de un partido político -el PAN-, los ciudadanos se organizaron hace ocho años para defender lo que consideraban un bien común de su ciudad (el Cerro de la Bufa), frente a la voracidad del negocio inmobiliario y la complicidad de sectores de la elite política. A recuperar la memoria y lecciones de esa experiencia participativa, modesta pero escasa en el país, queremos dedicar este trabajo. [1]

El desarrollo político mexicano y guanajuatense

En el México de 2010, se consideraba que la mayor parte del país clasificaba como “entidades con desarrollo democrático medio” (IDD, 2011). Guanajuato, escenario de nuestro análisis, ocupaba entonces justo un punto intermedio dentro de esta categoría.

Antecedentes y causa del conflicto

El cerro de la Bufa es un ícono de la sociedad y de la cultura guanajuatenses. En ese sitio se realiza, desde 1624, la verbena popular para celebrar al Santo Patrono de la ciudad, Ignacio de Loyola, una de las festividades con mayor tradición y arraigo, por la gran cantidad de personas de todas las edades, estratos sociales y niveles educativos participantes. Por otra parte -y no menos importante- se trata de una zona habitada por diversas especies de flora y fauna, algunas endémicas. Junto a otros dos cerros de la zona -Los Picachos y El Hormiguero-, fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.

Los antecedentes del conflicto se remontan a 2005, ya que en ese año se abrió el nuevo acceso carretero “Diego Rivera”, acceso que fue construido por los mismos constructores de Azacán: “la prensa local en el año de 2005 dio a conocer que a Alejandro Marcocchio, dueño de la constructora Azacán, se le otorgo el contrato para construir este nuevo acceso—“Diego Rivera”, pero antes de comenzar la construcción, Marcocchio compró todo el terreno de la vía—terrenos aledaños, con acceso a información privilegiada (…) es un delito utilizar información privilegiada, es un acto de falta de ética profesional. El trazo del nuevo acceso vial fue alterado de tal manera que pasara por los terrenos previamente adquiridos por el arquitecto Marcocchio, o sea para maximizar el beneficio”. Posteriormente, en una sesión de ayuntamiento se habló de la posibilidad de concretar la viabilidad del cambio de uso de suelo eventual, en el predio Granja La Bufa 4, a partir de la elaboración de un estudio técnico donde favorecía el proyecto de la constructora Azacán.

El 3 de diciembre de 2009, la empresa denominada Constructora Azacán, S.A. de C.V., solicitó ante la dirección General de Desarrollo Urbano del Municipio de Guanajuato, autorización para cambio de uso de suelo de un predio rústico de su propiedad, identificado como “Granja la Bufa”, ubicado en el sur de la ciudad de Guanajuato. Dicho predio, de acuerdo con el Plan Director de desarrollo urbano de la ciudad de Guanajuato (vigente desde 1994) se encuentra destinado a uso de preservación ecológica. En sesión ordinaria número 20, en fecha 13 de julio de 2010, el Ayuntamiento de Guanajuato -encabezado por el alcalde priista, Nicéforo Gutiérrez- aprobó un dictamen que autorizaba la factibilidad de cambio de uso de suelo de los cerros de La Bufa, Los Picachos y El Hormiguero. Esto favoreció el proyecto de desarrollo urbanístico de la zona granja La Bufa 4, de la constructora Azacán, centro urbanístico con pretensiones comerciales muy ambiciosas, que contemplaba un fraccionamiento habitacional, un centro comercial, y una estación de transferencia de transporte público.

La ciudadanía se moviliza

Al darse a conocer el proyecto, algunos grupos organizados -estudiantes, organizaciones vecinales y ambientalistas- apoyados por vecinos y medios de comunicación locales manifestaron su rechazo a la resolución adoptada por el Ayuntamiento. [2] Sosteniendo que no era posible permitir que se desposeyera a los ciudadanos del bien común representado por los cerros. Además, existía la percepción y repudio sociales por la forma en que fueron adquiridos esos terrenos: a un precio muy modesto por parte del constructor, el mismo que meses después realizaría un camino que elevaría la plusvalía de los terrenos. Se evidenció así la utilización, al amparo del poder, de información privilegiada para realizar un negocio millonario. Con lo que advertía que la decisión del gobierno local afectaba al interés público, el patrimonio cultural colectivo y la riqueza ecológica.

Con estos antecedentes se origina, el 22 de julio, lo que se conocería como el movimiento “Guanajuato somos todos” activado por Cecilia Barrera –entonces estudiante de derecho de la Universidad Ibero León y Alfredo “Kanels” Segura -recién egresado en derecho por la Universidad de Guanajuato- en redes sociales. Ambos jóvenes convocaron a una reunión para oponerse al cambio de uso de suelo del predio la granja Bufa 4. Luis Miguel Rionda, Profesor de Ciencia Política de la Universidad de Guanajuato y actualmente funcionario del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, recuerda: “En pocos días nos sumamos centenares de participantes y las discusiones y el enojo colectivo nos llevó a acordar la realización de un primer encuentro personal de los integrantes que pudieran. El 22 de julio un grupito de 20 personas nos reunimos en el estacionamiento de un centro comercial, desde donde se admira –espléndida- La Bufa. Acudieron sobre todo jóvenes, pero también algunas señoras y yo, que ya acumulamos edad. Ahí se definió la primera acción colectiva: una marcha multitudinaria para el siguiente domingo 25, que partiera del monumento a Florencio Antillón, hasta la Plaza de la Paz. En tres días se organizó el operativo, que requirió de una gran colaboración entre personas que hasta ese día no se conocían.

La cita fue a las 11:00, y a esa hora éramos muy pocos los que nos apersonamos frente a la Escuela de Música. Al principio el miedo fue al ridículo, a que marcháramos 20 ó 30 “catrines” –siempre nos han acusado de ser un movimiento clasemediero- por entre el tráfico y la indiferencia popular. Afortunadamente no fue así: de los autobuses urbanos bajaban y bajaban personas vestidas con playera blanca y pantalón de mezclilla, el atuendo que acordamos emplear para identificarnos. Ya cerca del mediodía, comenzamos a marchar más de 250 personas –yo las conté- enarbolando cartelones y pancartas, pero sobre todo gritando a todo pulmón: “¡Guanajuato tiene voz!”, “¡Ni hoteles ni casas, queremos La Bufa así como está!” “¡Presidente, entiende, La Bufa no se vende!”

Por una confusión inevitable, otro grupo de ciudadanos se había reunido en la glorieta Pozuelos. Pudimos contactarnos y ellos atravesaron el túnel que lleva a Embajadoras, donde se nos unieron en medio de una gran algarabía. Nuestro grupo fue creciendo hasta que al atravesar por el Jardín Unión ya éramos más de 500 vociferantes. Culminamos en el monumento a La Paz, donde la lluvia no arredró a una multitud exaltada, que defendía su tradición, su cultura y sus espacios naturales.

Las causas del involucramiento en el movimiento fueron personales y diversas, pero coinciden alrededor de perfiles de un tipo de ciudadano informado y comprometido. Según la activista Cecilia Barrera: “Me involucré, porque primero, soy ciudadana de Guanajuato y estoy preocupada por mi entorno. Yo creo que nos hace falta a todos como ciudadanos involucrarnos un poco más en la cuestión ambiental. En ese tiempo, fue en 2010, yo aún era soltera y sin hijos, pero ya estaba pensando en un futuro y en las próximas generaciones. Aparte de que La Bufa no nada más se tiene que proteger por la cuestión ambiental, sino también porque somos una ciudad patrimonio, incluso por la parte religiosa, porque por algunos terrenos que están por ahí, pasan, cuando es el día de la cueva llevan a la virgen”.

Los niveles de desarrollo de la organización y la cultura cívicas de Guanajuato fueron importantes en la emergencia y permanencia del movimiento. Para Cecilia Barrera: “La base del movimiento fuimos los ciudadanos. Por ahí en el inter se creó una asociación, que se llama Guanajuato Somos Todos A..C., esta asociación se creó con el fin de tener una figura jurídica, por si se llegara a necesitar, para llegar a mostrar algún interés en la declaratoria del área natural, justamente también se creó para que las personas que integraran esta asociación, de la cual yo soy fundadora, pudieran tener voz y voto. Fue muy importante la creación de esta asociación, pero también existen otras asociaciones como el Consejo Ecologista. Es importante que existan estas asociaciones porque han impulsado el desempeño de esta ciudad. Se siguen formando otras como el observatorio ciudadano, ellos están presionando a la autoridad, y eso es a favor de las personas que habitamos aquí”. Según Luis M. Rionda: “el municipio de Guanajuato es el municipio con el nivel educativo más alto del Estado, hay un grado fuerte de conciencia identitaria (…) orgulloso de sus raíces, hay un fuerte sentido de pertenencia (…) los guanajuatenses no se movilizan por cualquier cosa, pero por cosas que tienen que ver con la tradición y la memoria colectiva (…) se enciende la chispa y ahí sí se moviliza (…) Y esto se sintió como ofensa directísima hacia el ser guanajuatense, entonces la sociedad civil si se moviliza cuando hay algo que la lastima”

Tanto Cecilia como Miguel señalaron que, la inconformidad, rechazo y afectación en la vida personal por la entonces decisión gubernamental, resultado de cargas simbólicas identitarias muy fuertes en alusión al Cerro de la Bufa, por tanto, bien podría entenderse que la movilización parte de la emotividad y sensibilidad de aquello que se considera perteneciente, como bien menciona Iria Puyosa (2015) los movimientos sociales en red parten de una fuerte indignación de acciones y/o decisiones de la esfera política que impactan en la vida personal de los ciudadanos.

Los inconformes sostuvieron su movilización a través de reuniones, marchas y campañas de denuncia en diversos medios de difusión, de forma muy intensa en redes sociales como Facebook y Twitter. Según Cecilia Barrera “todo surgió por una nota periodística de un periódico local conocido en el estado, donde se pretendía, bueno, ahí decía que se pretendía urbanizar las zonas de La Bufa y Los Picachos, entonces todo comenzó a través de las redes sociales, en este caso fue Facebook”. Para Luis M. Rionda, todo “fue producto de una reacción que tuvieron un grupo de jóvenes y adultos, pero mayoritariamente jóvenes que, a través de Facebook, con el antecedente de inicios de julio del 2010, el 10 de julio me parece, el ayuntamiento otorgó una pre aprobación a un cambio de uso de suelo, una viabilidad de cambio de uso de suelo que solicitó la constructora Azacán para cambiar el uso de suelo en una superficie de 45 hectáreas aproximadamente”.

La respuesta inicial de la autoridad municipal, según el testimoniante, acudió a la descalificación; sin que ello interrumpiera el movimiento: “Se nos acusó de ignorantes desinformados, manipulados por “intereses políticos oscuros”, y no sé de qué más. El movimiento continuó. Otra vez por medio de las TIC’s, mediante los grupos “Guanajuato somos Todos” y “Rescatando Los Picachos”, a los que pronto se unieron el Consejo Ecologista Guanajuatense y el Frente Cívico “Euquerio Guerrero”, convocamos a una segunda movilización, que se realizó apenas seis días después el sábado 31, el mero Día de la Cueva.

Para esa marcha ya hubo más coordinación y eficiencia. Nos reunimos en la glorieta Pozuelos, ahora portando más pancartas y más camisetas con el rojinegro logotipo de GST. Con un equipo de sonido rentado animamos una caminata de más de mil personas, sobre todo familias acompañadas de sus chiquitines, que recorrimos los dos o tres kilómetros de carretera panorámica que separan la glorieta del cerro de El Hormiguero, donde se realiza la verbena popular desde el siglo XVII. Los comerciantes nos regalaban botellas de agua. Los paseantes nos vitoreaban, y muchos se nos unieron, hasta que llegamos a la explanada cerril donde realizamos un nutrido mítin, donde quien quiso hizo uso del micrófono. Al final culminamos con nuestro canto de guerra: “Tierra de mis amores”, de don Jesús Elizarrarás”

La integración plural del movimiento Guanajuato somos todos fue clara. Luis Miguel comentó: “El movimiento Guanajuato somos todos agrupó a ciudadanos con y sin partido, organizaciones sociales como el consejo ecologista de Guanajuato, asociaciones de protección de animales, y varias agrupaciones sociales (…) Este movimiento social dejó claro a todas las agrupaciones que debían conducirse pacíficamente y respetuosamente a los diferentes puntos de vista sobre el tema”.

Dentro de esa conformacion en red, sin jerarquías estables y prefijadas, los roles desempeñados dependían de la experticia, la voluntariedad y las dinámicas del movimiento. Según Cecilia Barrera: “junto a otro amigo, colaborador del grupo Guanajuato Somos Todos, fuimos los creadores de la red social a través de Facebook, posteriormente se empezó a hacer más público porque empezó a haber participación ciudadana, fuimos personas que encabezamos este movimiento junto con otros, porque no nada más estaban involucrados jóvenes, sino que estaban involucrados intelectuales”. Para Luis M. Rionda: “si bien quise solo ser al principio testigo, acudí como curioso académico, pero pronto me involucré en la dirección colectiva del movimiento. Al principio el movimiento era liderado por jóvenes, pero (estos) poco a poco se fueron haciendo a un lado…creo que, por falta de experiencia, y quienes, si contábamos con experiencia en movilizaciones sociales, se nos ocurrían más cosas. Después cuando nos conformamos en una asociación civil, fui secretario general y después presidente”

Las formas organizativas y de funcionamiento del movimiento, en general, fueron funcionales. Según Luis M. Rionda: “lo bueno de un movimiento de este tipo, es que convocó a varios sectores de la población, aunque si bien es cierto que hubo más presencia de población urbana y clase media -estudiantes, intelectuales, profesores- había de todo: amas de casa, comerciantes, vecinos”.

El ejercicio de toma de decisiones y construcción de consensos fue difícil porque no había un liderazgo individual claro; algunos actores políticos intentaron sacar ventaja partidista, pero fueron rechazados. Para la toma de decisiones hacían asambleas de aproximadamente 20 o 30 personas donde no se votaba: se deliberaba y exponían y consensuaban argumentos. Este ejercicio llegaba a durar horas para poder participar todo el que quisiera, generando incluso alguna crítica en participantes: “debes tomar decisiones más ejecutivas con la intención de implementar tácticas concretas”, piensa Rionda. A la vez, según testimonia una activista “Se formaron grupos de trabajo, cada quien trabajaba con un sector de la población. Algunos les llegaron a empresarios, políticos (…) nos dividimos el trabajo. Pese a no contar con dinero suficiente, incluso logramos posicionarnos en espacios publicitarios”.

En cuanto a la percepcion del movimiento por parte de otros actores, osciló entre al rechazo de los partidos políticos y la aceptacion de la ciudadanía. En cuanto a los partidos, según Cecilia Barrera: “la autoridad en lugar de apoyar a los ciudadanos se puso de parte de un particular por intereses personales; no actuó con imparcialidad, sino con un favoritismo. Incluso el cambio de uso de suelo se otorgó en una época donde las personas estaban distraídas porque se cruzaban vacaciones ni siquiera estaban al pendiente, creo que nunca pensaron que hubiera una reacción y bueno fue todo lo contrario”. Para Luis M. Rionda: “la opinión de diferentes actores políticos se mantuvo en la coyuntura, ya que la pre aprobación del cambio de uso de suelo fue apoyada por los cuatro partidos del ayuntamiento que tenían representación, la coalición PRI-PRD que respaldaba a Nicéforo Guerrero más la representación del PAN y el Partido Verde en el gobierno municipal.”

Sin embargo, la propia dinámica movilizativa fracturó levemente el adverso consenso inicial de las elites, por cuanto, según Rionda:“Conforme el movimiento social se fue perfeccionando y ocupando espacio en la opinión pública, nos dimos cuenta que, al interior de los partidos había división, ya que si bien al inicio todos los partidos políticos apoyaron el proyecto de urbanización en la Granja la Bufa 4, a medida que el movimiento se consolidaba como una demanda social fuerte, se originaron algunas donaciones—discrecional– en especie realizadas por actores políticos tanto del PRI, PAN, PRD y Partido Verde.

Existían fuertes divisiones coyunturales de quienes estaban a favor y en contra del proyecto de la constructora Azacán tanto del PRI y PAN en sus respectivos comités, tanto es así que al interior del comité municipal del PRI una gran parte que estaba en contra del proyecto retiró su apoyo al priista Nicéforo Guerrero entonces presidente municipal de Guanajuato. 

Lo mismo sucedió al interior de las fuerzas políticas del PAN, PRD y el Partido Verde, las divisiones entre quienes estaban a favor y en contra de la medida gubernamental por la pre aprobación del proyecto urbanístico, trajo como resultado que algunos dirigentes tanto del PAN, PRD y partido Verde se reunieran de manera discreta con los líderes del movimiento para realizar donaciones mayoritariamente en especie a la causa de Guanajuato somos todos.

Caso contrario de quienes estaban a favor de la medida gubernamental del Ayuntamiento de Nicéforo Guerrero, negándose a dialogar con los líderes del movimiento Guanajuato Somos Todos. A medida que nos acercábamos a los regidores del ayuntamiento para restablecer una reunión, igualmente nos descalificaban como “resentidos del PAN”, incluso decían que el PAN financiaba todo el movimiento. No se pudo establecer una reunión con los regidores y síndicos del ayuntamiento.

Los empresarios estuvieron siempre con el proyecto. Los medios de comunicación se dividieron en dos, hubo medios que nos atacaron terriblemente como el canal 8—local–, por otro lado, los periódicos Correo y A.M su cobertura era más equilibrada”.

El momento de la democracia directa

Llegado el momento de procesar por mecanismos legales e institucionales las demandas ciudadanas, emergió la posibilidad de convocar un pleisbicito. Al respecto, una activista recuerda que “había mucha euforia por parte de la ciudadanía incluso se habló del plebiscito. Ese interés se fue perdiendo con el paso del tiempo y de la prensa igual. Entonces el plebiscito era novedad en Guanajuato para los medios”.

Ante las manifestaciones, en sesión ordinaria número 22 de fecha 12 de agosto de 2010, el Ayuntamiento aprobó por unanimidad, solicitar al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, la iniciación del proceso de plebiscito que prevé la Ley de participación ciudadana para el Estado de Guanajuato, al efecto de que la ciudadanía manifieste en un instrumento legal, válido y objetivo su aprobación o rechazo respecto del acuerdo del ayuntamiento que autorizó la factibilidad de cambio de uso de suelo. Instrumento cuyas condiciones de activación restringían la participación ciudadana y privilegiaban las oportunidades para ser instrumentado desde el poder [3]

Con la consulta en el horizonte, los coordinadores de Guanajuato Somos Todos comenzaron a analizar los pros y contra, señalando Cecilia Barrera que: “nosotros exploramos la posibilidad de solicitar un plebiscito, en el Instituto—IEEG—pero eran tantas las condiciones que…imposible…la ley dice que si llamas a plebiscito para que sea vinculante para la autoridad tiene que votar al menos el 60% de la lista nominal (…) eso ni en elecciones constitucionales se logra. Y de ese 60% debe haber votado el 50% a favor de la opción x. Bajo esas condiciones pensamos en no participar (…) resultaba desventajoso, seguro era una trampa. No teníamos dinero”. Sin embargo, leyendo el estado de ánimo ciudadano, la autoridad decidió utilizar sus facilidades convocando la consulta: “Nicéforo Guerrero adoptó la idea y dijo bueno la autoridad lo va a pedir y mandó un oficio al IEGG…. y claro, el Instituto organiza un plebiscito (…) y se hizo.”

El plebiscito

En sesión ordinaria del 30 de agosto de 2010, la Comisión de participación ciudadana del Consejo general del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, emitió la declaratoria de procedencia del plebiscito –primero de la historia de Guanajuato- solicitado por el Ayuntamiento de Guanajuato. Y en sesión extraordinaria del 1 de septiembre de 2010, esa misma comisión aprobó la convocatoria para la realización del proceso de plebiscito en la que se señaló que la jornada de votación se celebraría el domingo 5 de diciembre de 2010.

Según los entrevistados pertenecientes al movimiento, a través de una estrategia de persuasión política, miembros del gobierno municipal convencieron a los habitantes de zonas rurales aledañas al predio granja La Bufa 4 de que el proyecto urbanístico les resultaría beneficioso para su desarrollo económico, dotándoles de empleo. Según Luis M.Rionda para algunos habitantes de zonas rurales, “el cerro de la Bufa no les decía nada (…) siendo una consideración más afectiva de los habitantes de zonas urbanas”. Así pues, dentro de los habitantes de las zonas rurales fue promovido el SI. Mientras, el movimiento realizó campaña principalmente por medios alternativos –volanteo, redes sociales- y a través de los medios trandicionales, llamando al NO

El resultado de la votación del proceso de plebiscito realizado en el municipio de Guanajuato fue de 14, 941 votos, lo que representa el 12.84% de los 116, 349 ciudadanos inscriptos en la lista nominal de electores del municipio de Guanajuato al 31 de octubre de 2010, por lo que, al no haber votado al menos el 50 por ciento, el resultado del plebiscito no es vinculatorio sino solamente indicativo. El resultado de la votación del proceso de Plebiscito fue de 14,941 votos, de los cuales 2,280 fueron por el , 12,547 votos fueron por el No y 114 votos fueron nulos. Al final, y a pesar de la poca afluencia de votantes que invalidaba el ejercicio según la Ley de Participación Ciudadana de Guanajuato, el alcalde, en lo que él mismo llamó un acto democrático, decidió escuchar la voluntad del pueblo y detener el proyecto.

Otra interpretación del proceso consultivo nos llega de quienes, como autoridades, estuvieron en su convocatoria. Destaca el Mtro. Mauricio Enrique Guzmán Yánez -actual Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato–, quien fungió como Secretario Asistente de la Secretaría del Consejo, secretario del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y secretario de la Comisión de participación ciudadana. En los cargos anteriormente mencionados, se encargó de llevar tanto la sesión del Consejo, las sesiones de la Comisión, la preparación de los proyectos de acuerdo y el análisis de la viabilidad jurídica para la realización del plebiscito. Respecto al proceso testimonia “[…] como servidores públicos, lo vimos muy bien, porque fue la primera vez, […], que íbamos a implementar un mecanismo de participación ciudadana, o sea el plebiscito; es decir, nunca en Guanajuato se había implementado un mecanismo de participación ciudadana. Por lo que a título personal y profesional lo vi como un reto importante y además como un avance en este tema en el estado de Guanajuato”. Consultado sobre el rol del IEEG “jugó el rol que le tocaba, que es conocer la solicitud de plebiscito, avalarla, emitir un acuerdo señalando si era procedente la realización de un plebiscito y además organizarlo. Es decir, toda la organización del plebiscito lo hizo el instituto electoral de Guanajuato y ese es el rol que jugó”. Por otro lado, comentó que la dificultad que se tuvo fue el convocar a la ciudadanía y trabajar para conseguir la participación, la cual dijo no fue muy alta.

Pese a la reducida participación, los miembros entrevistados del movimiento lo asumen como un éxito en las condiciones locales. Para Cecilia Barrera: “una victoria pues de la lista nominal votó el 12% del total de la lista (…) y de ese 12% que fueron a votar el 84% votó a favor del NO. Eso parece muy poco, pero si te das cuenta, por ejemplo, en una elección intermedia a nivel municipal en el Estado de Guanajuato tenemos participación del 45% (…) y con el plebiscito obtuvimos 12% en un municipio nada más que no fue muy difundida ni mucho menos (…) si lo compararas con otros plebiscitos en la ciudad de México que no alcanzan ni el 3% o 4%…a nosotros nos fue muy bien. [4]

Los legados del movimiento

Interrogados sobre los posibles legados del movimiento para la cultura y praxis política democraticas en Guanajuato, activistas y funcionarios coinciden en que “algo queda”. Para Cecilia Barrera “ usar el plebiscito fue una novedad, porque incluso en ese entonces solamente se había registrado un plebiscito a nivel nacional que fue en ese entonces en el Distrito Federal.  Nos dejó el legado de que es posible salir a participar, de que el ciudadano tiene que exigir a las autoridades todos sus derechos. Y otro legado fue la propia asociación civil “Somos Guanajuato” constituida legalmente”. Según Luis M. Rionda: “este movimiento caló muy hondo en la conciencia colectiva del municipio, la población lo reconoció mucho. Dejó un buen sabor de boca, cada aniversario del plebiscito tratamos de volverlo a revivir para poner en evidencia que cuando la sociedad civil tiene un objetivo claro, puede levantarse y exigirlo sin violencia y faltas de respeto”. Para Mauricio E. Guzmán este movimiento demostró que en Guanajuato “había normas ya dictadas con anterioridad que permitieron dar legal y respuesta a esa inquietud ciudadana. También demostró que la organización y la cultura cívica de Guanajuato son importantes, debido a que sin ellas no hubiera sido posible la ejecución del mecanismo de participación ciudadana”.

No obstante, se llama la atención sobre cómo la desaparicion del tema en el foco público puede derivar en ulteriores nuevos conflictos (y eventuales movilizaciones). Al respecto, Cecilia Barrera señala: “Este movimiento fue muy importante porque pudimos comprobar que la sociedad en conjunto puede llegar a lograr cambios y muchas cosas. Pero siento que seguimos en desventaja ante la preservación de La Bufa”. Hasta ahorita, es una zona que sigue corriendo riesgo hasta que no sea área natural protegida, ya sea por el municipio o por el gobierno del estado. Se logró detener la urbanización pero estamos en una cuerda floja: en cualquier momento que no nos demos cuenta la pueden urbanizar. Y se ha ido diluyendo el interés por los ciudadanos, porque los medios ya no hablan de la Bufa. Incluso hubo personas que se encuentran involucradas y que ahora se encuentran como servidores públicos y yo no he visto que hayan hecho algo”.  De ahí que las acciones de comunicación y concientizacion de Guanajuato somos todos, después de la experiencia participativa, insistan en la necesidad de otorgar al cerro el status de proteccion ambiental correspondiente.

Conclusiones sobre la experiencia

La movilización y el plebiscito evidenciaron que Guanajuato es un municipio con una sociedad informada, politizada y con una cultura participativa importante. La sinergia entre protesta y votación puede servir para encauzar conflictos semejantes que se presenten en el futuro. Como conclusiones de la experiencia rescatamos las siguientes:

  • El movimiento fue prácticamente de personas de clase media y urbano, cuando solicitaron apoyo de organizaciones populares la realidad es que la gente de colonias y comunidades no estaba empapada del espíritu del movimiento y acudían sin convicción ni ideales, como si fueran a un mitin político partidista.
  • La prensa fue un aliado del movimiento, logró atraer la atención nacional, una estrategia clave fue la manifestación durante el Festival Internacional Cervantino.
  • La ley actual de participación ciudadana para el estado de Guanajuato deja mucho que desear, se hizo al vapor para cumplir un requisito cuantitativo debido a que existía un mandato expreso por sacar algo.[5] El umbral de 5% que se le pide a la ciudadanía es altísimo, debe de ser de menos del 1%. Para ser vinculante debe ser menor al 60%, toda vez que en elecciones constitucionales es del orden del 45 al 48%.
  • Es pertinente facilitar la participación ciudadana con más ejercicios democráticos, sin embargo, existen reticencias desde el Gobierno porque se vería vulnerado su cuasi monopolio de la activación consultiva.

 

 

Referencias:

AAVV (2014) Informe país sobre calidad de la ciudadanía, Instituto Nacional Electoral y el Colegio de México, Ciudad de México.

AAVV (2011) Índice de Desarrollo Democrático de México, Fundación Konrad Adenauer/ Coparmex/Polilat, Ciudad de México.

Puyosa, Iria (2015) “Los movimientos sociales en red: del arranque emocional a la propagación de ideas de cambio político”, revista Chasqui, No 128, abril-julio, Quito.

Russo, Juan & Chaguaceda, Armando (2016) “México: contexto y dimensiones de una ciudadanía precaria” en Rodríguez, Katya; Rea, Carmen Rosa & Russo, Juan (coord.) Ciudadanía y grupos vulnerables en México, Editorial Fontamara/Universidad de Guanajuato, Ciudad de México.

Welp, Yanina (2018) Todo lo que necesitás saber sobre las democracias del siglo XXI, Paidós, Buenos Aires/Barcelona/Ciudad de México.

[1] Para este trabajo, además de revisar la legislación afín a la materia y la prensa del momento, se realizaron entrevistas a profundidad con actores claves del movimiento Guanajuato somos todos. Estos son Luis Miguel Rionda Ramírez (4 de abril) y Cecilia Barrera (24 de abril) -ambos cofundadores de la asociación civil, Guanajuato Somos Todos A. C- y Mauricio Enrique Guzmán Yáñez (30 de abril).

[2] Según Luis M. Rionda: la decisión gubernamental tuvo vicios de origen como la corrupción…, el proyecto de desarrollo urbanístico está situado en una zona de reserva ecológica muy cercana al Cerro de la bufa, zona emblemática para la ciudad de Guanajuato capital, enfatiza que, el Cerro de la bufa—además de los Picachos– es emblemático a partir de las cargas simbólicas de pertenencia emitidas por los habitantes de la ciudad, siendo este el lugar donde se desarrolla la fiesta religiosa más importante de la ciudad que es el 30 de julio día de San Ignacio de Loyola santo patrono de la ciudad”

[3] El artículo 32, fracción II, de la Ley de participación ciudadana para el Estado de Guanajuato, establece que, en el ámbito municipal, el resultado del plebiscito será vinculatorio cuando hayan votado al menos cincuenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del municipio de que se trate, y de estos, que más del sesenta por ciento haya emitido su voto en el mismo sentido. El artículo 33 de la misma Ley, dispone que cuando el resultado del plebiscito no alcance los porcentajes requeridos para tener el carácter de vinculatorio, será solamente indicativo. Según el doctor Luis M. Rionda: “la ley de participación ciudadana para el Estado de Guanajuato para la ciudadanía resulta impracticable, fue pensada en cómo le hacemos para que no se pueda cumplir… para que la gente no pueda solicitar consulta popular, pues les ponemos umbrales altísimos, exigencias y así está nuestra ley vigente, sigue siendo un obstáculo tremendo para la participación ciudadana. Las condiciones que se le piden a la ciudadanía u organizaciones son muy muy altas…tienen que reunir el 5% del padrón electoral (…), y juntar firmas (…) bueno una serie de requisitos que hacen imposible a la ciudadanía hacer una consulta (…) En cambio, para la autoridad es tan sencillo como mandar un oficio solicitando el plebiscito (…)”.

[4] Desde la cancha estatal, Mauricio E. Guzman coincide con la activista al señalar que “los niveles de participacion fueron aceptables, para México y Guanajuato. Ya que en una elección completa participa poco más del sesenta por ciento, que es más o menos el índice de participación de países desarrollados […]”. Sin embargo, también cuestiona los déficits participativos locales por cuando: “[…]tenemos una ley de participación ciudadana y en muchos años en Guanajuato solamente ha habido un uso del mecanismo”.

[5] Según Luis M. Rionda: “necesitamos un cambio en la Ley de participación ciudadana para que, realmente estos instrumentos de participación sean asequibles a la ciudadanía organizada. La ciudadanía debe tener a su alcance herramientas practicables, accesibles y viables para revertir, decisiones políticas”. Según Mauricio E. Guzman “me parece que las leyes en materia de participación ciudadana necesitan estarse revisando de la mano de la ciudadanía y actualizando para tener las exigencias que en cada momento en tiempo se estén necesitando”.

 

Diana Osegura

Licenciada en Administración Pública, Consejera del IMPLAN por el Instituto Municipal de la Juventud y miembro de la comisión de Desarrollo social del Instituto Municipal de Planeación. Co-fundadora de Proyecto “Voces y Participación de las Juventudes leonesas”

Humberto Baltazar

Secretario Estatal de Vinculación y Participación Ciudadana en Movimiento Ciudadano Guanajuato. Estudiante de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad de Guanajuato y estudiante de la licenciatura en Finanzas y Banca por la Escuela Bancaria y Comercial.Fue Diputado Juvenil de la LXIII legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, donde fue integrante de la Comisión de Asuntos Eletorales. En el periodo 2019-2020 fue Delegado Estatal de Jóvenes en Movimiento en MovimientoCiudadano Guanajuato.