El actual presidente brasileño, de acuerdo a las estadísticas, posee el peor índice de aprobación como jefe de Estado al comenzar su mandato desde la restauración de la democracia, allá por el año 1985, según sondeos de Datafolha el 30% de los brasileños considera que el actual gobierno es “malo”. Mientras que el 32% lo considera “excelente” y un 33% de la misma lo considera “regular”. Analizar parte de la agenda política para comprender la realidad democrática de la República Federativa del Brasil es uno de los desafíos que nos proponemos, por esto, es fundamental hacer alusión a la relación entre las propuestas en campaña de Bolsonaro, y de qué forma las aplica en la realidad del país.

Existe una regresión en materia de derechos humanos y paralelamente disociaciones en el propio cuerpo ejecutivo, (la destitución de los ministros Gustavo Bebbiano en febrero, y de Ricardo Vélez hace apenas unos días) son causas de la temprana impopularidad de su gobierno, al menos en cuanto a lo político y social. Teniendo en cuenta la magnitud de análisis que requiere la realidad política brasileña, acotaremos nuestra atención a la situación de la comunidad LGBTIQ y a la implementación de una enseñanza que promete ser el hincapié de debate y discusión en la sociedad. Otra cuestión en materia alarmante es la flexibilización del marco legal en lo referido a la portación y compra de armas de fuego; además de la posición, por parte, de los funcionarios frente a la lucha contra la delincuencia.

Hablando del retroceso en materia de Derechos Humanos de la comunidad LGBTIQ, es importante destacar que con el decreto 730/19 quedan excluidas del organigrama estatal todas aquellas dependencias encargadas de llevar políticas públicas para estos colectivos; de modo que se ve imposibilitado el acceso a un trámite pertinente para solicitar una cédula de identidad nueva, o de acceder prestaciones de salud acordes a sus necesidades; y otros aspectos que están contemplados en la “Declaracion sobre orientacion sexual e identidad de género de las Naciones Unidas” de 2008, donde Brasil es ratificante. Ademas, estos colectivos quedarán excluidos de las políticas que lleve a cabo la nueva Ministra de Familia, Ciudadanía y Derechos Humanos, Damas Alves. Respecto a la enseñanza en contra de la ideología de género, la ministra Alves proclamó la llegada de una “nueva era a Brasil, en la que los niños visten de azul y las niñas visten de rosa". Estas medidas que el gobierno ha tomado condenan a la invisibilidad a la comunidad LGBTIQ, negandoles el reconocimiento social que tanto les ha costado construir. Bajo el justificativo de “valorizar la familia cristiana”, se ha propuesto a su vez negar la posibilidad a parejas homosexuales de poder adoptar, e incluso, contraer matrimonio. Cuestión que deja entrever el constante atropellamiento de derechos humanos y la vida privada de cada uno de los ciudadanos.

Por otro lado, según cifras del Foro Brasileño de Seguridad Pública, en 2017 hubo 63.880 asesinatos, superando ampliamente las cifras de años anteriores. Está escalada de violencia, en un país donde hay un alto índice de inseguridad, fue tomada por Bolsonaro como el justificativo para dos de sus propuestas de campaña que más repercusión generaron en el mundo: armar a la población civil y, brindar una mayor flexibilidad en materia penal para los policías que matan en ejercicio de sus funciones, ambas con la consigna de ampliar la legítima defensa. Ya en el poder, la aplicación de estas medidas no tardó en oficializarse. En primer lugar, los ciudadanos que desean adquirir un arma ya no deben justificar la necesidad ante la Policía Nacional, además, el permiso de portación se amplía de, 4 años a 8, y permite además que cada persona tenga hasta 4 armas de uso personal. Por último, el ministro de justicia, Sergio Moro, planea exculpar a los policías que maten a criminales sin antes haber recibido una amenaza concreta alegando que: “El policía no tiene que esperar a recibir un tiro para poder responder”. Estas cuestiones en materia de seguridad resultan llamativas ya que al aplicarse la política del “gatillo fácil”, la sociedad puede resultar perjudicada por el hecho de que pueden ser prejuzgados por las propias fuerzas policiales, y en el peor de los casos les costaría la vida.

Lo cierto es que, la agenda política del gobierno demuestra la voluntad de accionar conforme a las propuestas en campaña del 2018, lo que nos confirma que cuenta con el respaldo de un sector de la sociedad. Paralelamente hay una realidad que no se debe ignorar, que debe ser atendida e integrada a su agenda, y para esto las vías y pilares de la democracia son fundamentales, por lo que es necesario que todos los sujetos del sistema se involucren. Esto conlleva a que las políticas implementadas por el gobierno brasileño en su corto plazo pueden considerarse adversas al espíritu democrático, porque no privilegian el bien común de la sociedad, prescinde de las minorías a la hora de analizar y aplicar políticas públicas, y sumado a esto las despojan de derechos fundamentales .