En la era de la información se alza el debate que ataca el centro mismo de la democracia: la libertad de expresión que asociada a las nuevas tecnologías y fenómenos comunicacionales como fake news y deep fakes contribuye a la desinformación está en cuestión.

Son muchos los desafíos que tiene por delante la democracia hoy en día. Según el reporte Freedom in the World 2018 de la organización estadounidense Freedom House, el 37% de la población mundial vive bajo regímenes no democráticos, el 24% vive bajo regímenes híbridos y el 39% vive en el mundo libre. La democracia lucha contra el retroceso que la última década ha significado no solo para los países de América Latina sino de todos los continentes. El reporte describe cómo los retos actuales de las sociedades democráticas han incentivado la retórica xenófoba, el populismo y ha llevado a los regímenes autoritarios a imponerse con más dureza sobre sus detractores.

Además, explica cómo China y Rusia han buscado influenciar procesos democráticos e instituciones en países en los que tienen intereses particulares. No en balde, el mismo reporte del año 2019 se titula “Democracy in Retreat”, identificando al menos 68 países que sufrieron un declive neto de libertades civiles y derechos políticos en 2018, con sólo 50 países experimentando mejoras.

La calidad de las democracias puede medirse observando distintas dimensiones y metodologías. La celebración de elecciones libres, la independencia de las instituciones, la libertad de prensa y de expresión, el respeto a otros derechos civiles y políticos, la rendición de cuentas, incluso la percepción de la corrupción son algunas de ellas. Muchas de estas dimensiones clásicas siguen estando vigentes, pero tal vez es momento de agregar nuevas, estrechamente relacionadas con la revolución tecnológica que vivimos.

La tecnología inevitablemente ha invadido el ámbito de lo público, sirviendo a los Estados en prácticamente todas las tareas de administración que le competen. Por supuesto, tanto en lo privado como en lo público, se ha debatido hasta el hartazgo sobre lo que supone la implementación de herramientas tecnológicas, y el Estado y los ciudadanos siguen aprendiendo día a día sobre las bondades, pero también sobre las vulnerabilidades y riesgos de esta nueva era.

Muchas veces, al no entender completamente de qué se tratan los cambios que vivimos, poco podemos entender acerca de sus consecuencias. El escándalo de Cambridge Analytica, el rol que la empresa jugó en 2016 en el diseño de las campañas del Brexit en Reino Unido y de Trump en Estados Unidos y las consecuencias que tiene ese tipo de estrategias sobre la democracia son borrosas para muchos ciudadanos. Para muchos, las consecuencias de las fake news y los deep fakes, tema abarcado en ediciones previas de esta publicación, son mucho más evidentes. Entendemos que el objetivo de la desinformación es erosionar la credibilidad de lo que se encuentra en internet, las redes sociales y hasta de los medios de comunicación tradicionales a donde también llegan a replicarse noticias falsas, lo que en última instancia hiere a la democracia.

Las iniciativas de las agencias y ONGs dedicadas al fact checking, y las medidas exigidas a las “big tech” como Google y Facebook para contrarrestar el efecto nocivo de las fake news, son la contraofensiva ciudadana al fenómeno de la desinformación. Pero ¿qué tipo de iniciativas existen para enfrentar otros riesgos que suponen las nuevas tecnologías para la democracia?

La tecnología al servicio del autoritarismo y los populismos

China es uno de los países líder en la supresión de derechos civiles y de acceso a internet en el mundo, llevando la censura a niveles nunca antes vistos en el plano digital. El hecho de que empleados de la multinacional china Huawei fueran descubiertos ayudando a los gobiernos de Uganda y Zambia a espiar a sus oponentes políticos, entre otros reportes, fue una de las razones por las que en el 2018, el gobierno de Estados Unidos prohibió a sus empleados el uso de la tecnología de Huawei por miedo a que fuese utilizada para espiar al gobierno.

La difusión de noticias falsas por parte de cuentas rusas, o la deliberada promoción de contenido que intensifica la polarización durante ciclos electorales es un tema que las grandes compañías de redes sociales como Twitter y Facebook ya han comprobado, y han implementado medidas para contrarrestar esta estrategia. De manera que las estrategias que los Estados autoritarios utilizan a nivel interno para censurar y dividir a la población también empiezan a ser exportadas.

Según Statista, el número de usuarios de smartphones en el mundo ha crecido y crecerá de manera exponencial entre 2016 y 2021, de 2.5 billones a 3.8 billones de personas que, en su gran mayoría, suelen no leer lo términos y condiciones de aplicaciones que descargan alegremente a sus teléfonos. El nivel de acceso que tienen el Estado y empresas privadas a nuestros datos es pocas veces una preocupación como lo es, por ejemplo, la posibilidad de ser víctimas de un fraude bancario online o telefónico. La conciencia colectiva sobre estos nuevos dilemas se despierta lentamente, y es precisamente por esto que vale la pena repensar el activismo democrático en estos términos, ¿cómo acercar a la ciudadanía a este nuevo paradigma y a su vez mejorar la calidad de nuestras democracias?

¿Qué podemos hacer?: la tecnología al servicio de la democracia

Big data is the new oil” es una nueva frase que resuena mucho y que, aunque algo engañosa, hace referencia a que los datos son un commodity muy bien valorado a nivel mundial hoy en día. ¿Cuánto pagaría una agencia de turismo para conocer las búsquedas online de todos nosotros sobre pasajes, destinos, hoteles, gustos culinarios, etc.? Dependerá de cuánto obtendría en retorno vendiendo promociones diseñadas casi con precisión quirúrgica para cada usuario. Este tipo de preguntas se deben formular también para lo público, ¿cuánto pagaría o invertiría el Estado en desarrollar una tecnología que no solo obtenga los datos personales de los ciudadanos en su jurisdicción, sino que le permita censurar contenido basado en las búsquedas más comunes sobre temas de interés público (corrupción, elecciones, democracia, etc.)? ¿Cuánto pagaría un partido político por contar con millones de data points de usuarios sobre sus preferencias políticas, opiniones sobre temas clave, etc.?

Fuente: The Economist (2017)

Muchas iniciativas han surgido para luchar contra la desinformación, la censura en internet y la vulneración de los datos personales de los ciudadanos, promoviendo campañas para la creación de nuevas leyes que regulen la nueva realidad y protejan a los usuarios. También hay organizaciones que luchan por la apertura y transparencia de los gobiernos, activamente exigiendo datos abiertos desde la administración de fondos públicos y adjudicación de proyectos a empresas privadas, hasta el financiamiento de campañas electorales.

La promoción de discusiones sobre temas actuales, la creación de espacios para el debate y la difusión de información para incentivarlos son aportes invaluables. Hoy día se celebran seminarios y conversatorios sobre democracia y elecciones, y la tecnología va ganando cada vez más espacio en los programas. La incorporación de tecnología en todas las etapas de los procesos electorales, el “hacking ético”, los “hackatones”, “data mining” y los laboratorios de datos son temas y eventos que empiezan a tomar un rol más central.

Sin embargo, en esta línea de los datos y la información como commodities o como “el nuevo petróleo”, ¿tenemos las herramientas para refinarlos e ir del debate a la acción? Potabilizar la gran cantidad de datos disponibles y utilizarlos para potenciar el activismo por la democracia es una tarea vital en esta nueva era. Organizaciones como el V-Dem Institute de la Universidad de Gotemburgo (Suecia) y el Electoral Integrity Project de la Universidad de Sydney (Australia) se acercan a lo que las ONG pueden empezar a hacer para desarrollar nuevas herramientas para la ciudadanía con el propósito de impulsar exigencias por mayor claridad y acción por parte de los gobiernos democráticos del mundo. La cantidad de datos que manejan, con las que elaboran estudios académicos complejos, diagnósticos y sugerencias, pueden utilizarse para movilizar a la ciudadanía en aras de mejorar la calidad de nuestras democracias.

Herramientas más interactivas pueden ayudar a los ciudadanos a relacionarse mejor con sus deberes hacia la democracia. Con una gran base de datos que la respalde, es posible acercar datos para convertir en acciones. Integrando múltiples fuentes, programas de este tipo pueden responder preguntas sencillas como dónde vota un elector, cómo puede contactar a sus representantes, saber si los candidatos tienen programas, etc. Pero también pueden responder preguntas más complejas y traducir lo que los datos nos dicen: ¿Qué significa para la democracia que los partidos políticos tengan bajo nivel de nacionalización? ¿Qué implica una alta o baja fragmentación de partidos legislativos para el sistema político? ¿A qué instancias se puede acudir para reclamar la rendición de cuentas o revocatorios de mandato a legisladores y gobernantes, locales y nacionales? ¿Dónde denunciar violaciones de la ley e irregularidades en las elecciones? A falta de instancias oficiales o frente a su indiferencia, ¿cómo dar visibilidad a denuncias de este tipo?

Las respuestas a estas interrogantes básicas suelen estar diseminadas por la red, sin una herramienta única que las recoja y presente de forma interactiva a través de aplicaciones web o móviles. Además, esas preguntas son algunas de las más comunes, pero los datos suelen arrojar nuevas dudas o sorprender con patrones, difíciles de ver sin un análisis meticuloso. La democracia se merece, sin duda, un gran esfuerzo concertado para sustituir el #PrayForDemocracy por el #ActForDemocracy y detener el retroceso de los derechos civiles y políticos conquistados tras décadas de esfuerzo por generaciones anteriores que difícilmente habrían podido imaginar las nuevas tecnologías y los retos que implicarían para la democracia.

 

Por Eduardo Repilloza Fernández

Politólogo por la Universidad Rafael Urdaneta (URU) en Venezuela, candidato a Magíster en Estudios Internacionales por la Universidad Torcuato di Tella en Argentina, y Director de Investigaciones en Transparencia Electoral para América Latina. Fue Coordinador Regional de Contraloría Ciudadana de Súmate, A.C. (Venezuela) y ha sido miembro de Misiones de Observación Electoral en Venezuela y Argentina.