El 9 de noviembre el Congreso peruano destituyó al Presidente Martín Vizcarra, quien había asumido en marzo de 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski -ex presidente electo en 2016 con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones mediante una segunda moción de vacancia por “incapacidad moral permanente” prevista en el Inciso 2 del Artículo 113 de la Constitución Peruana. Esta acción fue impulsada por los indicios de delito de corrupción que habría cometido durante su mandato como gobernador de Moquegua.

Siguiendo la línea de sucesión asumió como presidente Manuel Merino, quien presidía el Congreso, con un rechazo del 94% de los ciudadanos según Ipsos. Además, varios organismos internacionales, entre ellos la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresaron su preocupación por la legitimidad de la moción y la distancia de la misma a los comicios de abril. Debido a esto, la continuidad de las protestas y la moción presentada por el Partido Morado y la Alianza para el Progreso, Merino se vió forzado a renunciar el 15 de noviembre, y su renuncia fue aprobada por 120 votos en el Congreso. 

El uso por tercera vez de esta moción sin corroboración de los hechos desde 2016 contra un presidente que tiene un 77% de aprobación según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) resultó en la movilización del pueblo peruano. El uso de la misma resulta controversial debido a la utilización discrecional que se le ha dado, ya que si bien Pablo Pedro Kuczynski actualmente está condenado, en su momento se enfrentó a dos mociones de vacancia sin pruebas concluyentes. No hay un consenso respecto a qué se entiende por “incapacidad moral permanente” y esto lleva a una utilización subjetiva de la cláusula.

Sin embargo, no fue a favor de Vizcarra por lo que se movilizó la población, sino por la falta de canalización de las demandas por el Poder Legislativo. Perú enfrenta una crisis de representación, según la encuesta nacional del IEP un 65% de los peruanos no se siente representado por ningún partido político y esto se suma a una decepción generalizada de la población con la democracia, apoyada por sólo un 43% según datos del Latinobarómetro 2018. Sin embargo, podemos ver que hay un compromiso de parte de la ciudadanía, ya que según Patricia Zárate, sociologa del IEP, “un 37% protestó de diversas maneras (en Perú nunca se pasó de 15% de participación en protestas según datos de LAPOP) y el 60% está interesado en política (75% entre los jóvenes)”.

Por su parte, Vizcarra asumió la presidencia sin tener respaldo en el Poder Legislativo, contando tan solo con 18 bancas, lo cual lo dejaba como tercera fuerza en el Congreso tras Fuerza Popular que poseía 75 bancas, superando la mayoría absoluta de la cámara, seguida por Frente Amplio con 20 representantes. Esta disolución , tal como lo dicta la Constitución se llevó a cabo después de dos rechazos seguidos al gabinete ministerial. Además de repetidos rechazos a peticiones y proyectos del ejecutivo. Si bien esto dejó al oficialismo sin representación, también debilitó a Fuerza Popular, principal partido opositor, el cual perdió 60 bancas.

Esta falta de representación del oficialismo en el Congreso complicó la formación de coaliciones y consensos con el Poder Legislativo, ya que Perú no cuenta con mecanismos que incentiven la cooperación entre ambos poderes. Este problema deriva en buena parte de reformas acumuladas que se llevaron a cabo sin diagnósticos claros y apuntando solo a la reforma normativa, dejando de lado la puesta en práctica de las mismas.

A esto se le suma el problema de corrupción estructural, causa de la que se había embanderado Vizcarra, pasando 3 de las 4 reformas constitucionales que puso a votación mediante referéndum en 2018. Entre estas la no reelección de los parlamentarios, lo cual contribuye a la ya alta volatilidad que tenía un sistema con partidos no consolidados, y la regulación del financiamiento de las organizaciones políticas, la cual podría ser un paso en el fortalecimiento de los partidos políticos, ambas aprobadas con un 85% de votos.

Por otro lado, este problema es evidente en ambos poderes. En el caso del Ejecutivo, desde el año 2000 hasta ahora todos los presidentes han sido acusados o condenados por delitos que van desde lavado de activos hasta homicidio. Y en el Legislativo, debido a la inmunidad parlamentaria, que debería ser utilizada para proteger la libertad de opinión y asociación, encontramos que 68 de los 130 congresistas tienen causas abiertas en el Poder Judicial. 

A esto se enfrenta el nuevo presidente Francisco Sagasti del Partido Morado, que asumió el martes pasado con un discurso que busca dar esperanza y estabilidad al país, haciendo un mea culpa desde el Estado, el cual considera que no ha estado a la altura ni ha sabido escuchar a los peruanos y peruanas. Además propone la cooperación de los partidos y el uso responsable de los mecanismos de pesos y contrapesos que establece la constitución. No deja de lado la muerte de los los 2 jóvenes, los 41 desaparecidos y los casi 100 heridos producto de la represión desmedida de las fuerzas policiales, que sigue siendo investigada.

En conclusión, el nuevo gobierno deberá enfrentar una situación delicada. Si bien la Mesa Directiva presidida por  Francisco Sagasti obtuvo 97 votos a favor, el Partido Morado tiene 9 bancas en el Congreso, sigue siendo una fuerza minoritaria. A su vez, no debemos olvidar que siguen habiendo protestas en las calles y demandas insatisfechas. Sin embargo, cabe destacar que el nuevo Presidente llega con un discurso plural, proponiendo la colaboración entre partidos y un acercamiento a la ciudadanía, reconociendo el rol de los jóvenes que salieron a las calles para defender no solo sus derechos sino también la democracia, y con la voluntad de proteger el proceso electoral que se llevará a cabo en abril el año que viene.

 

Melisa Procopio

Estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires (UBA)