I. INTRODUCCIÓN.-

Bolivia es uno de los tres países de la región latinoamericana que sucumbió ante el socialismo del siglo XXI, impulsado por el extinto mandatario Hugo Chávez, y que aún no ha logrado salir de él.

Pese a los cambios que se han dado, tanto en los países de la región como en los organismos internacionales (específicamente en la Organización de Estados Americanos-OEA), el régimen encabezado por Evo Morales se aferra cada vez más al poder utilizando las mismas estrategias que utilizaron los actuales regímenes de Venezuela y Nicaragua, que precisamente son los otros dos países que junto con Bolivia, no han logrado restablecer sus deterioradas democracias (sin tomar en cuenta a Cuba, puesto que su régimen autocrático es anterior a Chávez).

Lo llamativo del caso boliviano, es que los países de la región y la OEA no han asumido la misma posición frontal contra el régimen de Morales como lo han hecho con los regímenes de Nicaragua y Venezuela. Es más, en una situación acontecida hace unos meses atrás, que generó rechazo en nuestro país, el actual Secretario General de la OEA, Luis Almagro, que ha tratado de destacarse por su defensa férrea de los principios democráticos, calificó a Evo Morales como un “adalid de la equidad social” y señaló tener una “excelente” imagen de él; lo cual fue bastante llamativo, puesto que casi un año atrás de ese hecho, Almagro, a través de su cuenta de Twitter, había pedido a Morales respetar los resultados del referendo realizado el 21 de febrero del 2016 (21F), en el que un 51,30% de los bolivianos rechazamos una tercera reelección de Evo Morales. El tuit de Almagro, hacía referencia a las acciones realizadas por el Presidente boliviano y su partido (Movimiento Al Socialismo-MAS) para eludir el cumplimiento del resultado de dicho referendo. Lo cual representa una afrenta a elementos fundamentales de la democracia, como la soberanía popular, la decisión de las mayorías, el sufragio efectivo, entre otros.

II. ELECCIONES PRIMARIAS Y EL INCUMPLIMIENTO DEL 21F.-

El incumplimiento del resultado electoral del referendo del 21F, devela claramente el estado de descomposición en el que se encuentra la democracia boliviana. Recordemos que Hugo Chávez el 2007, se llevó también un revés en un referendo convocado para modificar la constitución venezolana impulsada por él mismo (de la misma manera, la constitución que trató de reformar Evo Morales en Bolivia fue impulsada por él). Pero en vez de desconocer el resultado, Chávez decidió convocar a un nuevo referendo en el que sí obtuvo el resultado que deseaba. En el caso de Bolivia, el presidente Evo Morales no se atrevió a arriesgarse a otra derrota electoral en un nuevo referendo, por lo que prefirió recurrir a una vía más segura y aplicó la ruta utilizada por Daniel Ortega en Nicaragua. Acudió entonces al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (que ya lo había habilitado de manera irregular para su segunda reelección en 2014, bajo argumentos utilizados en el Perú para habilitar a Fujimori) para que se declarara a la reelección indefinida como un derecho humano, pasando por alto la voluntad popular del pueblo boliviano que el 21F se había expresado en sentido contrario, es decir, ratificando que los mandatos de las autoridades tengan un límite constitucional.

Ante el desconocimiento del 21F, en el país se realizaron distintas movilizaciones y manifestaciones en las calles por parte de la ciudadanía que exigía el respeto a su voto y a la decisión asumida en las urnas. Ante el creciente conflicto que se agravaba cada vez más, el oficialismo adelantó los tiempos electorales (al igual que hizo Maduro en Venezuela) e introdujo a través de una nueva Ley de Organizaciones Políticas, impulsada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), las primeras elecciones primarias de la historia de nuestro país. Estas elecciones (que en teoría tendrían que haberse implementado recién para el 2024) fueron realizadas en tiempo record y mostrando muchas falencias, como ser la inexistencia de un padrón de militantes fiable y debidamente depurado. También, lo anecdótico de estas elecciones fue que se realizaron pese a que todas las organizaciones políticas presentaron únicamente un solo binomio.

Estas deficiencias, no impidieron que el oficialismo logre sus objetivos: 1. Electoralizar el país, puesto que las organizaciones políticas para poder habilitarse para las elecciones nacionales 2019, tuvieron que presentar sus candidaturas prácticamente un año antes de la elección; 2. Desmovilizar las protestas ciudadanas asumidas por diferentes colectivos de la sociedad civil; y 3. Que el binomio rechazado el 21F, compuesto por los actuales mandatarios Evo Morales y Alvaro García, sea oficializado por el órgano electoral como candidaturas habilitadas para las elecciones 2019, dejando cada vez más lejos el respeto a los resultados del referendo del 2016.

III. SITUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS.-

La habilitación del binomio ilegal tuvo sus consecuencias en el seno del Tribunal Supremo Electoral, que justamente había sido renovado en su totalidad antes del referendo de 2016, debido a que los vocales que llevaron a cabo las elecciones nacionales 2014 y subnacionales 2015 cayeron en un descrédito total por una serie de irregularidades cometidas y por quedar develada su afinidad política con el oficialismo. Con la renuncia de dichos vocales obsecuentes y el nombramiento de nuevos vocales se había empezado a generar cierta confianza en el órgano electoral, debido también al trabajo realizado para el referendo 2016. Pero nunca quedó descartado que dentro de dicho órgano existían vocales leales al oficialismo. En su momento, se llegó a comentar que existía una línea de vocales institucionalistas (que defendían la independencia del órgano electoral) y otra de vocales afines al MAS.

La situación del TSE empezó a agravarse nuevamente cuando su vicepresidente, Jose Luis Exeni, decidió renunciar a su cargo aduciendo problemas de salud, lo que generó un empantanamiento entre los 6 vocales restantes, que fue puesto a la luz pública por la propia presidenta del TSE, Kathia Uriona, al momento de presentar también su renuncia al cargo de vocal.

En su nota de renuncia, de fecha 22 de octubre del 2018, Uriona señala que en el TSE se había llegado a una situación de estancamiento en la toma de decisiones referida a temas fundamentales para el resguardo de la institucionalidad y los valores y principios comprometidos por su persona. Una de estas decisiones era precisamente la habilitación o no de Evo Morales como candidato para el 2019.

Posterior a la renuncia de Kathia Uriona, el TSE entró en un nivel de inestabilidad y crisis interna mayor, puesto que se empezaron a generar despidos y renuncias de personal clave en la institución que tenían años de trayectoria en el mismo. Incluyendo a los máximos funcionarios del área jurídica y tecnológica, lo cual fue denunciado por uno de los mismos vocales del TSE.

Al final, con estas renuncias incluyendo la de Uriona, el MAS logró conseguir la habilitación de Evo Morales y Alvaro García para las elecciones primarias y por ende para su tercera reelección.  

En paralelo, el oficialismo modificó las normas electorales para poder “cubrir” las acefalías en el órgano electoral, lo cual fue interpretado como una nueva cooptación de este órgano, para evitar sufrir otra derrota en las urnas como en el 2016.

La crisis del órgano electoral fue nuevamente develada por una de las vocales que votó contra la habilitación de Evo Morales (hubo sólo dos votos en contra), Dunia Sandoval, quien ante las presiones sufridas se convirtió en la tercera Vocal en renunciar a su cargo, dejando sentado en su misiva de renuncia de manera clara y concisa las irregularidades cometidas en el órgano electoral con las que ella no comulgaba, como por ejemplo el desconocimiento de los resultados del 21F y la habilitación de Morales.

El politólogo argentino Leandro Querido, en un artículo denominado ¿Una Tibisay Lucena en Bolivia?, publicado en el portal www.noticiaselectorales.com, ha comparado la situación que vive el órgano electoral de Bolivia con su par venezolano, en donde, a decir del citado politólogo, “…la Rectora del CNE de Venezuela ha tenido un rol fundamental para que Nicolás Maduro, con índices de rechazo de más del 80% y repudio de la comunidad internacional, se mantenga en el poder.”

Querido concluye su artículo planteando dos posibilidades: 1. Que María Eugenia Choque (actual presidenta del TSE) promueva cambios para el fortalecimiento institucional del TSE, que refuercen la confianza del electorado y los partidos políticos para que los próximos resultados electorales gocen de legitimidad; o 2. Continuar con el desmembramiento de este órgano para serle funcional a las aspiraciones reeleccionistas de Evo Morales.

Lamentablemente, para los bolivianos, es bastante claro que Choque y la mayoría de los Vocales del TSE elegirán el segundo camino, por lo que no existe confianza en su imparcialidad ni tampoco garantías de que las elecciones nacionales 2019 vayan a desarrollarse con transparencia.

IV. DEMANDAS ANTE EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.-

Ante la situación que vive Bolivia ¿a quién se puede acudir?, si el estado del Órgano Electoral genera desconfianza, el estado de la justicia boliviana es mucho más grave. Basta con resumir que ninguna acción judicial interpuesta contra el oficialismo ha prosperado y generalmente ni siquiera llegan a ser admitidas para su investigación, todo lo contrario cuando se trata de alguna autoridad o representante de la oposición, en donde la justicia actúa con agilidad y sobrada predisposición, llegando incluso a alejar a autoridades electas de sus cargos a través de diferentes “chicanas” judiciales.

Tal es el extremo que podemos decir que las únicas veces en que el gobierno de Evo Morales estuvo ante un Tribunal realmente imparcial (o semi imparcial) fue derrotado. Así fue el caso del referendo del 21F del 2016 y cuando decidieron acudir ante el Tribunal Internacional de La Haya (Corte Internacional de Justicia) por la demanda marítima contra Chile. De manera jocosa se decía que el presidente Morales pensó que los Tribunales de La Haya eran como los Tribunales de Bolivia, en donde todos los jueces fallan en favor de sus intereses políticos.

Más allá de la broma, la situación descrita es verídica. Los Tribunales de justicia en Bolivia han sido completamente cooptados. Somos el único país en el mundo que elige mediante el voto popular a sus altas autoridades de justicia, pero la preselección de los postulantes es realizada por el oficialismo a través de los dos tercios que manejan en la Asamblea Legislativa Plurinacional, por lo que las personas que llegan a nominarse para los cargos son casi en su totalidad funcionarios o ex funcionarios del gobierno nacional, es decir, personas afines al MAS. Por ese motivo, en las dos elecciones judiciales que ha habido (2011 y 2017), la gran mayoría de la población boliviana ha decidido votar nulo o en blanco, como forma de rechazo a los candidatos y protesta por la situación de la justicia y contra el gobierno nacional.

En resumen, los cuatro órganos del Estado (Ejecutivo, legislativo, judicial y electoral) están controlados por el MAS y subordinados a sus designios. Es más, el presidente Evo Morales ha dicho de manera pública que no cree en la independencia de poderes por ser una “doctrina del imperio norteamericano”. El carácter autocrático de Evo Morales está claramente evidenciado. Ha demostrado ser, fuera de Venezuela, el mejor discípulo del extinto Hugo Chávez. Eso explica por qué el gobierno de Morales es uno de los pocos que hasta la fecha manifiesta su apoyo irrenunciable al régimen del usurpador Nicolas Maduro.

Los bolivianos somos conscientes de que ante la inexistencia de órganos independientes en Bolivia y las nulas garantías para que el resultado del referendo del 21F sea respetado por las instancias nacionales, el sistema internacional es el único espacio en el que se puede vislumbrar alguna esperanza.

Por ese motivo, diferentes colectivos, agrupaciones y organizaciones han acudido mediante diferentes mecanismos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, a efectos de defender sus derechos políticos y pedir que se respete la decisión democrática asumida por el pueblo boliviano mediante su voto.

Para el caso boliviano, la actuación que pueda tener el sistema interamericano de protección de los derechos humanos es trascendental; puesto que se ha convertido en la única instancia que podría garantizar que el resultado del referendo del 21F sea respetado, ante la carencia de órganos internos imparciales e independientes.

El régimen de Evo Morales (por más que traten de negarlo) es consciente de la posibilidad de que el sistema internacional ponga un alto a sus pretensiones antidemocráticas, por eso también iniciaron su propia campaña para defender ante los organismos internacionales el espurio argumento de que el referendo del 21F sí ha sido respetado y que la reelección indefinida es un derecho humano. Estos argumentos son fácilmente refutables, pero la ventaja que tiene a su favor el régimen oficialista, en cuanto a las demandas interpuestas ante la CIDH, es el factor tiempo, puesto que los procesos que se tramitan ante este órgano son de larga duración, y tomando en cuenta que las elecciones presidenciales de Bolivia se llevarán a cabo en el mes de octubre del 2019 (e incluso el oficialismo ha dado señales de querer adelantarlas, nuevamente emulando a Maduro), el eventual pronunciamiento de la Corte Interamericana puede resultar desfasado, y la vulneración al derecho político de las personas que votaron en el referendo del 21F ya se haya terminado de materializar.

Por ese motivo, el presidente de una de las organizaciones políticas de oposición, el gobernador de Santa Cruz Rubén Costas, solicitó la aplicación de medidas cautelares para evitar que ese daño se materialice. Pero esta petición fue desestimada por la CIDH.

Ahora, en aplicación del artículo 29.2 del Reglamento de la CIDH, se ha interpuesto un nuevo recurso (Per Saltum) que busca agilizar los tiempos en el tratamiento de la demanda de respeto al referendo del 21F, justamente para garantizar que su resultado sea efectivo, puesto que mientras esta demanda está en tratamiento en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, el partido del MAS continúa dando pasos firmes hacia el desconocimiento de la voluntad democrática de todo un país, tal como lo explicamos anteriormente.

Desde mi particular punto de vista, hoy el sistema interamericano tiene la oportunidad de remediar la época de “oscurantismo” en el que, quienes estaban circunstancialmente a cargo del mismo, fueron testigos mudos de las constantes vulneraciones a los derechos humanos y a la Carta Democrática Interamericana que, durante estos años, pasó a ser una carta de buenas intenciones que quedó en el recuerdo, debido a que ningún Estado ni la propia OEA la hizo respetar.

V. EL “REELECIONISMO” COMO UNO DE LOS PRINCIPALES MALES PARA LA DEMOCRACIA.-

La democracia en Latinoamérica ha ido debilitándose debido a la sistemática vulneración de los principios que la sustentan. Uno de los grandes males causante de este deterioro, fue justamente el “reeleccionismo” en el que cayeron los líderes impulsados por el chavismo, vulnerando normas inclusive aprobadas por ellos mismos. Este periodo vivido, nos ha dado una clara muestra de lo importante que es la alternancia política para la salud de la democracia.

El “reeleccionismo” no es un mal propio de los gobiernos de izquierda. Recordemos que hasta el popular ex presidente Colombiano de tendencia de derecha, Álvaro Uribe, se vio tentado a caer en el “reeleccionismo” pero la Corte Constitucional Colombiana, con mucha sapiencia, puso un freno a esta ambición esgrimiendo argumentos altamente coincidentes con los principios que se deben defender en una verdadera democracia.

En otras palabras, Uribe no pudo materializar sus intenciones debido a la existencia de una Corte Constitucional que no estaba supeditada a los intereses del poder político. En cambio, los gobiernos del Socialismo del Siglo XXI primero han cooptado o debilitado las instituciones democráticas para así materializar y asegurar sus fines reeleccionistas. Por las experiencias que se han tenido, se puede decir que toda acción que han llevado a cabo estos gobiernos (sobre todo en los casos de Venezuela, Nicaragua y Bolivia) no han sido por ningún otro fin que no sea el de asegurar su reelección y de esa manera también su permanencia en el poder. Han reformado total y parcialmente constituciones, han modificado sistemas electorales para conseguir mayorías parlamentarias, han convocado a referendos (en el caso particular de Bolivia, han desconocido el resultado de un referendo), han cometido fraudes electorales y por último han hecho declarar la reelección indefinida como un derecho humano. Como se diría coloquialmente, esto último es la cereza en la torta.

Hoy en día en México, una de las principales preocupaciones y debate en la ciudadanía es justamente sobre si el actual mandatario Andrés Manuel Lopez Obrador, a quien se lo compara con Hugo Chávez, irá o no a una reelección, situación que actualmente no está concebida en la constitución mexicana y que además está históricamente vedada en este país; por lo que si este mandatario llegara a incurrir en el mismo mal del “reeleccionismo” que ha afectado a diferentes líderes latinoamericanos en el último tiempo, sería una mala noticia para la democracia.

El afán reeleccionista, ni siquiera está concebido para que un partido o proyecto político siga gobernando un país (que tampoco es lo adecuado), sino que está netamente ligado a la figura de un individuo. Es la intención de que esa persona (y el círculo pequeño que lo rodea) continúe usufructuando del poder para fines poco transparentes. No queda la duda de que si a Hugo Chávez no le hubiera aquejado la enfermedad que lo llevó a perder la vida, no habría tenido sustituto a la vista. Es más, la propia elección de Nicolas Maduro fue un mandato de Chávez a su militancia antes de morir.

Este excesivo culto a la personalidad salió a relucir durante las campañas del referendo del 21F, puesto que los partidarios de Evo Morales en sus mensajes prácticamente trataban de equiparar a este mandatario con un dios. Vinculando el futuro de nuestro país exclusivamente a esta persona y nadie más. Es conocida la frase pronunciada en un acto público por el vicepresidente Álvaro García (que en el “reeleccionismo” ha sido beneficiado constantemente como acompañante de fórmula de Morales, pese a la resistencia de algunos grupos internos del MAS), en la cual indica que sin Evo “Va a haber llanto y el sol se va a esconder, la luna se va a escapar” (Sic)

Esta frase desató burlas y reproches, pero sin duda es una muestra de la intención de hacer ver al hombre más poderoso del país, como un ser sobrenatural y todopoderoso. Afirmaciones como estas, fueron las que llevaron a que los bolivianos tomen conciencia sobre los peligros del “prorroguismo” y la importancia de la alternancia política para la democracia. Por ese motivo la gran mayoría votó No a una nueva reelección de Evo Morales, y es ese voto el que ahora trata de desconocer este mandatario que se ha convertido en un ejemplo vivo de los males del “reeleccionismo”.

VI. A MANERA DE CONCLUSIÓN: RÉQUIEM PARA OTRA DEMOCRACIA.-

No cabe duda de que lo que se vive hoy en Venezuela es una situación extrema en comparación a otros países. El debilitamiento democrático y la tozuda posición del régimen chavista de mantenerse en el poder han causado en este país una crisis humanitaria que merece la atención y el involucramiento de todos los países del mundo.

Por esta razón, hay quienes dicen que comparar lo que sucede en Bolivia con Venezuela es un exceso y que supuestamente nuestro país no llegará a la misma situación. Pero como hemos hecho notar en el presente ensayo, Evo Morales desde que llegó al Gobierno nacional ha practicado al pie de la letra la receta chavista. Ha encarado las mismas acciones, con algunos matices, que fueron utilizadas en Venezuela para garantizar la permanencia de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro a la cabeza del poder en Venezuela. Tal vez en lo único que el MAS no quiso emular al chavismo, dentro de su estrategia prorroguista, fue en convocar a un nuevo referendo luego de haber perdido el 21F. Sin embargo, como señalamos anteriormente, para este caso utilizó otro ejemplo para nada democrático como es el caso de Daniel Ortega en Nicaragua, haciendo declarar la reelección indefinida como un derecho humano. La diferencia con Nicaragua, en este caso, es que se lo ha hecho por encima de un referendo vinculante y de cumplimiento obligatorio en el que de manera inequívoca la mayoría de la población decidió poner un límite al mandato de Evo Morales. Por tanto, en este caso la situación es más agravante, porque se está pretendiendo aplicar la receta de Ortega y a su vez desconocer la voluntad popular expresada en las urnas.

Lo que trato de señalar es que, para quienes creemos y defendemos principios democráticos, es entendible y gratificante ver las acciones que se han encarado a nivel internacional para restituir la democracia en Venezuela con el reconocimiento del Presidente encargado Juan Guaidó, y por ende, el desconocimiento al régimen de Maduro. Pero si los países democráticos del mundo, no asumen también de manera conjunta acciones para evitar que el régimen de Morales se perpetúe en el poder y se vulnere la soberanía popular del pueblo boliviano expresado en las urnas, desconociendo los resultados del referendo del 21F, podemos decir con mucha tristeza que estamos en el réquiem de otra democracia.

Eric Cícero Landívar Mosiño

Es Abogado y Politólogo con mención en Gobierno, Administración y Políticas Públicas. Cuenta con una Maestría en Derecho Constitucional y Autonomías. Desde el año 2014 funge como Delegado nacional ante el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia de la organización política DEMÓCRATAS; asumiendo también esta misma función en representación de la alianza Bolivia Dice No el año 2018.

Entre sus publicaciones se destacan: 1) “Influencia de los medios de comunicación en los valores fundamentales de la democracia”. Publicado en: Revista Conocimiento i Política, 2009. 2) “El límite al Poder Político como función primordial de la Constitución”. Publicado en: Revista Boliviana de Derecho, 2011; y La Gaceta Jurídica del periódico La Razón, 9 y 12 de agosto del 2015. 3) “La cláusula competencial como garantía de constitucionalidad de las leyes nacionales y sub-nacionales”. Publicado en: El Proceso Legislativo Boliviano en el Marco del nuevo modelo autonómico, 2013. 4) “Indigenismo y Constitución en Bolivia: Un enfoque desde 1990 a la fecha”. Publicado en: Revista Boliviana de Derecho, 2015; y en el país del Brasil en el libro O Constitucionalismo democrático latino-americano em debate, 2017.  5) “El rol de los Estatutos Autonómicos para el ejercicio de la autonomía”. Publicado en: Autonomía a debate. I Jornadas de Derecho Autonómico, 2017. 6) “Los Gobiernos Autónomos Departamentales como conquista histórica de la lucha autonómica”. Publicado en: Repensando el Estado Autonómico. ¿Avanza realmente la Autonomía? II Jornada de Derecho Autonómico, 2018.