Acentuada por la crisis adicional de la pandemia, la discrecionalidad autoritaria del gobierno cubano se trasluce con mayor evidencia en la búsqueda desesperada de divisas a través del usufructo de recursos económicos generados en el extranjero, por quienes se han visto obligados a emigrar dadas las paupérrimas posibilidades de desarrollo que la propia nación de origen ofrece a sus ciudadanos.

Esta semana, los migrantes cubanos conocimos de manera sorpresiva las medidas implementadas por el gobierno cubano para transitar hacia una nueva fase de normalidad en tiempos de pandemia. El anuncio de las medidas no fue transparente ni completo en su formulación. Los gobernantes cubanos solo expusieron aquellas áreas de su interés y dejaron el resto a la burocracia estatal, implementar las pequeñas letras de la discrecionalidad. Las medidas anunciadas, siempre en un marco de incertidumbre y opacidad, tocaban determinadas esferas y niveles de relación con la ciudadanía, pero remarcaron el carácter de vulnerabilidad a la que está expuesta la ciudadanía cubana. A diferencia de otras ocasiones, en esta oportunidad no se presentaron esas propuestas a la votación y el debate popular, como ocurrió con el proceso de lineamientos en 2008. Al régimen cubano no le interesa someterse a un escrutinio a todas luces desfavorable para sus medidas, en un momento en que se enfrenta a una profunda crisis económica y a un nivel de deslegitimidad popular expresado en las múltiples acciones. Durante estos días, mucho se ha debatido sobre los distintos propósitos, pero hasta el momento de la redacción del presente, el gobierno cubano no ha clarificado ninguna de ellas. Ante la evidencia de los hechos, quiero centrarme en un tipo de medida que afecta directamente a los migrantes cubanos. Esta relación se basa en el control absoluto sobre los derechos de todos los grupos de ciudadanos por parte del Estado, y la carencia de derechos ciudadanos y transnacionales de los cubanos. En esa situación, es casi imposible incidir sobre el sentido común del gobierno cubano. Para el juego politológico, las recientes medidas demuestran la acción a corto plazo, con desastres en el medio y largo plazo. Algo que parecen no entender las autoridades cubanas es la interrelación entre todos los actores que están siendo perjudicados con sus medidas.

Antes de comentar abiertamente el uso utilitario de las medidas respecto a la migración es necesario contextualizar la vulnerabilidad migratoria cubana. Con la modificación de la Ley de Migración en 2013, el gobierno cubano permitió que sus migrantes pudieran permanecer hasta 24 meses ininterrumpidos en el exterior, sin perder sus derechos de residencia permanente en Cuba. Esta figura legal pareciera no tener grandes implicaciones, pero lo que no explica es que, al perder su condición de residente permanente, el cubano también pierde aún más, sus derechos ciudadanos. Al regresar a Cuba te conviertes en un ciudadano sin ciudadanía, ya no puedes ingresar a ningún centro en calidad de cubano sino de extranjero, con todos los gastos que esa medida implica, y no tienes potestad sobre los bienes y recursos de tu familia, incluso tu capacidad para heredar. Tampoco puedes decidir regresar libremente a vivir en tu país, sino que debes realizar un proceso de repatriación; y mucho menos tienes la posibilidad de ejercer derechos políticos, aun cuando se ha descrito la simulación de tales actos.

En la actual situación, Cuba presentó una medida en abril de 2020 que flexibilizaba los trámites y consecuencias de la pérdida de derechos a los migrantes en el exterior debido a la pandemia del covid- 19 y las restricciones de viaje impuesta como parte del catálogo de acciones para controlar la expansión del virus. Sin embargo, en octubre de este año, modificó su posicionamiento inicial y dispuso de forma arbitraria el restablecimiento de los aranceles y las medidas de exclusión de sus normativas migratorias sin considerar los efectos y contextos particulares de sus migrantes en el exterior. A raíz de esto, cada cubano en el exterior que haya sobrepasado los 24 meses de estancia sin entrada a la Isla, deberá abonar un monto entre 47 y 150 dólares estadounidenses por cada mes que transcurra posterior a los 24 meses, más los trámites. En términos concretos, la medida es solo una forma de recaudar dinero de manera arbitraria, porque en la práctica es una figura sin sustento jurídico justificativo y que viola toda la normatividad internacional en derechos humanos, y el respeto a los derechos de ciudadanía nacional. Además, el retorno es un derecho inalienable, y que, como tal, no debiera ser condicionado por ningún estado, como lo hace el gobierno cubano posterior a los 24 meses.

La decisión de las autoridades cubanas, en poco tiempo, despertó el rechazo internacional de la diáspora, y una campaña intensa para exponer la arbitrariedad y la vulnerabilidad de estos ciudadanos. En redes circularon peticiones para que se eliminara la medida y los cubanos mostraron su frustración contra una medida a todas luces carente de sentido y justificación. Una semana después, rectificando posturas, el gobierno cubano a través de la cancillería anunció la eliminación de la medida. Pero el daño político ya estaba hecho, y se había mostrado el sentido de utilitarismo de la migración.

 

Los estados autoritarios regulan y/o seleccionan las formas en las que sus migrantes pueden relacionarse con el origen desde el destino. Esta es una posición asimétrica, donde los migrantes dependen de la voluntad de sus gobiernos en el origen para que la relación sea más fluida, o en la mayoría de los casos sea permitida. De forma general, los gobiernos autoritarios mantienen una relación de exclusión y/o selección con sus migrantes. Levitt y Glick (2003) tipifican en este sentido una relación sobre el eje beneficio-derecho, pero siempre de forma asimétrica ya que el Estado es el que determina la direccionalidad y la amplitud de acciones y derechos permitidos en sus migrantes. Ayuda a dar claridad sobre las formas en la que los estados de origen organizan esa relación. Sin embargo, esa clasificación no enfatiza en cómo los migrantes se convierten en un instrumento de acción para estos gobiernos, ya sea de manera explícita, pero en la mayoría de las ocasiones de forma implícita, muchas veces sin que los migrantes sean conscientes de estos usos.

Los estados autoritarios mantienen una posición predominante en este tipo de relaciones. Por una parte, determinan qué tipo y en cuáles áreas se podrá efectuar esa relación, así como la frecuencia o magnitudes de las mismas. En otro aspecto, también determinan quiénes pueden relacionarse con el origen, y también quién queda excluido de las mismas. En sentido general, se ha hablado poco de cómo la migración se ha convertido en un instrumento de las naciones emisoras para exponer determinadas realidades nacionales.

De esta manera, la migración se convierte en un instrumento de determinados gobiernos en función de intereses u objetivos de distinta índole. Algunos gobiernos autoritarios (específicamente el chino, pero también Nicaragua y Cuba) han comenzado a utilizar a sus migrantes como portavoces o como recursos económicos, políticos, sociales o culturales desde el destino, según las necesidades locales del gobierno en el origen.

Siguiendo la anterior hipótesis Duany (2015) describe las características de la migración cubana en los últimos años. En ese estudio se señala que esa migración ha comenzado a acercarse a su país de origen, y aborda de manera sintética las políticas del gobierno cubano respecto a sus migrantes. Sin embargo, lo que destaca ese artículo es la descripción y enumeración de las políticas de distintos gobiernos para aprovechar a sus migrantes en las dimensiones anteriormente señaladas. En dicho trabajo encontramos algunos elementos importantes que caracterizan lo que aquí se propone analizar como usos de la migración por parte de las naciones emisoras.

Los estados autoritarios en definitiva se caracterizan por tener un «tipo de gobierno asociado a una organización política en el cual hay un monopolio del ejercicio del poder político desde una perspectiva unipersonal, asamblearia o partidista, sin que sea posible a los destinatarios del poder una participación real en la formación de la voluntad política vinculado a dicho ámbito estatal» (Lowenstein, 1986:78). Esta idea establece que esos gobiernos utilizan todos los recursos para mantener su monopolio político y económico. En nuestro caso, la migración es utilizada también para mantener ese orden.

La migración así definida, como instrumento, es utilizada por los gobiernos según cuestiones económicas, políticas o sociales. En todas esas dimensiones el gobierno procura siempre el mismo objetivo, mantener su posición de poder. En otras palabras, la migración es utilizada entonces como un mecanismo para aliviar las tensiones, las crisis o los problemas presentes en el gobierno autoritario. La migración así concebida se convierte en una vía de salida a esos conflictos. Además, esa migración responde a condiciones específicas de las partes involucradas en los problemas, responde a contextos y a situaciones específicas. Pero lo que destaca por encima de todos estos planteamientos, es que los gobiernos autoritarios intentan que sus migrantes se conviertan en los activos más importantes para salvar sus maltrechas infraestructuras económicas, y que resuelvan aquellos mismos problemas que se convirtieron en causas directas para la migración. El carácter utilitarista es marcado, y demuestra el valor de inhumanidad con el cual estos gobiernos se relacionan con sus diásporas. Los migrantes son estigmatizados de forma implícita con la categoría de potenciales enemigos al régimen, de la misma manera que se presenta la hipocresía en el trato obligatorio del estado de origen en la extensión de relaciones.

Otro de los usos más frecuentes se efectúa en la dimensión política. Cuando se señala aquí la cuestión política es porque los gobiernos autoritarios, al no permitir la disputa del poder por grupos opositores, intentan debilitar cualquier acción producida al interior de sus fronteras. Si la tensión o los grupos que inician las demandas o la oposición son muy débiles, entonces los estados autoritarios no emplean tantos recursos para su disolución. Los mecanismos para esa disolución son conocidos entre los que estudian las dictaduras y sus consecuencias en distintos países, así como los respectivos mecanismos de represión en gobiernos dictatoriales.[1]

Monsálvez (2013), en un estudio sobre las formas de control social en la dictadura chilena, utiliza el concepto de Foucault sobre la definición de enemigo y control del poder para explicar cómo el régimen de Pinochet utilizó la migración como un dispositivo de control de la oposición. En ese trabajo el autor describe que el régimen de Pinochet utilizó el exilio como una forma de eliminar a los enemigos del régimen en cualquier versión o potencialidad. En tal sentido, «el exilio, no se circunscribe al mero proceso de expulsar del territorio a determinadas personas o grupos, sino que tiene objetivos mayores. Por una parte, se enmarca -siguiendo el discurso de los militares-, en el proceso de disciplinamiento (militarización) de la sociedad, bajo una estructura castrense; es decir, de “normalización” del país, el cual pasa entre otras cosas por “eliminar” aquellos (potenciales) “focos” de peligrosidad» (Monsálvez, 2013:5). El gobierno autoritario en este sentido establece las instituciones de disciplinamiento de la sociedad que gobiernan con mecanismos asimétricos de poder. Cualquier discusión o demanda que no se ajuste a los intereses del gobierno es neutralizada mediante alguna acción de exclusión o expulsión.

Así, para sintetizar esta postura, Monsálvez declara que «el exilio o la expulsión del territorio de determinadas personas, grupos o sectores de la población constituyeron uno de los principales mecanismos de control y prácticas represivas de las dictaduras castrenses de América Latina» (Monsálvez, 2013:10). Con el exilio se da un segundo uso de la migración, y es la prohibición de entrada al país bajo pretextos de carácter nacional a aquellos individuos que representan una amenaza al gobierno nacional en el origen. Este segundo uso es selectivo y parcial puesto que no aplica a todos los migrantes, sino sólo a aquellos que son etiquetados por el gobierno como una amenaza y se aplica la exclusión completa de estos migrantes. De la misma manera, se ejemplifica esta situación con la cárcel fronteriza. Esta figura es una analogía con la situación de ciudadanos cubanos que son detenidos de manera informal dentro del país. La figura legal arbitraria es la regulación por actividades contra los intereses del estado cubano, pero sin amparos posibles y sin protección directa. El ciudadano está detenido por las propias fronteras nacionales.

En este sentido, algunos estudiosos han comenzado a clasificar también a la migración como un mecanismo de válvula de presión, utilizado a conveniencia por los gobiernos autoritarios para aliviar al país en momentos de crisis económicas o políticas, así como para expulsar a la oposición y criminalizar a estos últimos. Este mecanismo ha sido utilizado innumerables veces en toda América Latina, e incluso en varias ocasiones por un mismo gobierno. Los ejemplos más importantes en este caso son Cuba y Chile, pero en sentido general en todos aquellos países donde han existido o existen gobiernos de corte autoritario. En el caso de Cuba, por ejemplo, los momentos de mayor salida coinciden con periodos de crisis o tensión al interno del gobierno.

Ahora bien, la salida de migrantes del territorio de origen puede ser de forma voluntaria, inducida u obligada. En el caso de la voluntaria los migrantes utilizan los mecanismos, recursos y capitales a su disposición para abandonar el país. En los dos últimos casos, los migrantes son condicionados a abandonar el país, estigmatizados política y socialmente por el gobierno quien observa en esos migrantes a personas enemigas del proceso nacional. Asimismo, los gobiernos autoritarios utilizan la migración como forma de aligerar las responsabilidades sociales contraídas con los ciudadanos y trabajadores del sistema. En este sentido, al gobierno se le facilita la salida de las personas cuando no son capaces de garantizar los derechos sociales alcanzados y prefieren permitir la salida con el objetivo de aliviar la situación social interna y a la vez, utilizar a esos mismos migrantes como soporte económico que garanticen en alguna medida la continuidad del sistema.

También se utilizan otros mecanismos como los gravámenes a la documentación necesaria, tanto para la salida como para la entrada al país; además de la utilización de la migración como exportadores de remesas tanto en dinero como en especies en una suerte de sostén económico del gobierno en el origen. Esa relación es limitada o selectiva, en gran medida porque responde a una posición asimétrica en la disposición de las reglas (instituciones) en las que se efectúa esa relación. Y también debido a los intereses y objetivos que persiguen los gobiernos autoritarios con la misma.

La actual situación económica de Cuba, con la existencia de tres mercados monetarios con precios inflados, la existencia de tres monedas con curso legal con diferentes capacidades de pago y adquisitivos, y las desproporciones entre salarios y precios (entre otras razones), han convertido a la emigración en un soporte económico, y a la migración en un proyecto de vida, como estrategia de escape de gran importancia para los residentes en la Isla. Estas últimas medidas demuestran una desproporción, porque obligan al cubano a depender de una moneda cuya emisión no es potestad del gobierno nacional, sino que es facultad de un gobierno extranjero. El tan mal utilizado tema de la soberanía y la defensa de la seguridad nacional encuentra su punto más débil con medidas que implican la dependencia a una moneda extranjera, de un gobierno al que el cubano ha declarado como enemigo histórico. También «el gobierno cubano (utiliza la migración) como una válvula de escape para el descontento interno que crece en la Isla por condiciones como la alta tasa de desempleo, empeorada por la decisión gubernamental de cesantear a medio millón de trabajadores que comenzó a implementar en el 2010» (Farber, 2015). Lo que evidencian estas acciones es una modificación a las instituciones formales cubanas en lo concerniente a su migración. En este caso, no se atienden todas las demandas de los migrantes cubanos, sino solo aquellas que interesan y benefician al gobierno cubano. Esa transformación de algunas instituciones solo responde a las necesidades de supervivencia del gobierno cubano en las condiciones actuales, que no significan un peligro para la existencia del régimen político.

En el nuevo marco de medidas, sin dudas el carácter mercantil que el gobierno cubano ha determinado sobre sus migrantes es evidente. Pero por encima de todo, la pérdida de los pasos dados en años recientes. La reforma migratoria de 2013, con la modificación de la Ley de Migración han ido retrocediendo en extensión de derechos y en reconocimientos de realidades particulares.

El impacto del covid-19 ha debilitado las estructuras internas del poder cubano y ha magnificado las estructuras de coerción políticas, económicas e institucionales. Ante el problema de la insuficiencia económica, el gobierno cubano ha entrado en un periodo de depredación de sus ciudadanos en las formas más amplias posibles. El sentido común y el proceso de acercamiento iniciado años antes se han paralizado completamente ante el temor de la pérdida de poder interno. Saturado de problemas, el gobierno en la Isla ha intentado traspasar sus responsabilidades financieras a los migrantes, a los que ha equiparado a mecanismos expendedores de monedas fuertes, pero ha limitado aún más el acceso a un derecho civil propio de ciudadanos. En este sentido, sólo es posible entender esta situación con la imagen ilustrativa de Goya al presentar a Saturno devorando a sus hijos. El gobierno, con figuras no incluyentes y no representativas de todos los intereses nacionales, ha comenzado a alimentarse de aquellos a los que debería proteger. A ese nivel se enfrenta la ciudadanía nacional y en la diáspora.

De forma general, lo que hemos visto durante este año es que en Cuba la pandemia ha expuesto las debilidades del sistema. A las múltiples acciones de control y coerción al interior de la Isla, se suma en este momento la falta de sentido común en el análisis objetivo de las condiciones y de las medidas implementadas. El costo de estas medidas hacia los migrantes repercutirá en la pérdida de confianza hacia cualquier intento a futuro de acercamiento. La evidencia sugiere que el derecho es discrecional y la necesidad violenta.

 

Bibliografía

Duany, J. (2015). La migración cubana Tendencias actuales y proyecciones, Encuentro de la cultura cubana, (36), pp. 164-179. Recuperado de https://www.cubaencuentro.com/revista/content/download/17401/…/1/…/36jd164.pdf

Farber, S. (2015). Una política especial para inmigrantes cubanos, Sin Permiso, 3 de mayo de 2015. Recuperado de https://www.sinpermiso.info/textos/una-poltica-especial-para-inmigrantes-cubanos

Levitt, P. y Glick Schiller, N. (2004). Perspectivas internacionales sobre migración: conceptuar la simultaneidad, Migración y Desarrollo, (3), pp. 60-91. Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/660/66000305.pdf

Lowenstein, K. (1986). Teoría de la Constitución, Barcelona, España: Editorial Ariel.

Monsálvez, D. G. (2012). Chile, la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet y el exilio como dispositivo de control social: El caso de la ciudad de Concepción, Jornadas de Trabajo, Exilios Políticos del Cono Sur en el siglo XX. Recuperado de http://jornadasexilios.fahce.unlp.edu.ar/i-jornadas/ponencias/MONSALVEZ_ARANEDA.pdf

 

[1] Censura, encarcelamiento, persecución, contención de acciones, inculpar arbitrariamente, detención arbitraria, vigilancia, intervención de la vida privada o pública de las personas, secuestro, organizaciones de disuasión, paramilitarismo, secuestro, amenazas, exilio, entre otros.

 

Leduán Ramírez

Licenciado en Letras y Diplomado en Formación del Pensamiento y la Identidad Nacional por la Universidad Central de Las Villas. Maestro y Doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México. Ha investigado sobre el papel de la migración transnacional en contextos democráticos y autoritarios. Sus líneas principales se concentran en el estudio del transnacionalismo migratorio, el ejercicio de los derechos en todas sus dimensiones por parte de grupos vulnerables y la ciudadanía.