La oportunidad que representa la crisis de la pandemia en cuanto al modo en que el empleo de la tecnología puede contribuir a reconfigurar la relación entre sociedades y estados es aun invaluable. De la inteligencia en el uso de los recursos digitales dependerá el crecimiento social y económico de la región.

Desde hace más de un año que hemos ido aprendiendo a relacionarnos con nuestros trabajos y seres queridos a través de barbijos y medios digitales. Hay dos cosas que al día de hoy ya tenemos claras, sabemos que la pandemia estará entre nosotros un buen tiempo y no sabemos hasta cuándo durará esta alteración de nuestros hábitos y cuidados, de nuestra vida en general. Los cambios de esta nueva normalidad no son solo para con nuestra cotidianeidad, son también con nuestros gobiernos; y desde los estados debemos acompañarlos.

Así como todo pasó a hacerse a distancia, y desde nuestros teléfonos superpoblados de apps, también los gobiernos tuvieron que acelerar procesos y acompañar esta tendencia de solicitar bienes, servicios e información a través de distintos portales gubernamentales. La pandemia desnudó, en muchos casos, el retraso existente en la implementación de estas políticas, tanto en relación con la ciudadanía como dentro del propio estado y su comunicación interna. Si bien esta reconfiguración no se inició con el virus, sí se extendió. Diversos gobiernos a nivel nacional y subnacional, de derecha e izquierda, implementaron recursos digitales para controlar la pandemia y atender a sus sociedades. Estas tecnologías se han implementado para medir la propagación del virus, conocer la ubicación exacta de las personas contagiadas, solicitar asistencia médica y conocer, incluso en tiempo real, la disponibilidad de camas en los centros médicos. Ecuador, por ejemplo, autorizó el rastreo satelital mediante el número de celular o el GPS en los teléfonos inteligentes de las personas que están bajo el cerco epidemiológico. Argentina, por su parte, lanzó la aplicación “Covid19” en la cual los usuarios pueden indicar sus síntomas relacionados con el COVID-19 y realizar un autodiagnóstico. Esos datos también se cruzan con el servicio de migración, lo que permite un mejor control a quienes regresen al país después de un viaje y que se encuentren en cuarentena. En el caso colombiano, se realizaron avances en interoperabilidad de los sistemas que permitieron el intercambio de datos personales y de salud en formato digital entre entidades de investigación y con profesionales de salud de otros países a fin de acumular evidencia empírica que permitiera mejorar el abordaje de las personas contagiadas. Como último caso de muestra, podemos agregar el caso de México, que implementó una estrategia digital que permite autodiagnóstico, triaje virtual, simulación de contagios para evaluar la capacidad hospitalaria y seguimiento de pacientes a través de “chat-bots”.

Pero la tecnología también ha sido dirigida hacia la esencia de la relación entre gobiernos y ciudadanos. Se aplicó para brindar información oportuna, confiable y en tiempo real. Se implementó también para lograr una mayor transparencia respecto a las decisiones del estado y de la administración de bienes, y para favorecer la participación ciudadana. Chile y Brasil, por ejemplo, han llevado adelante un seguimiento del proceso de vacunación abierto que permite a la sociedad civil participar en el manejo de datos.

Se hace evidente, entonces, que la tecnología de los datos tiene el potencial de aumentar la cantidad de servicios que el Estado puede brindar y acortó los tiempos en que puede hacerlo. Esto que parece una obviedad lleva consigo un cambio cultural muy importante en cómo los estados y sus instituciones llevan adelante el manejo y la administración de la información. La era de la revolución informática exponencial replantea el significado de gobernar, gestionar y regular, porque las tecnologías no cumplen una función meramente instrumental frente a la racionalidad burocrática sino que alteran el vínculo del Estado con la sociedad -en términos de demandas, expectativas y confianza pública- y hacia el interior del Estado, afectando el modelo de organización, las metodologías de trabajo y las relaciones entre las distintas agencias, unidades, jurisdicciones y poderes estatales.

Hay que resaltar que la importancia de los datos para la gestión es previa a la pandemia y su uso no queda acotado a ella. No todo es pandemia. También existe, o existirá, un post pandemia, que nos habrá dejado el afianzamiento de este nuevo modelo de relación entre la ciudadanía y los gobiernos, la ciudadanía y el acceso y manejo de los mismos para permitir nuevos entornos de diálogo y participación pública, y la ciudadanía y nuevas realidades laborales, formatos educativos y reclamos sociales.

Nuestros gobiernos, hacia afuera de la estructura burocrática que los sustentan, tienen que consolidar la cultura de la transparencia a través de la publicación de los datos. La transparencia activa es un eje fundamental de este cambio cultural que se demanda de los estados. Se trata de alcanzar la obtención de valor a través del modelo tecnológico digital, que dependerá de diseñar un modelo estatal más colaborativo y abierto a la sociedad. Hacia adentro, deben garantizar la disponibilidad de los datos de manera ordenada y oportuna, independientemente de la unidad generadora; que incentive la coordinación intergubernamental a partir de insumos para la información compartidos y criterios de validez alineados; Los datos son fuente de información concreta, sistemática y amplia, indispensable a la hora de gobernar ya que son la materia para una correcta comprensión del universo sobre el que se pretende intervenir y brinda las posibilidades para hacerlo de manera específica, efectiva y asertiva. Por eso, un buen modelo de gestión de datos es indispensable para impulsar la eficiencia del quehacer estatal mediante la progresiva eliminación de la duplicación de esfuerzos y de la orientación de las acciones basadas en evidencia. Estonia es el modelo paradigmático de esta organización con nodos y centralidades que permiten una relación entre los ciudadanos y un estado proveedor de servicios dinámica y sencilla.

Como indica el Vicepresidente del Banco Mundial, Felipe Jaramillo, “Debemos repensar el futuro y no solo intentar volver al lugar donde estábamos previo a esta pandemia”.  Por eso, para aprovechar esta consolidación digital, nuestra región debe mejorar la productividad del sector de los servicios, invertir en capital humano, reconfigurar la normativa laboral y rediseñar las políticas de protección social. Tarde o temprano la pandemia finalizará. Nuestros gobiernos latinoamericanos, por ejemplo, deben trabajar para sostener la presencia en línea de empresas de comercio minorista, que, según la CEPAL, en tan solo un año aumentó en un 431%. Deben profundizar la utilización de la banca electrónica y servicios financieros digitales, que ayudará a bajar la incidencia que la economía informal tiene en la región. La consolidación de los gobiernos digitales depende de tener una visión que entienda los datos como un bien público que, además de ser el pilar del control, la transparencia, el compromiso social y la eficiencia burocrática, pueda ayudar a la innovación, la generación de valor, el desarrollo y la equidad nacional y el empoderamiento colectivo.

En 2016, Argentina realizó un gran avance en materia de apertura de la información y rendición de cuentas. Ese año, el parlamento argentino aprobó la ley de Acceso a la información pública, herramienta indispensable para que el Estado genere datos de manera sistemática, exponiéndolos con regularidad y diseñando un modelo de apertura que no dependa de la demanda de la ciudadanía, sino que se basara en la noción de Transparencia Activa. Ahora, en 2021, debemos lograr que ese esfuerzo se traduzca en un modelo de datos que le permita al estado ejercer su gobernanza. Por eso, en mi rol de diputada, presenté un proyecto para que el poder legislativo dinamice y organice su trabajo a través de un Sistema Integral Parlamentario Electrónico que clarifique y establezca los procesos y procedimientos necesarios para lograr la unificación de los diversos sistemas de información y bases de datos, actualmente dispersas, de modo de abarcar, integrar y trazar todo el trámite legislativo: desde la presentación del proyecto hasta su sanción y promulgación. También, en esta línea, estoy preparando un proyecto que permita establecer un Modelo de Gobernanza de Datos Públicos. De este modo, se busca romper las celdas existentes entre los poderes y lograr que ejecutivo, legislativo y judicial integren los datos que manejan y los sistemas que utilizan.

En resumen, los datos permiten lograr mercados más desarrollados con actividades de mayor valor agregado en estados más eficientes con gobiernos más abiertos, colaborativos y transparentes. Aprovechar el estímulo digital que la pandemia desencadenó es una oportunidad para que la región pueda ser competitiva en un mundo globalizado, genere inserción laboral de calidad y apunte a un modelo económico, social, ambiental e institucionalmente sostenible.

 

Dolores Martínez Diputada Nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Electa por el espacio Evolución Radical, integra el bloque Radical en Juntos por el Cambio. Es Licenciada en Ciencia Política, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Trabaja desde hace muchos años en temas vinculados a la modernización del Estado, parlamento abierto, uso de las tecnologías, especialmente del poder legislativo, y fue Directora del Programa de Modernización de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (2016-2019) Tiene amplia experiencia en temas legislativos y de gestión.