México es una República Federalista, democrática, constitucionalista y regida por un Estado de Derecho. Está dividido políticamente en 32 entidades federativas siendo estados libres y soberanos en su régimen interior. Esta libertad y soberanía incluye la realización de elecciones locales bajo marcos normativos de cada entidad.

El proceso de transición a la democracia en México ha pasado, esencialmente, por la modificación de las normas e instituciones electorales, así como por la transformación de los sistemas de integración de los órganos representativos, para permitir reflejar en ellos la creciente diversidad política que, poco a poco, fue asentándose en el país (Córdova 2008: 653).

Dicho proceso de transición se articuló a través de ocho reformas electorales federales[1]. Estas reformas se trazaron con el fin de hacer más competitivo al sistema de partidos, de crear instituciones autónomas que coordinaran y, sobre todo, legitimaran los procesos electorales y, la más importante, que se generaran las condiciones para contar con una representación política más plural.

Cada una de esas transformaciones, que involucraron reformas tanto a la Constitución Política como a las normas secundarias, tuvieron objetivos específicos que, en términos generales, tendieron a introducir nuevas evoluciones que venían a sumarse a las que ya se habían concretado. De ahí el carácter gradual y paulatino de la transición democrática en México.

A partir de la Reforma político-electoral del 2014, se produjo una alteración a la naturaleza jurídica original de un sistema electoral federalizado. Se pasó de un sistema nacional donde existía una autonomía plena en la operación de los órganos electorales estatales a un sistema mixto bajo una forma central y federalista conviviendo con lo local en un mismo tiempo. Este punto de partida ya se había puesto en práctica por primera vez en las elecciones intermedias del año 2015, sin embargo, las pasadas elecciones presidenciales del año 2018 pusieron a prueba esta coordinación entre lo local y lo federal, al ser la elección más grande de la historia de México con 18,299 cargos de elección popular a elegir.

Con base en lo anterior, el presente artículo se centrará en comprender la dinámica actual del comportamiento entre el nivel federal y local en la esfera electoral en México, presentando 3 factores esenciales que permitan la comparación de ambos niveles: la organización de la elección, la violencia política y la alternancia en las elecciones. Finalmente, se resaltarán la importante labor realizada por los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) frente a los retos enunciados y cómo su contribución fortalece al sistema electoral actual.

Primer factor: organización de la elección

El nuevo sistema electoral, le confirió 74 nuevas facultades al Instituto Nacional Electoral (INE). De acuerdo con Rivera Velázquez (2017: 52), la propia Constitución establece la distribución de funciones entre el INE y los OPLE: al primero le corresponden, tanto para elecciones federales como locales, la capacitación electoral; la geografía electoral (incluidos el seccionamiento y la distritación); el padrón electoral y la lista de electores; la ubicación de las casillas y la designación de las y los funcionarios de sus mesas directivas; las reglas, lineamientos y formatos para documentación y materiales electorales; los lineamientos para observadoras y observadores electorales, resultados electorales preliminares, encuestas y conteos; así como la fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos y candidaturas.

El ejemplo más ilustrativo para entender la Reforma Político Electoral de 2014 es la Casilla Única. Derivado de la homologación de los calendarios de las elecciones locales para lograr su concurrencia con la celebración de las elecciones federales, se dio la necesidad de realizar todo el procedimiento de votación en un solo lugar, bajo la premisa de que con ello se habría optimizado el uso de recursos financieros, materiales y humanos, a través de este sistema operativo centralizado a una sola autoridad que controlara la casilla única en los procedimientos electorales de ambos niveles de gobierno.

En la actualidad, contamos con un modelo nacional de elecciones, en donde se establecen criterios generales para normar y homogeneizar las atribuciones de las instituciones locales; sin embargo, en algunos casos las leyes locales no están armonizadas con las leyes federales, generando complicaciones al momento de darle cumplimiento a los marcos normativos.

Derivado de la interpretación del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “los Estados son libres, soberanos y autónomos, teniendo como base su división territorial y libertad en su organización política y administrativa, el municipio libre”.

Si nos referimos a temas no armonizados en la Ley, en la Ciudad de México existe lo referente a los cómputos de las elecciones locales. De acuerdo con el Artículo 41, apartado C, numeral 5 de la Constitución Federal, en los estados las elecciones locales estarán a cargo de los OPLE, quienes ejercerán sus funciones en diversas materias entre ellas la de escrutinios y cómputos en los términos que establezca dicha ley.

Por otro lado, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (Código) establece que los cómputos y los resultados de las elecciones, se inicia con la recepción de los paquetes electorales de las casillas de los Consejos Distritales y concluye con los cómputos de las elecciones respectivas. En el caso de la autoridad electoral nacional, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) (Artículo 310, numeral 1), establece que los cómputos distritales iniciarán a las 8 de la mañana del miércoles posterior a la jornada electoral y concluye hasta que finaliza la suma de las actas.

Con este ejemplo, encontramos una disonancia para la organización de una elección.

Es importante señalar que es facultad exclusiva de la autoridad electoral local la realización de los cómputos, en el caso de la Ciudad de México el IECM, con base a lo establecido en el Código, y lo conducente a la LGIPE y a las Bases Generales para regular el Desarrollo de las Sesiones de los Cómputos en las Elecciones Locales, elaboró -como una iniciativa propia- los Lineamientos para las sesiones de los cómputos locales, declaratoria de validez y entrega de constancias de mayoría para el Proceso Electoral Local Ordinario.

Sin lugar a dudas, el realizar los cómputos distritales el mismo día de la elección al término de la jornada, representó un reto para la institución en cuestiones de logística, resolviendo una situación que se presentó años atrás cuando se implementó por primera vez el sistema de Casilla Única, y se detectó que la documentación electoral local se encontraba en una caja paquete distinta a la que correspondía. Desde la primera vez que se aplicaron las nuevas leyes que derivaron de dicha Reforma, se han ido mejorando los procesos, implementado nuevas tecnologías y protocolos de intercambio de actas y boletas electorales de las elecciones federales y locales que hayan sido integradas y depositadas en forma equivocada desde la casilla. Estos nuevos procesos han blindado la integridad  y la certeza de la elección local.

Este es un ejemplo de los retos con los que se encuentran las instituciones electorales locales al regirse por marcos normativos en los distintos niveles de gobierno.

Segundo factor: violencia política

El Proceso Electoral 2017-2018 se caracterizó por dos componentes: ser la jornada histórica en donde se disputaría el mayor número de cargos a elegir, pero al mismo tiempo y desafortunadamente por los más altos niveles de violencia política que se vivieron a lo largo del país.

Para esta investigación, se pudo constatar que los procesos electorales subnacionales son los puntos focales en los que las organizaciones criminales utilizan todos sus medios para lograr propósitos ilícitos, ejerciendo violencia en contra de candidaturas o partidos políticos que no están acordes con sus intereses.

Durante el proceso electoral 2017-2018 existieron 774 agresiones globales contra personas involucradas en política, estas agresiones fueron las siguientes:

DelitoCantidad de casos
Amenazas278
Homicidios152
Agresiones físicas125
Agresiones con arma de fuego64
Atentados contra familiares59
Asaltos con violencia38
Secuestros31
Heridos con arma de fuego27
TOTAL 774

Fuente: Etellekt Consultores, 2018.

 

De estas 774 agresiones realizadas a personas involucradas en política (precandidaturas, candidaturas, funcionarias y funcionarios públicos), solamente 1 fue hacia un candidato de nivel federal. Los 152 asesinatos que se mencionan en la tabla incluyen los 49 asesinatos de candidatas (os), además esta cifra engloba exfuncionarios, funcionarios, ediles, ex ediles, etc.

Con estos resultados podemos entender que en el nivel local es donde los políticos corren más peligro, respondiendo esto a una pérdida de controles verticales a raíz de la descentralización y autonomía de cada entidad.

Los Estados que sufrieron más agresiones en general contra políticos fueron: Puebla con 125, Guerrero con 81 y Oaxaca con 61 casos. Los Estados con menor número de agresiones fueron Colima, Nayarit y Aguascalientes, que no alcanzaron más de 5 agresiones durante todo el proceso electoral. Es importante señalar que de los 32 Estados que conforman México, en 5 capitales (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Tlaxcala y Mérida) las agresiones se dieron únicamente a nivel municipal.

En el caso de la Ciudad de México, desde el arranque del proceso electoral a nivel federal (8 de septiembre) hasta el 1° de julio de 2018, se presentaron 29 agresiones globales contra políticos, encontrándose por encima de la media nacional que es de 24 agresiones y ocupando el lugar 8vo de los 32 estados.

Para Gibson, el federalismo mexicano empodera el nivel municipal, esto tiene que ver con los recursos económicos independientes, así como la autonomía fiscal del que la mayoría goza. De ahí, que los tratos directos con el crimen organizado se den, en su mayoría, en este último nivel de gobierno.

Tercer Factor: alternancia en las elecciones

Durante varias décadas, México fue el principal ejemplo para explicar al sistema de partido hegemónico, según los términos de Sartori. Este sistema permite o autoriza la existencia de más de un partido político; sin embargo, no se les permite competir en términos antagónicos y en pie de igualdad. Así, la alternancia no sólo se produce de hecho, sino que simplemente no puede ocurrir. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde su nacimiento (1929), hasta el año 2000 permaneció en el poder a nivel federal.

Comportamiento de la alternancia a nivel subnacional:

  • La alternancia a nivel subnacional se fue comportando de manera diferente previo al año 2000 en comparación del nivel federal (elección a gobernador).
  • En 1989 en el ámbito subnacional se produjo la primera alternancia en un gobierno estatal (Baja California).
  • Hasta antes del año 2000, 13 entidades federativas alternaron el poder con un partido diferente al que gobernaba a nivel nacional, a la fecha Campeche, Hidalgo, Coahuila y Estado de México son los únicos estados donde no se ha dado alternancia.
  • Hablemos de un año en particular, 1997 es la primera ocasión que el otrora Distrito Federal hoy Ciudad de México, tiene elecciones a cargos de elección popular, en esta ocasión ganando a nivel federal el partido hegemónico y a nivel local ganó la entonces tercera fuerza electoral del país, el PRD y por primera vez el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados (nivel federal).
  • Pasaron 11 años entre la primera alternancia a nivel subnacional con la federal del año 2000.

Podemos afirmar que con el aumento de gobiernos liderados por partidos diferentes al que gobernó por más de 70 años en el país, tanto a nivel estatal como municipal, permitió que el federalismo empezara a ser una realidad, con una alternancia que se tornó habitual en el plano local y a partir del año 2000, también en el federal.  No necesariamente lo que sucede a nivel nacional tiene un impacto que afecte en la determinación del electorado en los cargos a nivel subnacional, las y los mexicanos votaban de modo diferenciado.

Alternancias a partir de la Reforma de 2014.

La Reforma Electoral de 2014 modificó el sistema nacional de elecciones en México. A la fecha, existen diferentes estudios (Nicolás Loza, Irma Méndez Hoyos, Hugo Concha) que demuestran un fortalecimiento en los procesos subnacionales, los cuales en su mayoría están siendo resultado de la misma reforma electoral.

Como lo podemos ver en el siguiente cuadro:

En la pasada elección del 1° de julio, en 7 de las 9 elecciones de gobernaturas y jefatura de gobierno hubo alternancia en el partido gobernante, siendo 5 estados los que coincidieron con el partido que ganó la elección presidencial.

Como podemos observar, y a partir de las reformas electorales del 2014, en las elecciones a nivel subnacional ha existido más la alternancia política que la pertenencia del partido en el poder, esto es atribuible a que el sistema electoral mexicano ha contado con procesos más exigentes tanto del lado técnico como operativo, dando así elecciones con resultados de calidad e integridad electoral.

Papel de los OPLE frente a los retos presentados

Si bien la reforma de 2014 disminuyó las atribuciones de los OPLE, la vasta experiencia de las y los funcionarios que los integran, el conocimiento de las particularidades locales, la cercanía con la ciudadanía, entre otros temas, permitió visibilizar los retos que se presentarían en torno a la disonancia entre lo nacional y lo local.

No sólo se entrevió, sino que se realizaron acciones que permitieron hacer frente a cuestiones que podrían provocar disturbios en los procesos electorales. Dichas acciones, en la mayoría de los casos, fueron propuestos desde lo local.

En cuanto al primer factor de la organización electoral, se resalta que en la Ciudad de México, por iniciativa de la autoridad local, se desarrolló una tecnología de Identificación de Radiofrecuencia Electromagnética (RFID) que facilitó la detección de la documentación electoral necesaria para cumplir con la normativa local de llevar a cabo los cómputos el mismo día de la elección, dando cumplimiento a lo señalado por el Código de la Entidad pero con la aprobación por parte de la autoridad nacional a través de un Protocolo para la detección e intercambio de actas y boletas.

Respecto al segundo factor es importante señalar que la violencia política no es una problemática que el OPLE pueda resolver directamente y que se encuentre dentro de sus facultades y atribuciones; sin embargo, el conocimiento de la situación política y geográfica de las entidades permitirá que se dicten líneas específicas para poder contener los problemas de agresión o daño a la integridad de las personas que acontecen, como puede ser la realización de estudios que muestren las zonas con mayor índice de peligrosidad y generen acuerdos de colaboración con las fiscalías y autoridades de seguridad pública y estas brinden el apoyo a la ciudadanía en los periodos electorales.

Por último, el tema de la alternancia como factor del presente estudio, ha permitido que la permanencia de las autoridades electorales locales sea de más de 20 años en toda la república mexicana. Esta alternancia se debe principalmente a la imparcialidad con la que los OPLE han operado y coadyuvado a fortalecer las democracias a nivel subnacional.

Consideraciones finales:

  1. Si bien en cierto modo nos regimos por un sistema de elecciones nacionales, no necesariamente lo local se refleja en lo federal y viceversa.
  2. Las circunstancias que rodean la elección a nivel local no siempre se visualizan a nivel federal ya que el impacto que tienen corresponde a universos diferentes, como se pudo constatar en la violencia política que se vivió en el proceso electoral pasado (un índice sumamente menor de las candidaturas federales en comparación con las locales).
  3. En el marco nacional se pueden perder los factores particulares de cada entidad, es por ello que, al homogeneizar los procesos, no necesariamente la norma cubre las particularidades de los 32 Estados como lo es su geografía, los usos y costumbres, el nivel sociocultural, el desarrollo económico, e incluso el de la injerencia de las organizaciones delictivas en la sociedad.
  4. Las particularidades de las elecciones subnacionales permiten la propuesta de diversos mecanismos o nuevos procesos que ayuden al desarrollo de las elecciones, como ejemplo tenemos las nuevas tecnologías o la implementación de protocolos o acciones afirmativas que cubran las necesidades específicas de cada entidad federativa con ello teniendo elecciones locales con nuevas propuestas y con una mayor integridad electoral.
  5. Es necesario generar nuevos estudios en donde los casos subnacionales no se vean como casos aislados a lo que acontece en el nivel federal, tanto lo por las relaciones de manera horizontal como vertical o en su caso regional.

[1] Las Reformas de 1977, 1986, 1990, la de 1993, 1994, 1996, la de 2007 y la 2014.

Myriam Alarcón es Maestra en Economía y Gobierno por la Facultad de Economía de la Universidad Anáhuac. Es Licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, donde ha impartido la catedra de “Derecho Civil”. Actualmente es Consejera Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en donde preside la Comisión de Organización Electoral y Geoestadística y coordina los trabajos del Comité Especializado en torno a la Figura de la Diputación Migrante. Ha participado como ponente en diversos foros y seminarios en materia Electoral. Ha dictado conferencias en el extranjero, relacionadas con el voto de los mexicanos en el exterior en las Universidades de Columbia; Nueva York (NYU) y Cornell, todas estas en el estado de Nueva York; además, participó en el Encuentro “El Voto de las Mujeres Migrantes” en el Consulado General de México en Chicago, con la Conferencia “Las Mujeres Migrantes y la Participación Política”. También participó en la Tercera Edición Fortaleciendo los Procesos Electorales en Río Negro, Argentina, con la conferencia “Tecnología y Democracia en América” y con la Conferencia “La participación de las Mujeres Migrantes en los Procesos Electorales” dictada para el Consulado de Los Ángeles, California. Ha colaborado con artículos en los libros “La Ciudad de México y su Esquema Electoral” y “Un ejercicio de Reflexión, Elecciones 2018 contribución de la democracia”; además, ha participado en diferentes misiones de observación en América Latina como invitada de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES).