La crisis sanitaria vista como una oportunidad para implementar medidas de avanzada que contribuyeran a la transparencia de los comicios podría haber sido aprovechada para proponer reformas innovadoras, como tecnologías de identificación biométrica de los electores para garantizar tanto condiciones de seguridad sanitarias como del proceso electoral. Sin embargo, las autoridades electorales bolivianas no parecen haber tomado ninguna iniciativa en este sentido.

En el año 2019 repercutió a nivel internacional el fraude electoral cometido en las elecciones generales de Bolivia, motivo por el cual estas elecciones tuvieron que anularse. La última vez que sucedió un hecho similar fue el año 1978, cuando Bolivia intentaba pasar de las dictaturas militares a la democracia.

El fraude cometido en el año 2019 no fue un hecho aislado, sino más bien la cúspide de una serie de irregularidades que se venían cometiendo en el país desde hacía ya varias elecciones atrás. No por nada, después de las elecciones generales 2014 y autonómicas 2015, se tuvo que renovar íntegramente a los vocales del Tribunal Supremo Electoral al ser innegable su afinidad y sometimiento al partido de gobierno.

Esta renovación fue realizada de manera forzosa, y, sobre todo, porque el oficialismo tenía entre sus planes llevar a cabo un referendo para ampliar los periodos de reelección presidencial modificando la Constitución Política del Estado, para ello necesitaba darle algún sentido de legitimidad a dicho referendo, lo cual no iba a ser posible con un Tribunal Supremo Electoral con un alto nivel de rechazo y desconfianza ciudadana.[1]

Con un renovado Tribunal Supremo Electoral, el oficialismo perdió dicho referendo que se llevó a cabo en 2016, por lo que se vieron obligados a seguir una serie de estratagemas “jurídicas” para forzar una nueva postulación del entonces presidente Evo Morales, quien pretendía ir a su tercera reelección, desconociendo los resultados del citado referendo nacional, en el que la mayoría de los bolivianos había decidido en pocas palabras: No más reelección.

El ex presidente Morales estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de permanecer en el poder, y fue así que antes de la realización de las elecciones generales 2019 la mayoría de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, que llevaron a cabo el referendo de 2016, renunciaron a sus cargos debido a las presiones recibidas por parte del oficialismo para habilitar a Evo Morales como candidato a una nueva reelección. De esa manera, el máximo órgano electoral del país volvió a estar (completamente) a disposición de los intereses del partido gobernante para las elecciones 2019.

No ahondaremos demasiado en lo sucedido en 2019 para concentrarnos en los hechos posteriores. Solamente diremos que, además de la anulación de la elección por el fraude cometido, y después de una serie de protestas, Bolivia entró a un periodo de crisis política y social que culminó con la renuncia del ahora ex presidente Morales y la aprehensión de todos los vocales del órgano electoral plurinacional (Tribunal Supremo Electoral y Tribunales Electorales Departamentales).

Ante esta crisis, se llevó a cabo una vez más la renovación de los vocales, tanto del Tribunal Supremo Electoral como de los nueve Tribunales Electorales Departamentales. Nuevamente, se buscaba dar algo de credibilidad a este órgano para las futuras elecciones generales 2020 y autonómicas 2021.

Para añadir más complejidad a la situación del país apareció la pandemia del COVID 19, dando al nuevo órgano electoral dos responsabilidades primordiales: 1. Devolver la confianza y credibilidad a los procesos electorales; y 2. Llevar a cabo las elecciones en medio de la pandemia.

Como pasó con prácticamente todo, la pandemia se impuso a la primera responsabilidad. Y luego de una serie de suspensiones de la fecha de la elección y presiones de los grupos sociales afines al partido de Morales (MAS-IPSP) se llevaron a cabo las elecciones generales sin que el Tribunal Supremo Electoral haya podido demostrar cambios notorios en la administración de los procesos electorales. Los pocos cambios que hubo están más ligados a cumplir con las medidas sanitarias de bioseguridad y no así para profundizar la transparencia electoral. Seguramente se podrá decir que había mucho por hacer en muy poco tiempo, y, sumado a eso, la emergencia sanitaria mundial.

Ahora nos hemos encontrado frente a una nueva elección y el escenario ha cambiado muy poco. Enfrentamos un rebrote o una nueva ola del COVID 19 y el Tribunal Supremo Electoral ha avanzado prácticamente nada en mejorar la fiabilidad de los procesos electorales, concentrándose nuevamente solo en asumir medidas de bioseguridad.

Lo único novedoso en las elecciones autonómicas 2021, es que la elección de Gobernadores y Asambleístas Departamentales en los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Pando (tres de nueve departamentos) se realizó conforme a sus Estatutos autonómicos, lo cual es significativo y simbólico, puesto que la aprobación de estos Estatutos fue un hito dentro de las luchas regionales que exigen una mayor descentralización en el país. Debido a sus Estatutos, en estos departamentos se eligió también a un vicegobernador por primera vez. Pero esto, como indicamos, es una conquista de luchas regionales descentralizadoras que tienen su propia historia dentro de la construcción social del país. Por parte de las autoridades electorales, como órgano (poder) del Estado con igual jerarquía a los órganos (poderes) ejecutivo, judicial y legislativo no ha existido ninguna iniciativa para realizar innovaciones en materia electoral.

Mejorar la transparencia, fiabilidad y calidad de la administración de los procesos electorales en Bolivia no pasa simplemente por la renovación o cambio de los vocales electorales (aunque sin duda puede ser un punto de partida). Se requiere la voluntad de querer cambiar las cosas y dejar de pensar en las elecciones como un acontecimiento que sucede cada 5 años y por tanto esperar un lustro para recién trabajar en ellas.

Es necesario proponer reformas electorales tendientes a transparentar y modernizar las elecciones en el país. Las elecciones autonómicas 2021 pudieron ser una oportunidad para dar los primeros pasos en esta dirección, pero lamentablemente no ha habido ninguna variación. Se siguen administrando los procesos electorales como si en 2019 no hubiera pasado nada; a excepción, como señalamos anteriormente, de la inclusión de algunas medidas de bioseguridad por el COVID 19. Pero hasta las medidas de bioseguridad adoptadas fueron bastantes simples. Consistieron en, por ejemplo, desinfectar el material electoral, dividir los horarios de votación de acuerdo al número de terminación de las cédulas de identidad (lo cual tampoco es restrictivo), o ampliar por una hora más la jornada de votación.

Si se tuviera otra perspectiva, se hubiera hecho frente a la emergencia sanitaria promoviendo otro tipo de iniciativas con un mayor impacto, aprovechando las nuevas tecnologías para modernizar los procesos electorales de Bolivia (que se caracterizan por su excesivo manualismo), dándoles al mismo tiempo mayores garantías de transparencia.

Somos conscientes de que existen algunos mecanismos o herramientas digitales cuya implementación resulta impensable debido a la desconfianza que existe en el país. Después de la experiencia del fraude electoral sería imposible pretender implementar un voto electrónico en estos momentos. Pero existen otros tipos de medidas o mecanismos digitales que son plenamente viables, tanto como una medida de bioseguridad y también como una forma de reforzar la confianza y transparencia de las elecciones.

Una de dichas medidas podría haber sido la identificación biométrica en las mesas de votación. Este mecanismo da garantías de que en los procesos electorales no exista suplantación de identidades, aún más tomando en cuenta que uno de los elementos que genera mayor desconfianza en nuestro país es el padrón electoral biométrico. Además, las cédulas de identidad (único documento válido para votar) son emitidas por una entidad distinta y ajena al órgano electoral plurinacional.

Por otra parte, desde el punto de vista sanitario, la identificación biométrica evita que los jurados electorales manipulen cientos de cédulas de identidad[2] o que los votantes deban retirarse el barbijo[3] momentáneamente para ser identificados.

En caso de que la identificación biométrica fuera dactilar, el votante puede desinfectarse de manera previa y/o posterior. También existen equipos de identificación biométrica que permiten utilizar guantes de látex y funcionan correctamente. Si la identificación biométrica fuera facial, para lo cual sería necesario de igual manera retirarse el barbijo, existiría de todos modos una menor exposición al contagio tanto de los votantes como de los jurados electorales.

La identificación biométrica es utilizada por varias instituciones o entidades tanto públicas como privadas, por lo que ya existe una familiarización con ella por parte de la ciudadanía, haciendo que su implementación en los procesos electorales no resulte para nada extraña. Incorporar medidas como esta, requiere voluntad y esfuerzo; sin embargo, si no se avanza en la introducción de este tipo de mecanismos no se puede avanzar en transparentar y modernizar los procesos electorales.

El escenario boliviano, con el fraude electoral y la pandemia de por medio, sin duda es un escenario por demás de complejo. Pero en vez de considerar esa complejidad como una situación en la que no es factible hacer nada, más bien se debió haber aprovechado para hacer algo diferente.

 

[1] Para una mayor profundización sobre este tema, acudir a: “Réquiem para otra democracia” LANDÍVAR, E.; en “Desafíos de la democracia en América Latina” QUERIDO, L. (compilador). Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ciudad de México, 2019. Pág. 125-135.

[2] Si bien el órgano electoral recomienda que la cédula de identidad sea exhibida por el votante y que los jurados electorales no las toquen, en los hechos es complicado que eso funcione, debido a que el jurado debe revisar bien los datos para buscar al votante y verificar su identidad.

[3] De esa manera se denomina en Bolivia a las mascarillas sanitarias, cubre bocas, tapa bocas, etc.

 

Eric Cícero Landívar Licenciado en Derecho y Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública, con mención en Gobierno, Administración y Políticas Públicas. Diplomado en Comunicación Política. Magíster en Derecho Constitucional y Autonomías.