En México es casi una tradición que después de una elección presidencial se plantee llevar a cabo una reforma electoral, la cual normalmente es referida como de gran calado. Algo ya conocido es que por lo general los derrotados culpan a las reglas y al sistema por sus resultados, y en virtud de esto proponen cambiar la legislación electoral, lo que normalmente es aceptado por la fuerza mayoritaria. Todo indicaba que tras las elecciones 2018 esto no ocurriría dados los amplios márgenes de victoria y el oportuno reconocimiento de la victoria de Andrés Manuel López Obrador por parte de los otros candidatos presidenciales y el presidente Enrique Peña Nieto. En esta ocasión nadie culpó a las reglas ni denunció la actuación de la autoridad electoral nacional. Esto hizo creer que no habría necesidad de una reforma electoral, pero al parecer se leyeron mal las señales.

En el ánimo de la llamada 4T, en el que la institucionalidad conocida hasta ahora debe cambiar para hacer frente a los nuevos tiempos, legisladores y legisladoras de Morena comenzaron a impulsar con fuerza la idea de una reforma electoral, ello a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo había planteado, y expresamente había señalado que no buscará ninguna modificación a las reglas electorales. Este escenario es novedoso, pues a diferencia de las anteriores reformas electorales, la propuesta no la hacen los derrotados, sino el gran triunfador.

El debate entre legisladores, partidos políticos, autoridades electorales, especialistas y la academia ha comenzado ya, aunque no existe un planteamiento único de reforma, pues de septiembre de 2018 a la fecha se han presentado más de 120 iniciativas para modificar la legislación electoral mexicana. Los temas que se han puesto sobre la mesa van desde reducir el financiamiento público que reciben los partidos políticos, disminuir la cantidad de legisladores de representación proporcional, extinguir los institutos electorales locales e incorporar figuras de democracia directa; hasta la implementación del voto electrónico o la tipificación de la violencia política de género como causal de nulidad de una elección y/o como delito electoral, por mencionar apenas algunos.

La motivación detrás de este impulso reformista por parte de las y los legisladores de Morena es, según lo dicho, reducir los costos de la democracia mexicana, lo cual no nos puede sorprender pues la austeridad es uno de los ejes de la actual administración gubernamental. En este sentido las dos propuestas que se han discutido más ampliamente son la reducción del financiamiento a partidos políticos y la desparación de los institutos electorales locales.

Casi por regla general la democracia es costosa, aunque no podemos negar que la mexicana por momentos resulta excesiva. Los partidos políticos reciben financiamiento público de manera muy generosa y casi permanente, solamente en este año Morena tiene de financiamiento mil quinientos millones de pesos –casi 80 millones de dólares–, una cantidad nunca antes recibida por alguna fuerza política. Además del dinero público que reciben para su operación cotidiana, los partidos también reciben recursos para las campañas electorales y para otras actividades específicas que señala la ley.

Como muestra de lo anterior, bastaría observar la siguiente gráfica.

El modelo de financiamiento a partidos políticos de México es probablemente el más generoso del mundo, pues además del dinero que reciben, también tienen acceso a tiempos en radio y televisión de manera gratuita. Sin embargo, reducir en estos momentos el financiamiento que reciben los partidos políticos en un 50% probablemente pondría en una situación muy delicada a todas las fuerzas políticas excepto a Morena, pues este partido, aún con la reducción que se propone, recibiría el doble de lo que recibió como financiamiento en 2018. En cambio, el resto de los partidos resultaría seriamente afectado en los recursos que reciben -al grado de ver comprometida su viabilidad-, lo que de cara a una elección tan grande e importante como la de 2021 podría generarse una afectación seria a la equidad de la contienda.

Es indudable que se necesita una revisión en este aspecto –tanto en montos como en mecanismos–, probablemente reducir paulatinamente el financiamiento y permitir mayor financiamiento de las y los militantes sea positivo; aunque es necesario valorar detalladamente este tema, a efecto de no debilitar a los partidos políticos, ya que contar con un sistema de partidos políticos débiles no es deseable en ninguna democracia.

La otra medida de austeridad propuesta por las y los legisladores de Morena es la eliminación de autoridades electorales a nivel local. Es cierto que como ningún otro país en el mundo, tenemos un doble nivel de autoridades electorales, locales y federales, que de manera coordinada organizan las elecciones. El modelo electoral que hemos construido en México ha hecho funcional que la autoridad nacional organice las elecciones de la Presidencia de la República, la Cámara de Senadores y la de Diputados, mientras que las autoridades electorales locales (denominadas Organismos Públicos Locales o Institutos Electorales Locales) se encargan de las elecciones de las gubernaturas, ayuntamientos y congresos locales.

El diseño institucional que desde 1990 se ha confeccionado para las autoridades electorales implica contar con entes autónomos en los cuales el gobierno no pueda incidir, de manera que se garantice la imparcialidad en el actuar de las autoridades y la independencia de sus integrantes. Bajo estas premisas se crearon el Instituto Federal Electoral (IFE), ahora Instituto Nacional Electoral (INE); el Tribunal Federal Electoral (TRIFE), ahora Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y los institutos y tribunales electorales locales.

Desafortunadamente la consolidación de este diseño institucional no se ha logrado del todo, pues después de la primera integración de consejeros y consejeras electorales IFE –que concluyó en 2003– y de magistradas y magistrados del TEPJF -que finalizó en 2006-, los partidos políticos representados en el legislativo han visto redituable la intromisión en las autoridades electorales a partir de los procesos de designación y remoción de sus integrantes, siendo esta una amenaza permanente a la autonomía e imparcialidad de las autoridades electorales, así como a la independencia de sus integrantes.

En este sentido, es claro que las últimas dos grandes reformas electorales en México, la de 2007 y 2014, parte importante de las modificaciones ha pasado por la terminación anticipada del encargo de consejeros y consejeras electorales del IFE, y la designación de nuevos integrantes de la autoridad administrativa electoral. No se puede soslayar que tanto los procesos de designación de consejeros electorales del IFE de 2003 y 2007, del INE en 2015 y 2017, así como de magistrados y magistradas del TEPJF en 2006 y 2016, han sido polémicos y objeto de acusaciones entre fuerzas políticas, inclusive varios de ellos han sido objeto de controversias que se terminan resolviendo en las instancias jurisdiccionales. Claro, siempre con la intención de tener un control político de la autoridad electoral.

En este contexto genera suspicacia la propuesta de legisladores de Morena para eliminar los institutos electorales locales y en su lugar generar nuevas autoridades a partir de las ya existentes que forman parte del INE (consejos locales), pues plantea que a las y los integrantes de esta autoridad electoral local los designen las y los diputados federales. Pareciera pues, que una vez más, se plantea una reforma con el pretexto de abaratar los costos de la democracia mexicana, pero que en realidad tiene un trasfondo que busca que los partidos políticos tengan un control político de las autoridades electorales, minando su autonomía e imparcialidad y buscando incidir en la independencia de sus integrantes.

Esta búsqueda del control político de la autoridad electoral, aunque suele ser una de las tensiones naturales en cualquier sistema electoral, en términos ideales debe desaparecer. Se hace más evidente cuando se proponen reformas electorales en las que se señala un objetivo, como en este caso es la austeridad electoral, pero que la propuesta no cuenta con sustento a partir del cual pueda advertirse que con los cambios que se plantean se va a conseguir el objetivo propuesto.

La propuesta de eliminar los institutos electorales locales bajo el pretexto de la austeridad, que la llamada cuarta transformación del país ha establecido como uno de sus ejes rectores, carece de evidencia de que esto podrá lograrse. Hasta ahora lo que sabemos es que en un año como 2019  el sistema electoral nacional representa una erogación equivalente a 1,715 millones de dolares americanos, que se distribuyen de la siguiente forma:

No sabemos los costos que traería el eliminar los institutos electorales locales y que sea el INE el que realice las funciones de organizar las elecciones locales en México.

Lo cierto es que, ni el financiamiento a partidos políticos, ni las autoridades electorales son lo más costoso de la democracia electoral mexicana. Realmente, en lo que más se gasta dinero es en combatir la desconfianza: todos los controles legales que se contemplan para evitar el fraude electoral, sumados a aquellos que implementan las autoridades electorales para evitar que las fuerzas políticas en su narrativa de fraude electoral los acusen de parciales, son lo que realmente termina elevando el gasto electoral. Tan solo la boleta electoral tiene 16 medidas de seguridad para evitar su falsificación, ¡más que nuestros billetes! En adición a esto, la autoridad electoral monitorea 24 horas al día todos los medios de comunicación y en muchas ocasiones revisa oficiosamente el contenido de los spots de radio y televisión. A esto hay que agregarle que se deben atender todas las quejas, aún las más frívolas, presentadas por las fuerzas políticas y cuya finalidad es más de carácter mediático o dilativo que jurídico o técnico.

Como país nos ha tomado años construir el sistema electoral actual, cuyo diseño y principios obedecen a múltiples reformas electorales. El sistema electoral mexicano necesita reglas claras e instituciones fuertes, pero, sobre todo, requiere demócratas que acepten las reglas y respeten las instituciones. Este es, sin lugar a dudas, el mayor pendiente de la democracia mexicana y eso no se logra con una reforma, pues no es algo que dependa de la ley, sino de los actores políticos.

Arturo Espinosa es licenciado y maestro en Derecho, especialista en temas electorales. Laboró en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es Director de Strategia Electoral, así como consultor en temas constitucio- nales y electorales. Imparte clases en Derecho Constitucional y Electoral en diferentes Universidades del país, cuenta con publicaciones en temas electorales y constitucionales en México y América Latina. Ha participado como Observador Electoral con la OEA.