Fue en el año 2018 cuando empezaron a surgir diversas marchas y movilizaciones que lograron incidir en las decisiones políticas y adentrarse en la cultura del país centroamericano. Son los jóvenes nicaragüenses los que han tomado el protagonismo en los diferentes levantamientos que se vienen suscitando a raíz de las reformas anunciadas por el gobierno a la ley de Seguridad Social, o reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.

La reforma anunciada a la Ley de Seguridad Social fue uno de los motivos que desencadenaron una ola de violencia desmedida ante la cual la juventud se elevó en contra, pero no están ni estuvieron solos al momento de efectuar los reclamos. Son las distintas organizaciones de la sociedad civil, movimientos campesinos y algunas empresas privadas quienes los acompañan y hacen eco de los distintos petitorios al gobierno nacional.

Los jóvenes estudiantes eran tildados de apáticos, sin sazón por la política ni su realidad económica o social, sin embargo, han logrado borrar esos comentarios y posicionarse como líderes de la oposición ante las medidas anunciadas por Ortega, con las que afirmaron que se damnificaba sólo a las personas del sector popular, de menores recursos, campesinos y trabajadores.

Las distintas organizaciones internacionales de derechos humanos están en alerta por la cantidad de muertos y desaparecidos a causa de las represiones en las marchas. Según cifras de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) son 212 las personas fallecidas y 1300 las desaparecidas. Otros organismos denuncian el fallecimiento de mayor cantidad de personas, los números rondan entre 500 y 650 personas. Oficialmente las cifras del gobierno no superan los 200, pero recalcan que en su mayoría fue a causa de acciones de los mismos manifestantes que asistieron a las marchas. Fue uno de los movimientos universitarios quien fijó un plazo de siete días para permitir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) investigar las muertes ocurridas durante las protestas.

Ortega, después de los diversos hechos de protesta y represión, se vio obligado a retirar la polémica reforma a la seguridad social y plasmó que buscaría, junto con los empresarios y la Iglesia, otra vía para estabilizar el fondo de pensiones. Participaron en la mesa de diálogo la Conferencia Episcopal de Nicaragua, el Gobierno, el Sector Académico, el Sector Estudiantil, las Organizaciones Civiles, Sindicatos de Trabajadores y Empresas Privadas. Al no llegar a un acuerdo con la mesa, se suspendió el diálogo y se suscitaron nuevos enfrentamientos. Es la Iglesia, pilar importante de mediación, la que se ve obligada a intervenir en Nicaragua con la exhortación al dialogo del Papa Francisco, llamando a solucionar la situación sociopolítica del país, puesto que Nicaragua goza de larga tradición católica en sus raíces y es al día de hoy un sector crucial en las decisiones de la sociedad.

A la fecha se desencadenaron diversos sucesos que nos ayudan a comprender el caos por el que pasa el país. Durante el mes de agosto del 2018 se dieron huidas de nicaragüenses a Costa Rica, su país limítrofe. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informó que alrededor de 8.000 solicitudes de refugio de nicaragüenses se han reportado desde el inicio de las protestas. El 29 de septiembre el gobierno de Daniel Ortega informó la ilegalidad de las protestas en Nicaragua, prohibiendo su realización y amenazando con graves penalizaciones a quienes no acaten las órdenes.

Llegando a finales del 2018, se canceló la transmisión de algunos canales de noticias, revistas y periódicos, sumándose a la crisis el exilio de periodistas y reporteros del país. Son los jóvenes, a causa de la represión a los medios de comunicación, los que dieron uso a las redes sociales y lograron que éstas causen impacto. Es a través de Instagram, Facebook y Twitter que los estudiantes hicieron uso de su derecho a la libertad de opinión y expresión, logrando llegar al mundo y poner en agenda de la opinión publica el caso Nicaragua.

Acciones tomadas por la Asamblea Nacional de cancelar la personería jurídica de varias ONG’s, allanar sus instalaciones y confiscar sus bienes, o expulsar del país a organizaciones internacionales de derechos humanos, como la CIDH, y negar la movilización de madres de presos políticos que solicitan retomar investigaciones sobre el paradero de sus familiares, son algunas de las medidas que el gobierno ha tenido que aplicar para buscar soluciones contra quienes se oponen a sus políticas públicas.

Es en 2019 que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo proponen una Ley de Amnistía a todas las personas involucradas en las protestas que iniciaron en abril del 2018 y es el 11 de junio del corriente año en que varios presos políticos fueron excarcelados, pero la sociedad nicaragüense afirma que faltan muchos más. Los manifestantes continúan en pie con sus reclamos pese a la ilegalidad de la protesta y la cantidad de muertes y desapariciones que se han contado.

A causa de lo mencionado, la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó a Nicaragua en una votación mayoritaria de los representantes de las naciones pertenecientes a la  OEA al aprobar una resolución de condena al estado nicaragüense y solicitar el adelanto de las elecciones generales en el país. Cabe mencionar que el presidente Daniel Ortega y la vicepresidente y primera dama Rosario Murillo, anunciaron el rechazo a la resolución y descartaron la posibilidad de retirarse antes de cumplir su mandato.

Para concluir, podemos destacar que los jóvenes que encabezan las protestas, junto al sector popular, están convencidos de que no pueden permitir que los poderosos empeñen su futuro. Es vital sostener y profundizar la movilización en las calles para enfrentar toda medida regresiva que ataque las conquistas del pueblo trabajador, puesto que las organizaciones de la sociedad civil están marcando la cancha a la hora de determinar qué políticas públicas permitirle al gobierno aplicar y cuáles no. Demostrando que, efectivamente, en una democracia el poder lo posee y ejerce el pueblo.