El régimen sandinista comandado por Daniel Ortega no cesa en la persecución a los opositores a pesar de la pandemia del Coronavirus, que ya cuenta, según fuentes oficiales, con 16 personas contagiadas y 5 muertes.

Nicaragua vive un contexto político complejo. Daniel Ortega se ha enquistado en el poder mediante el uso de la fuerza estatal y paraestatal, esto a consecuencia de una serie de protestas que en 2018 y principios del 2019 fueron impulsadas por el descontento que se inició el 18 de abril de 2018 por las reformas al sistema de seguro social. La represión por parte del gobierno y la policía nacional a dichas protestas han provocado alrededor de 325 fallecidos según cifras de Human Rights Watch. Entre ellos estudiantes universitarios, estudiantes de secundaria, campesinos y policías. El 22 de abril el presidente Ortega revocó las reformas al Seguro Social, lo que originó una mayor intensidad en las protestas. Como consecuencia, el presidente reforzaría la represión y violación de los Derechos Humanos, así como el encarcelamiento de más de 250 opositores, 99 de ellos liberados bajo medidas cautelares el pasado 31 de diciembre de 2019.

A principios de este año se hablaba sobre el empeoramiento de la salud del líder sandinista, quien duraría más de 50 días sin aparecer en público y a quienes sus ciudadanos reclamaban ante el secretismo oficial. Mientras tanto su esposa hacía las veces de portavoz del gobierno.

En cuanto a la crisis por el coronavirus, el gobierno, a pesar de las advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), no ha tomado ninguna medida de prevención para evitar el contagio. No ha suspendido clases ni en colegios ni universidades, no ha impuesto restricciones en las fronteras, tampoco ha prohibido eventos masivos y no ha declarado ningún tipo de cuarentena. Ha apostado, en cambio, por tomar medidas que han sido duramente criticadas por la ciudadanía, como continuar realizando eventos masivos. Inclusive el pasado 14 de marzo convocó a una marcha llamada “Amor en tiempos del covid-19” para “combatir”, según ellos, la pandemia, lo que evidentemente cercena el derecho humano a la protección de las personas y a su salud.

Mientras que el gobierno continúa tratando de minimizar la pandemia a través de los medios oficiales, la relatora de la CIDH para Nicaragua, Antonia Urrejola, enfatiza en que la situación no ha mejorado, pues más presos políticos y dirigentes han muerto a manos de los cuerpos de inteligencia nicaragüense o de paramilitares a servicio del régimen. La situación está peor porque, según la relatora, estamos ante una etapa de cierre de todos los espacios democráticos: las libertades públicas han sido suspendidas de hecho o están severamente limitadas. Desde finales del año pasado vemos que la gente se organizaba para hacer plantones, pero cuando llegaban al lugar ya estaba la policía ahí y se los llevaban detenidos. Entonces la gente sale menos a la calle a protestar porque no le dejan ejercer su derecho a la manifestación.

Aunque las muertes han disminuido, registrándose la última a finales del año pasado, las detenciones continúan y el gobierno de Daniel Ortega ha aprovechado el contexto del covid-19 para limitar los derechos libre tránsito y de protestas aún más de. Por otra parte, el adelanto de elecciones que pedían los estudiantes en las calles se ha enfriado o postergado porque la presión tanto internacional como nacional ha disminuido, el régimen está aprovechando la oportunidad para aferrarse más a un mandato manchado de corrupción, crímenes de lesa humanidad y financiamiento por parte de regímenes totalitarios como Rusia o Venezuela.

La CIDH, por su parte, sigue muy de cerca los eventos en Nicaragua, pero el gobierno ha cerrado cualquier tipo de comunicación con el organismo e, incluso, ha amenazado con retirarse de la OEA, en respuesta a las investigaciones que han abierto en relación a la violación de los DDHH, a las cuales voceros oficiales se refieren como “ataques a una revolución que respeta profundamente la dignidad y los derechos del pueblo”. El retiro de la Mesa de seguimiento de los DDHH en diciembre y la no asistencia a las audiencias públicas hace que Nicaragua se convierta en un Estado violador de los pactos y convenciones internacionales en materia de defensa y promoción de los DDHH.

Por otra parte, no se ha dictado estado de emergencia, como ha recomendado la OMS, para activar los protocolos en los que se ordena al sistema de salud público tomar medidas severas para evitar la propagación del virus y el reforzamiento de los hospitales de la red para el manejo de pacientes por Covid-19. Un grupo de médicos de Managua y de otras ciudades de Nicaragua que renunciaron a sus trabajos alegando falta de condiciones para su desempeño. Otros especialistas denuncian que fueron despedidos por criticar el manejo de la pandemia por parte del Gobierno. Las bajas en el gremio médico ocurren mientras diversas organizaciones independientes ponen en duda las bajas cifras divulgadas por el Gobierno.

Si bien es cierto, la pandemia nos ha obligado a mantenernos dentro de nuestras casas y ha afectado el incidir, reclamar, participar o protestar las decisiones de los gobiernos mundiales, no debe usarse el contexto para violentar más derechos políticos o civiles con fines de mantenerse el poder. El llamado es a los gobiernos a incentivar la participación ciudadana, a través de mecanismos tecnológicos, así como el respeto constante de los Derechos Humanos. Nicaragua se ha convertido, y ahora mismo pretende acrecentar, la posición de un Estado forajido que no respeta las decisiones de la sociedad y reprime a la disidencia opositora, algo que los Organismos Internacionales deben tratar con mucho cuidado para que no exista más en nuestra América latina violaciones a los DDHH.