Seguridad social, objetivos del Ministerio de Cultura, infracciones electorales y vigencia del peso convertible. Estos son algunos de los temas con los que comenzaba la semana el Consejo de Estado, órgano colegiado que opera en representación de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) durante los recesos entre los períodos de sesiones.
Con la participación del Presidente de la ANPP, Esteban Lazo Hernandez, y del Presidente de la República, Miguel Diaz-Canel, el lunes 14 de junio el Consejo de Estado emitió cuatro decretos-ley y otros acuerdos en relación a los mandatos municipales y el fortalecimiento del sistema. Si bien estos documentos aún no han sido publicados en la Gaceta Oficial, el sitio web del Parlamento Cubano adelantó algunos puntos que merecen ser analizados.
En primer lugar, se propuso una modificación al Decreto-Ley N°102 De Seguridad Social del Ministerio del Interior (MININT) para actualizar el Régimen Especial de Seguridad Social de este sector. a partir del sistema de seguridad social se intenta garantizar a los trabajadores y sus familias cierta estabilidad, ya sea por invalidez, edad avanzada o enfermedad. Entre las disposiciones de esta reforma se menciona la ampliación del “concepto de combatientes, permitiendo la protección en materia de seguridad social a los civiles que realizan funciones de regulación, evaluación y control en los diferentes niveles del organismo”.
Además, se incorpora como tiempo de servicio activo “el periodo de estudio en calidad de alumnos de nuevo ingreso en cursos de nivel medio superior o para cargos en las instituciones docentes del MININT” y “se establecen los requisitos mínimos para obtener una pensión por antigüedad y se modifica el cálculo de las pensiones”. De este modo, a través de incentivos económicos el Gobierno de Cuba procura dilatar la estadía de los miembros del MININT, alegando el trabajo llevado a cabo por oficiales y civiles para “preservar la Seguridad del Estado y el Orden Interior”. Cabe recordar que, en el último tiempo, Cuba fue el escenario de una serie de represiones y detenciones arbitrarias a activistas, artistas y comunicadores independientes, en manos principalmente de los agentes de seguridad estatal.
Por otra parte, en coincidencia con las disposiciones establecidas en la Ley N°127 – Ley Electoral, se dictó a través de un Decreto-Ley “De las Infracciones Electorales y sus Efectos” para regular aquellas cuestiones en torno a las conductas comprendidas como infracciones, las sanciones, los sujetos y autoridades competentes de aplicación.
También se aprobaron el Decreto-Ley “De la Misión del Ministerio de Cultura” para definir los objetivos de trabajo del organismo, afirmando que tiene como fin “proponer la política cultural del Estado y, una vez aprobada, dirigir y controlar su implementación en el país”; y la extensión a 180 días de los plazos para que los ciudadanos puedan realizar el cambio de pesos convertibles a pesos cubanos, “con la tasa de cambio de 24 pesos cubanos por un peso convertible” en las sucursales dispuestas por el Banco Central de Cuba. Esta decisión acompaña a uno de los principales pilares del Decreto-Ley N°17 de Implementación del Proceso de Ordenamiento Monetario propuesto a finales del 2020: unificación monetaria y cambiaria. Estableciendo asimismo, que a partir del 1 de julio de este año “el peso convertible deja de tener aceptación en las tiendas y establecimientos antes autorizados a recibirlos”.
En cuanto a los acuerdos: se propuso que el mandato en vigencia de las autoridades de las asambleas municipales del Poder Popular sea de cinco años; y una modificación a los Grupos Parlamentarios de Amistad. El primer proyecto resuelve prolongar el mandato de las asambleas municipales a cinco años, anulando lo previsto por la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Electoral que proponía “por única vez y a los efectos de garantizar la secuencia requerida para el proceso electoral, que el actual mandato de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular sea de hasta cuatro años (4) años, para dejar establecida una diferencia de hasta un año entre la elección de los delegados y la de los diputados”; y retomando la idea plasmada en el Art. 187 de la Constitución aprobada en 2019, donde se prevén mandatos de 5 años para las autoridades de las Asambleas municipales. El argumento recurrente para este tipo de decisiones estuvo encabezado con la situación sanitaria que se vive, y la imposibilidad de llevar a cabo elecciones.
Propuesto por la Comisión de Relaciones Internacionales de la ANPP, se acordó una modificación a los Grupos Parlamentarios de Amistad. Aunque no hemos tenido conocimiento de cuál es la naturaleza de aquellas modificaciones, la Ley N°131 de Organización y Funcionamiento de la ANPP y del Consejo de Estado de la República de Cuba, esboza cuales son los principios por los que deben velar estos Grupos de Amistades Parlamentaria, entre ellos: el intercambio de experiencias, dar a conocer la realidad de Cuba, y celebrar fechas históricas.
Para finalizar, la ANPP comenzó el proceso de discusión y análisis de los anteproyectos que serán tratados en el periodo de sesiones del mes de julio. Según el cronograma parlamentario, están sujetos a tratamiento cuatro proyectos enviados por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular. Tribunales de Justicia, Proceso Administrativo, Código de Procesos y Proceso Penal, son los cuatro anteproyectos que serán puestos a discusión según el cronograma. Debido a la situación sanitaria los debates se realizarán del 16 al 18 de junio a través de videoconferencias con Diputados, juristas y docentes universitarios de las diferentes provincias.
Una particularidad de este proceso es que los cuatro anteproyectos han sido publicados en el sitio web del Parlamento Cubano, consignando un mail al que los ciudadanos podrán aportar modificaciones o consultas sobre los mismos. El enigma radica en cuál es el grado de relevancia que tendrán estas ideas al momento de la aprobación de los proyectos.
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