En este marco de emergencia mundial los países buscan las medidas mas óptimas para hacer frente al COVID-19. Existen países que eligen no darle la importancia que el tema merece y otros que llegan a coquetear con medidas autoritarias como justificación para aplanar la curva. En el último caso, El Salvador no es la excepción.

Su presidente, Nayib Bukele, fue noticia constantemente por su forma de dirigir al país y dictar órdenes a través de twitter. Recordemos que Nayib ganó las elecciones con el 53% de los votos, coronando su imagen de presidente “millenial” y anti establishment. A pesar de haber protagonizado hechos poco o nada democráticos, su imagen de aprobación es de un 84%. ¿Por qué? Para entender esto, debemos tener en cuenta que Nayib no representa a ninguno de los dos partidos principales de El Salvador, por esta razón algunos lo catalogan como un “outsider.” Sumado a esto, su participación constante en Twitter, elevó su popularidad a tal nivel que llegó al punto de emitir órdenes a las fuerzas militares por este medio. Otros de los motivos son la inseguridad y las pandillas de aquel país, estos son, grupos que controlan territorios y se financian mediante sobornos a diferentes actores sociales. Nayib se ganó fuerte apoyo popular por confrontar directamente a las pandillas engrandeciendo el aparato militar y policial, con un discurso de choque y con la promesa de mayor seguridad. Hay quienes lo califican como un populista antisistema por no identificarse ideológicamente de derecha ni de izquierda.

Pero no hizo falta que una pandemia se desatara para que el presidente salvadoreño muestre sus rasgos más autoritarios. En febrero de este año fue noticia por un hecho antidemocrático donde atentaba contra una de las instituciones más importantes del país, la Asamblea Legislativa. Irrumpió en el Parlamento con tropas militares para reclamar la aprobación del proyecto que buscaba negociar un préstamo para su Plan Nacional de Seguridad. Ocupó la presidencia del parlamento para exigir la aprobación de esta medida financiera, alegando que no querían dar quorum para no tratar el proyecto.

Al parecer el Parlamento y sus sesiones no termina de caer del todo bien al mandatario. Hace unos días, suspendió un debate por el ataque de tos de una legisladora afirmando que había que suspender la sesión por temor a una propagación del coronavirus en aquella institución.

Coronavirus y Derechos Humanos ¿Compatibles o no compatibles?

El Salvador fue uno de los primeros países del continente en decretar la cuarentena obligatoria para resguardar a la población. Pero la arbitrariedad de sus medidas, que no pasan por la Asamblea Legislativa, alertaron a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia – máximo tribunal – que declaró la improcedencia de algunas normas.

Una de las medidas que tomó el presidente fue vetar el decreto que permitía el retorno de salvadoreños al país, una medida que había sido aprobada por la Asamblea. Entre sus medidas económicas, que fueron aplaudidas por gran parte de la población, se encuentran la suspensión durante tres meses del pago de la luz, agua, cable, internet, hipoteca y alquiler. Es decir, medidas que alivian la situación de sectores bajos y medios.

Sin embargo, lo que alarma a los organismos nacionales e internacionales son las medidas de detención arbitraria. Esta semana, la Plataforma por la Seguridad Ciudadana, que articula Organizaciones de la Sociedad Civil, lanzó un comunicado y pedido oficial para tomar medidas urgentes de seguridad nacional con respeto a los derechos humanos. Estas Organizaciones Civiles se encargan de velar por el cumplimiento y control de las políticas de seguridad y cómo las mismas impactan en materia de derechos humanos.

El comunicado expresa gran preocupación por las decisiones del órgano ejecutivo, las cuales acrecentaron el poder del aparato militar y policial para detener a quienes no se encuentren cumpliendo la cuarentena. Aún en situaciones justificadas, las detenciones se hacen igualmente. Aquellos que son detenidos son trasladados a centros de confinamiento, sobrepoblados y poco higiénicos, obligándolos a permanecer allí. La alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también expresó su preocupación por esta situación. Tanto Naciones Unidas como las Organizaciones de la Sociedad Civil piden que cesen los abusos de poder, la detención arbitraria y se respeten las garantías constitucionales. Expresan un fuerte reclamo para que las fuerzas militares y policiales aborden cada caso con un enfoque de género y derechos humanos, respetando a poblaciones en desventajas como mujeres que sufren violencia de género, comunidad LGBTI+, juventudes y niños.

Frente a este marco alarmante, es necesario repensar el abordaje de la pandemia y las consecuencias que genera, tanto políticas, sociales y económicas. Es de suma importancia que el presidente Bukele garantice los derechos de sus ciudadanos y aborde la pandemia desde una perspectiva de salud pública y cuidados necesarios, siguiendo lineamientos de la OMS y expertos en materia sanitaria. Y de esta forma terminar con el enfoque desde una perspectiva excesiva militar y policial para evitar la propagación del virus.