Según el Informe Mundial 2021 de la organización Human Rights Watch, la situación en Cuba no ha sido favorecida por la asunción de Miguel Díaz-Canel. La defensa de los derechos humanos continúa sin ser una actividad legítima para el gobierno lo cual se ve en la falta de reconocimiento legal de las organizaciones locales que se ponen al hombro esta tarea.

El uso de detenciones arbitrarias y encarcelamiento de corta duración como medio intimidatorio para tratar con los opositores políticos, periodistas críticos y defensores de derechos humanos, entre otros, se ha llevado a cabo sin seguir los procesos formales correspondientes y han sido utilizadas cómo antecedentes en procesos judiciales posteriores. Asimismo se han utilizado para evitar la movilización política en favor de la democratización, de los derechos humanos, o simplemente en contra del gobierno.

Con respecto a los presos políticos, el informe indica que la principal dificultad para contar con información precisa respecto a la cantidad y estado de los mismos es la falta de accesibilidad que impone el gobierno. Más allá de eso los datos disponibles indican que no se da el debido proceso a la hora del arresto y la detención. Las condiciones de vida en los centros de detención atentan contra la salud de los prisioneros, se encuentran sobrepobladas, se obliga a las personas a realizar trabajos forzados y persisten los constantes castigos y abusos a aquellos que disienten con el gobierno o simplemente se manifiestan en contra de las condiciones deplorables, estos van desde el aislamiento a la denegación de atención médica. La pandemia producida por el COVID-19 ha repercutido en esta situación, se han incrementado las restricciones a las visitas, pero en un lo que se ha considerado una medida positiva se liberó a 6500 personas. Sin embargo, también se ha usado a la pandemia para justificar detenciones como en el caso de José Daniel Ferrer (Unión Patriótica de Cuba) o para evitar movilizaciones.

En cuanto a la libertad de expresión, si bien la llegada de internet a la isla ha permitido el acceso a fuentes externas de información y a blogs o sitios web alternativos a los del gobierno, este acceso no deja de ser fuertemente limitado ya que su uso es costoso y restringido. Por otro lado, en lo que concierne a las restricciones a la posibilidad de viajar el informe afirma que desde las reformas de 2013 se había dado la posibilidad de salir del país a muchos activistas o periodistas que anteriormente no habían podido hacerlo. Sin embargo, el uso discrecional de las mismas le sigue impidiendo la salida a opositores reconocidos en numerosas oportunidades.

Otros derechos como los laborales o los relacionados con la identidad de género y la orientación sexual también son vulnerados, incumpliendo estándares internacionales de derechos humanos. La educación durante la pandemia tuvo continuidad. Sin embargo, el acceso a la misma se vio dificultado en ocasiones por la complejidad de las clases o las restricciones al uso de internet y a su alto costo.

Por último, el informe identifica a algunos actores clave para acompañar la democratización de Cuba. La Unión Europea y los Estados Unidos son dos de ellos, la primera junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reiterado el pedido para levantar el bloqueo impuesto por los EEUU, ya que este afecta negativamente a la situación humanitaria del país. Sin embargo, este emprendió nuevas restricciones sobre aquellos que viajaban a Cuba, la restricción de vuelos fue una de ellas. A pesar de la situación en la que se encuentra el país fue nuevamente elegido para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

 

Melisa Procopio

Estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires (UBA)