Las particularidades del sistema político de Rusia muestran los ecos que en el mundo y en nuestra propia región hacen oir los regímenes de partido único con sobrerrepresentación oficialista, exclusión de la oposición, falta de libertad de prensa, como Irán, Cuba o Venezuela.

Por Eduardo Repilloza Fernández

El orden internacional actual y las reglas que lo rigen desmotivan con frecuencia la violación de los Derechos Humanos a gran escala y la instalación de regímenes abiertamente dictatoriales. Aunque el sistema no sea capaz de garantizar regímenes democráticos en la totalidad de los Estados que lo componen, sí presiona a algunos de sus miembros para que mejoren las condiciones en las que sus ciudadanos ejercen derechos civiles y políticos. Como resultado, en muchos países se instalan élites que idean formas cada vez más creativas de aparentar democracia, concentrando el poder en un grupo reducido de personas al tiempo que confinan a la oposición a cargos simbólicos, evitando así sanciones y conservando acceso al sistema financiero internacional por el mayor tiempo posible.

Estas fachadas democráticas cumplen un doble propósito. A nivel interno, la estructura estatal es útil para girar la rueda de la burocracia y mantener activos a los organismos de inteligencia y control social, pero también ayudan a distribuir cuotas de poder entre los miembros de la élite autocrática. A medida que la democracia y el respeto a los DDHH cobra relevancia en el manejo de las relaciones internacionales se hace más costoso desde el punto de vista político, social y económico mantener una dictadura cerrada, dándose finalmente señales de “apertura”. Al inverso, en Estados donde se busca quebrar el orden democrático existente, se minan progresivamente las libertades mientras se intenta mantener una oposición pasiva, sometida y sin expectativas reales de poder. Es este el punto en el que muchas sociedades se encuentran hoy día.

Uno de los modelos por excelencia de estos formatos autocráticos es la Cuba de Fidel Castro. Tras asumir el poder por la vía de facto en 1959, un incipiente orden de posguerra le permitió instalar una de las dictaduras más sanguinarias del mundo. La ejecución de ciudadanos disidentes de su gobierno y la intervención en casi todos los países de América Latina como proxy de la Unión Soviética estarían a la orden del día durante la Guerra Fría. Fue por ello que en 1960, Estados Unidos impuso un embargo comercial, económico y financiero a Cuba, uno de los más prolongados de la historia, y en 1962 impulsó la suspensión del régimen cubano de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, las administraciones de Kennedy y sus sucesores no se caracterizaron por afianzar la democracia en la región, donde apoyaron dictaduras de derecha. Estas medidas e inconsistencias, además de la fallida invasión de Bahía de Cochinos en 1961, han sido punta de lanza en la narrativa del régimen cubano para mantener el control de la isla por más de 50 años y conseguir el apoyo de otras dictaduras (e incluso algunas democracias) para acceder de nuevo al sistema financiero internacional.

Cuba ha tenido 3 cartas magnas desde la llegada del castrismo: la Ley Fundamental de 1959 que reinstauró la pena de muerte en la isla, la Constitución de 1976 que llegó a ser enmendada 3 veces, y la Constitución de 2019. Entre 1959 y 1976 (17 años), mientras regía la “Ley Fundamental”, Fidel Castro fue “Primer Ministro” de Cuba, y después de la entrada en vigor de la primera constitución comunista en 1976, empezó a ejercer una decena de cargos, entre los que estaban el de Presidente del Consejo de Ministros y Presidente del Consejo de Estado (órgano ejecutivo del régimen), y continuó ejerciendo como Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (1965-2011), ya indistinguible del Estado cubano. Después de retirarse y legar sus cargos casi como en sucesión monárquica a su hermano Raúl, retuvo el poder hasta su muerte, sin necesidad de ser formalmente el presidente.

Fue después de la aprobación de la penúltima Constitución (1976) que se retomó la celebración de “elecciones” en Cuba. Primero, se celebraron comicios para las Asambleas Municipales del Poder Popular en 1976, donde resultaron electos 10.725 delegados de entre 30.000 candidatos propuestos por el Partido Comunista y “organizaciones de masas”. Serían estos delegados quienes elegirían ese mismo año a los miembros de las Asambleas Provinciales y de la Asamblea Nacional. La “institucionalización de la Revolución” empezó así con 481 nuevos diputados electos en segundo grado para conformar la nueva ANPPC[1], donde todos sin excepción pertenecían al Partido Comunista. Esta parodia electoral, catalogada de “apertura”, vino a reforzar una narrativa que cuestiona a la democracia liberal, vista como una imposición, y propone una democracia “socialista” o “total”, en la que el solo cumplir con el requisito procedimental de celebrar elecciones sin importar sus condiciones vale para lograr el cese de las sanciones. Similarmente, en la República Islámica de Irán se celebran elecciones legislativas y presidenciales, pero el Ayatollah Alí Khamenei es el “Líder Supremo” y Comandante de las Fueras Armadas, además de ser la primera autoridad religiosa y quien ostenta el poder real.

Desde que Vladimir Putin fue reelecto en 2018 en unas elecciones cuestionadas por la oposición, se abrió el debate de cómo lograría permanecer en el poder más allá de lo que permite el texto constitucional vigente, y las dudas se disiparon el 15 de enero pasado, cuando develó un plan de reforma constitucional. Putin fue presidente de Rusia durante 2 períodos de 4 años bajo la antigua Constitución (2000-2008), e intercambió cargos con su Primer Ministro Dimitry Medvedev cuando este resultó electo presidente por 4 años para el período 2008-2012. Después de la reforma constitucional de 2008 que extendió el período presidencial a 6 años, Putin fue electo nuevamente para el período 2012-2018 y reelecto para el período 2018-2024, que ejerce actualmente. Resetear el contador es un truco que muchos otros gobernantes autocráticos lograron legalizar con el control de las Cortes y Parlamentos, como fue el caso de Evo Morales en Bolivia y de Chávez en Venezuela. Sin embargo, a diferencia de este último ejemplo la reforma de la Constitución rusa no incluyó la reelección indefinida, por lo que el período que culmina en el año 2024 debe ser el último.

La estrategia de Putín es muy parecida a la que logró Nursultan Nazarbayev, quien gobernó el país vecino de Kazajistán durante casi 30 años (y algunos más cuando todavía formaba parte de la Unión Soviética), hasta que entregó el cargo de la presidencia a Kassym-Jomart Tokyev, y asumió la figura de Presidente del Consejo de Seguridad de Kazajistán y miembro del Consejo Constitucional, organismos desde donde todavía puede controlar el poder. La propuesta de reforma que envió Putín al parlamento ruso establece que el propósito será “mejorar la regulación de ciertos aspectos de la organización de la autoridad pública[2], que no incluye la posibilidad de reelección indefinida para el presidente, muy al contrario, debilita el cargo y redistribuye el poder estatal en otras instituciones. En un encuentro con veteranos de la Segunda Guerra Mundial tres días después de hacer pública su intención de proponer los cambios a la Constitución, al responder una pregunta sobre los límites a los períodos presidenciales dijo que “sería muy perturbador volver a la situación de mediados de los 80, con los líderes del Estado, uno por uno, permaneciendo en el poder hasta el fin de sus días[3], esto en clara referencia al sistema político soviético.

Ahora bien, es de suponer que una de las líneas de la defensa de la reforma será que el cargo de la presidencia acumula muchas atribuciones y su debilitamiento contribuye a la democratización de “la organización de la autoridad pública”. Además, la presidencia es una de las instituciones con poder de iniciativa para una reforma constitucional, y si tres quintas partes (60%) de los miembros de ambas cámaras así lo deciden, podrían convocar a una Asamblea Constitucional donde la propuesta podría ser aprobada sin necesidad de ser sometida a referendo. El partido oficialista Rusia Unida cuenta con 341 diputados en la Duma (70% de la cámara baja), 128 cargos en el Consejo de la Federación (75% de la cámara alta), 75 de 85 gobiernos regionales (divididos en oblasts, repúblicas, krais, okrugs autónomos, 3 distritos federales y 1 oblast autónomo), y 3.091 cargos de 3.980 en parlamentos regionales. Es decir, Putín puede hacer aprobar una reforma sin necesidad de celebrar una elección. Sin embargo, ha decidido que los cambios sean aprobados por los electores, así que no puede ponerse en duda la naturaleza democrática de todo el proceso de reforma, tal y como se plantea.

La enmienda para la reelección indefinida para los cargos de elección popular que Chávez hizo aprobar en 2009 también estaba planteada en estos términos. De hecho, la pregunta que el CNE planteó al electorado en tono sugestivo fue: ¿Aprueba usted la enmienda de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230 de la Constitución de la República, tramitada por la Asamblea Nacional, que amplía los derechos políticos del pueblo con el fin de permitir que cualquier ciudadano o ciudadana, en ejercicio de un cargo de elección popular, pueda ser sujeto de postulación como candidato o candidata para el mismo cargo por el tiempo establecido constitucionalmente dependiendo su posible elección exclusivamente del voto popular? El razonamiento sugerido entonces es que, si una cuestión se somete a una elección debe ser plenamente democrático. Esto, ahora sabemos, está muy lejos de ser cierto.

La actual Constitución rusa se aprobó tras el referéndum del 12 de diciembre de 1993, en la que el 58,43% de los electores que participaron votaron a favor. Esta carta ha sido enmendada 4 veces: en 2008 se amplió el período del presidente (de 4 a 6 años) y diputados de la Cámara Baja (de 4 a 5 años), y en 2014 se reformó el sistema judicial y se introdujeron cambios en la conformación del Consejo de la Federación (cámara alta) y a la composición de la Federación Rusa, más que nada para incluir al distrito federal de Sebastopol y la República de Crimea[4], tras la anexión de esta región básicamente sustraída a Ucrania tras la crisis política y la subsecuente guerra civil. Con la nueva reforma se endurecerían los requisitos para ser candidato a presidente, será necesario haber vivido permanentemente en territorio ruso por 25 años consecutivos, y no se podrá tener otra nacionalidad ni documento que habilite residencia permanente en otro país, con lo que se verían limitadas las posibles pretensiones de líderes de oposición en el exilio para ser candidatos en las elecciones de 2024, no que eso le impida a Rusia Unida deshacerse de otros candidatos viables.

Las condiciones en las que se dan las elecciones benefician considerablemente al oficialismo, bajo la misma estrategia utilizada por el chavismo en Venezuela: abuso de recursos del Estado, cobertura preferencial de medios estatales, e irregularidades focalizadas durante el conteo de votos. En 2018, al candidato más relevante de oposición Aleksey Navalny le fue prohibido postularse debido a una condena política y su solicitud para crear un partido fue negada de nuevo por el Ministerio de Justicia, cosa que intenta constantemente desde el año 2012[5], por lo que la OCDE determinó que había “una falta de competición genuina”. El Kremlin mantiene un estricto control sobre el ecosistema de partidos que conforman el escenario político, a la vez que no permite un desafío serio al poder del partido oficial. A la elección presidencial acudió el 67,54% del padrón y Putín ganó con el 77% de los votos.

El Consejo de Seguridad ya previsto en la Constitución no sufrirá cambios tras la reforma porque Putín ya modificó por decreto ejecutivo la ley que rige su conformación para crear una nueva posición permanente de Subsecretario del Consejo de Seguridad, nombrando primer titular a Dimitri Medvedev. En calidad de miembro permanente del Consejo de Seguridad, junto a los presidentes de ambas cámaras del parlamento y representantes de agencias de inteligencia y seguridad, Medvedev seguirá siendo pieza clave en el manejo del poder.

El Consejo de Estado, organismo creado por Putín en septiembre del año 2000 para aconsejar a la presidencia, está conformado por representantes de ambas cámaras de la Asamblea Federal, de las regiones y entidades federales, altos cargos de agencias gubernamentales, y líderes de los partidos políticos representados en la Duma. De aprobarse la reforma, este ente pasará a ser institucionalizado y podrá “determinar las áreas principales de la política interna y exterior” de Rusia[6], para “asegurar una operación e interacción coordinada de las entidades con autoridad estatal”.

La Asamblea Federal actualmente tiene el poder de confirmar a quien el presidente nomine para ocupar el puesto de Primer Ministro del gobierno, pero después de la reforma, el Legislativo asumirá el poder de nombrar al premier sin necesidad de aprobación presidencial. Todo esto apunta a que, como a Nursultan Nazarbayev, un cargo esencialmente permanente y a medida será tallado para Putín en algún alto lugar de la burocracia estatal, donde tal vez no deba preocuparse más por someterse a elecciones, pero sí de manejar el entramado de acuerdos y pactos que lo sostienen como líder político indiscutido de una nación de 100 millones de habitantes.

Este ejercicio de reingeniería ubicaría a Rusia, que ya es catalogado como un Estado No Libre por Freedom House, en la misma categoría en la que se encuentran China, Cuba, Irán y Venezuela: un régimen de partido único, con un sistema electoral donde se sobre representa al oficialismo, se excluye parcial y totalmente a la disidencia, con limitada o nula libertad de prensa, y con una élite por siempre enclaustrada en el poder. Es uno de los desafíos de las democracias contemporáneas identificar tem

[1] Elecciones Municipales y Parlamentarias de Cuba (1976). Unión Interparlamentaria. http://archive.ipu.org/parline-e/reports/arc/CUBA_1976_E.PDF

[2] Vladimir Putin submitted to the State Duma draft law amending the Constitution. 20 de enero de 2020. Presidencia de Rusia. http://en.kremlin.ru/events/president/news/62617

[3] Russia’s Putin says he opposes unlimited presidential term. 18 de enero de 2020. Associated Press. https://apnews.com/87a54504ef700894d6350ea34b7c5893

[4] Constitution of the Russian Federation. Consultado el 22 de enero de 2020. The State Duma. The Federal Assembly of the Russian Federation. http://duma.gov.ru/en/news/28429/

[5] Freedom in the World 2019. Country Report: Russia. Consultado el 22 de enero de 2020. Freedom House. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/russia

[6] Vladimir Putin submitted to the State Duma draft law amending the Constitution. 20 de enero de 2020. Presidencia de Rusia. http://en.kremlin.ru/events/president/news/62617

Eduardo Repilloza es politólogo por la Universidad Rafael Urdaneta (URU) en Venezuela, candidato a Magíster en Estudios Internacionales por la Universidad Torcuato di Tella en Argentina, y Director de Investigaciones en Transparencia Electoral para América Latina. Fue Coordinador Regional de Contraloría Ciudadana de Súmate, A.C. (Venezuela) y ha sido miembro de Misiones de Observación Electoral en Venezuela y Argentina.