Crisis económica, sanitaria y ahora se suma el descontento social y la violencia en las calles. Pedidos de ayuda y denuncias de violaciones a los derechos humanos, así se configura la situación actual de Colombia.

“Nos están matando”, “no más violencia”, llamados S.O.S… El clima de protestas en Colombia continua vigente y los pedidos de la población también. A pesar de que el domingo 2 de mayo el presidente haya anunciado el retiro de la reforma tributaria y al día siguiente la renuncia del ministro Alberto Carrasquilla (autor de la reforma tributaria propuesta), las protestas y los paros generales continuaron, especialmente en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Siloé, Pereira, Manizalez (las más afectadas también en denuncias a violaciones de derechos humanos).

Pero ¿cuál es el motivo por el cual se siguen dando estas manifestaciones? En primer lugar, porque el descontento de los colombianos en relación a la reforma tributaria desenterró otros aspectos en los cuales aún no fueron resueltos.

Por un lado se presenta una conflictiva que lleva 60 años de historia dada su enfrentamiento con grupos guerrilleros armados y ese es el reclamo por una reforma de la fuerza policial  que actualmente, en relación a ese mismo tema, se desarrollaron protestas masivas en 2019 y en 2020 que fueron detonadas por esta misma problemática.

En relación a lo ocurrido estas últimas semanas, la ONG de Temblores denunció hasta el momento (entre el 28 de abril y el 8 de mayo), la muerte de 47 personas, de las cuales 39 fueron en manos de la policía, y reportó al menos 940 casos de violencia policial. Las protestas llevadas a cabo ahora en territorio colombiano son interpretadas por las fuerzas policiales como si estuvieran tratando con guerrillas armadas, para-policiales cuando lo cierto es que, la gran mayoría son civiles que, por diversos motivos, se encuentran hartos del orden social imperante y tienen el derecho a manifestarse. La decisión del presidente en desplegar las fuerzas armadas (como lo hizo el 1ero de mayo) y más efectivos de seguridad, no hace más que dar el mensaje que la población no tiene lugar ni voz en el país.

En relación a lo anterior, los colombianos también piden por la implementación efectiva del acuerdo de paz que el gobierno de Juan Manuel Santos había firmado con uno de los más grandes grupos guerrilleros del país, la FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en el año 2016. Sin embargo, el descontento surge por la pésima implementación que el gobierno de Duque ha tenido sobre este acuerdo. Desde la implementación del acuerdo hasta 2019, al menos 500 líderes sociales fueron asesinados [1]. Mientras tanto, también surgieron otro grupos guerrilleros alternativos a la FARC, los llamados GAOR (Grupos Armados Organizados Residuales) por el gobierno colombiano, que son miembros disidentes de la FARC y se anunciaron la aparición de al menos otros 23 grupos armados en 2019 en 5 regiones distintas del país [2].

Por otro lado, también se acumula la desconfianza y el hartazgo por la orientación económica que ha llevado adelante el gobierno. Grandes empresas (como las del banano, azúcar, y minería) son beneficiadas y el clientelismo político opera como moneda corriente, modelo que ha brindado estabilidad macroeconómica pero lo termina situando como el segundo país de Latinoamérica con mayores índices de desigualdad y séptimo a nivel mundial, según el Banco Mundial. Por su parte, los manifestantes piden por la democratización de servicios básicos (salud y educación) [3].

Es inevitable no analizar este hecho sin tener en cuenta las próximas elecciones presidenciales, en 2022. Lo que está sucediendo en Colombia puede presentarse como un punto de inflexión determinante para la candidatura de Iván Duque. Su imagen pública en estos días ronda el 33%, un porcentaje bajísimo lo que le otorga una enorme posibilidad a candidatos opositores para terminar de socavar esa falta de aceptación que tiene el actual presidente.

Algunos analistas proponen que con el estallido social sumado a su debilitamiento como líder político, que no cuenta con mayoría parlamentaria y que miembros de su propio partido comenzaron a distanciarse de él, está dando el lugar perfecto para que surja un candidato de lineamientos más izquierdistas como podría ser con Gustavo Petro. Y lo cierto es que cada vez ese escenario se torna más probable. El hartazgo de la población es también resultante de un modelo económico propuesto por los últimos presidentes en el que parecen solo responder a intereses de grandes corporaciones y grandes fortunas. Eso ha provocado una enorme disparidad entre las diversas clases sociales tanto que ese punto en particular fue uno de los principales problemas que tuvo esta reforma tributaria que presentó Duque.

Pero, a pesar de esto, el bando opositor va a poder salir vencedor siempre y cuando se haga presente en los momentos más críticos del país como es el de ahora. Lo cierto es que el rol de la oposición en general es siempre más sencillo ya que solamente basta con criticar el estado actual de la sociedad o alguna acción que quiera realizar el oficialismo como para que su trabajo ya esté hecho. Ésta es su oportunidad para que cuando los colombianos vayan a elegir un próximo presidente, inmediatamente piensen en aquella persona que puso las manos en la masa cuando quemaban las papas. Pero lo cierto es que gran parte de la oposición lo único que plantea es simplemente no realizar ningún tipo de reforma tributaria.

Como mencioné anteriormente, dentro del rol que tiene la oposición, pedir que se dé marcha atrás con algo que otros probaron y les salió mal, es de las tareas más sencillas, pero en este caso en particular, es de las más problemáticas. Porque lo cierto es que la reforma es necesaria[1]. El aumento de los programas sociales en un contexto de crisis económica y sanitaria general requiere necesariamente de buscar otras fuentes de ingreso ya que claramente las convencionales no son suficientes. Obviamente que pedirle al ciudadano medio que pague más impuestos cuando ya se ve estrangulado por el contexto de pandemia no es la mejor opción. Por lo más útil que podría tener la oposición sería el de tener un rol más activo a la hora de realizar mejores propuestas a la de esta reforma tributaria en lugar de simplemente rechazarla porque luego habría que plantearles entonces de dónde saldría el financiamiento para continuar otorgando éstos programas sociales.

[1] https://www.telesurtv.net/news/500-lideres-sociales-asesinados-colombia-20190415-0022.html

[2] https://pares.com.co/2019/08/29/cifras-y-datos-de-la-nueva-guerrilla-en-colombia/

[3] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56966457

https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/pobreza-en-colombia-en-2020-fue-de-425/202129/

[4] https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/pobreza-en-colombia-en-2020-fue-de-425/202129/

 

[1] Según estima el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), de no haber sido por las políticas sociales implementadas en 2020, la pobreza en Colombia habría sido de un 46,1% (cuando se estima que fue del 42,5%). Es decir, se pudo contener un 3,6% la pobreza. [4]

 

Giuliana Madeo

Estudiante de segundo año de la carrera en Relaciones Internacionales por la Universidad del CEMA, donde también realiza una pasantía como becaria.