Los desafíos que enfrentará el nuevo gobierno ponen a prueba la fortaleza del sistema democrático uruguayo siempre contrastado con los países de la región por su ejemplaridad.

Los gobiernos del Frente Amplio

Luego de tres períodos de gobierno (15 años), con mayoría absoluta en ambas Cámaras, el Frente Amplio perdió las elecciones nacionales en noviembre pasado. El hecho ha sido una novedad, dentro de las varias que hubo en el último ciclo electoral uruguayo.

El mismo partido gobierna Montevideo, capital uruguaya y principal bastión electoral, desde 1990 de manera ininterrumpida.

Al igual que en Montevideo, a nivel nacional el Frente Amplio tuvo todo el poder a disposición. Manejó todos los espacios de decisión: Poder Ejecutivo, Parlamento (con mayoría absoluta en todo el período, como ya se ha dicho), Entes Autónomos y Servicios Descentralizados (empresas comerciales e industriales de dominio estatal) y demás organizaciones paraestatales.

Durante el período, también se benefició de un viento de cola en la economía, mayormente impulsado por el valor internacional de las commodities y la demanda de materias primas, principalmente de China.

Eso le permitió gobernar cómodamente con un crecimiento económico excepcional.

El primer gobierno de la izquierda (2005-2010), comandado por Tabaré Vázquez, se caracterizó por una serie de reformas: salud, impositiva; creación del Ministerio de Desarrollo Social y aplicación de plan de emergencia en esa área; modificaciones en la seguridad social que flexibilizó el acceso a jubilaciones y pensiones. Este último punto, debilitó la posición de la seguridad social en el país, que había sido corregida en 1995, y explica buena parte del déficit fiscal (5% del PBI) que el actual gobierno le va a heredar al siguiente.

El segundo gobierno del Frente Amplio, encabezado por José Mujica, se caracterizó por una amplia presencia mediática del mandatario y por el fracaso de varios proyectos de desarrollo: puerto de aguas profundas en la costa atlántica; planta regasificadora en la que participó la compañía brasilera OAS implicada en el tristemente conocido Lava Jato; intento de explotación de hierro y minero ducto a cargo de una compañía de la India sin antecedentes, que se encuentra demandando al Estado uruguayo. Lo que se ha resaltado de la gestión Mujica es la llamada agenda de derechos: aborto legal, legalización de la marihuana y matrimonio igualitario. De los tres temas, solamente el de la marihuana fue impulsado desde el Poder Ejecutivo, pero a modo de aspiración, sin profundizar en su contenido, que fue el Parlamento quien finalmente lo elaboró.

Esa agenda de derechos, acaba de ser criticada por el propio ex presidente Mujica, quien en entrevista con el semanario de izquierda Voces, ha dicho que dicha agenda es una expresión de la estupidez humana.

Este tercer período que está terminando, también con Vázquez al mando, se dedicó a hacer equilibrios de la mala situación que heredó del gobierno anterior (Mujica) y no mucho más. La única obra que podrá mostrar, es la construcción de la segunda planta de celulosa de la empresa finlandesa UPM (tercera en el país), a la que se le han brindado condiciones inmejorables, que comprometen millonarias cifras de las arcas públicas, de futuros gobiernos.

Esta administración, tuvo el triste hecho histórico de ser la primera vez que un vicepresidente de la República, Raúl Sendic, debió renunciar por corrupción.

Otros jerarcas también tuvieron que renunciar por procesamientos judiciales: el diputado Daniel Placeres, hijo putativo de Mujica y una senadora suplente que tuvo gran exposición mediática por ser la primera persona transgénero en asumir en la Cámara Alta.

Bajo la gestión Mujica, debieron renunciar por procesamientos judiciales, el Ministro de Economía y el Presidente del Banco de la República (banco público, principal de la plaza financiera uruguaya), Fernando Lorenzo y Fernando Calloia, respectivamente. Ambos por el mismo caso: remate trucho de la aerolínea de bandera PLUNA (también fundida en esa administración) a una empresa Cosmo, supuesta compañía aérea española. Se supo después que la oferta de la empresa ficticia, la había realizado el importante empresario Juan Carlos López Mena.

Con ese panorama, el Frente Amplio se dedicó en la campaña electoral, a retener el gobierno por un cuarto período.

El vencedor de las elecciones internas de ese partido fue Daniel Martínez, intendente de Montevideo, quien había sido senador, ministro de Industria y presidente de la petrolera estatal Ancap. Esta empresa, monopólica, se fundió, luego de la gestión del mencionado Sendic, cuyo plan de negocios ideó Martínez.

En los últimos días de diciembre, el Frente Amplio le bajó el pulgar a Martínez, en su aspiración de volver a postularse al sillón capitalino, en mayo de este año.

Partido Nacional

Partido decimonónico al igual que el Partido Colorado, el Partido Nacional domina en la actualidad la mayoría de los gobiernos departamentales (12 de 19), en él consolidó su liderazgo Luis Lacalle Pou -a la postre presidente electo- quien ya había ganado la interna en 2014 y perdió luego el balotaje con Tabaré Vázquez. Esta vez, le ganó en segunda vuelta a Daniel Martínez, luego de armar una coalición muy amplia, a la que él mismo denominó como Multicolor, reuniendo al Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente. No solamente fue una coalición ganadora para el balotaje, sino que también se arribó a una hoja de ruta para el próximo período de gobierno y se conformó un Poder Ejecutivo que representa a la coalición.

Con esa coalición, el nuevo gobierno se aseguró mayoría en ambas Cámaras legislativas, para poder impulsar las medidas que desee.

Los socios de la coalición

El socio mayoritario del Partido Nacional es el Partido Colorado, seguido del novel Cabildo Abierto. Éste ha sido otro hecho novedoso en la campaña pasada. El partido se fundó pocos meses antes de la elección interna que se realizó en junio del año pasado. Liderado por quien fuera, hasta marzo de 2019, Comandante en Jefe del Ejército, el General Guido Manini Ríos, obtuvo una gran votación, sin competencia interna, en la primaria de junio y un 11,04% en octubre, muy cerca de los 12,34% del Partido Colorado. Participan en él gran cantidad de retirados militares, lo que ha desencadenado en un fácil encasillamiento hacia la derecha.

El Partido Independiente es otro de los socios, a pesar de haber sacado el 1%, cayendo en su votación respecto a la elección anterior. Este partido cuenta con un importante nivel de cuadros técnicos y representa la centro izquierda del espectro ideológico. Incluso su líder, Pablo Mieres, será el futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social.

También integra la coalición, sin participación en el próximo Ejecutivo, el Partido de la Gente, que también es la primera vez que compite y obtuvo el 1% de los votos en las legislativas de octubre.

Balotaje con resultado diferido

Uruguay tiene un sistema electoral muy fuerte, producto de una sabia ley de 1925. Cada vez que un candidato es proclamado por las encuestadoras, una hora después de cerrados los circuitos de votación, quienes pierden lo felicitan públicamente y reconocen los resultados.

Esa especie de tradición no escrita, no se cumplió en el último balotaje. Como el resultado estuvo reñido y ciertas consultoras no auguraban un ganador, por más que la diferencia a favor de Lacalle Pou era notoria e indescontable, Martínez no reconoció su derrota y festejó junto a sus seguidores por haberse acercado mucho más de lo que los sondeos previos le pronosticaban.

Hubo que esperar entonces a que se realizara el escrutinio definitivo, días después, para que la Corte Electoral, organismo jurídico electoral del país, proclamara oficialmente al ganador. Ahí sí el candidato oficialista reconoció su derrota.

Lo positivo del episodio fue que esos 4 días, entre la elección y el anuncio oficial, transitaron con total calma, sin que nadie esbozara la mínima sospecha de cambio de la voluntad popular. Ese ha sido otro síntoma de buena salud de la democracia uruguaya.

Los desafíos de la gestión multicolor

Con un Poder Ejecutivo integrado por dirigentes de los partidos coaligados, la nueva Administración, aspira a tomar las decisiones más difíciles en el primer año -aprovechando la luna de miel y el empuje de la novel coalición- para, como se ha prometido: poner la casa en orden.

Desde la campaña electoral, se viene anunciando una Ley de Urgente Consideración (instrumento Constitucional que reduce el tiempo de debate parlamentario y acelera su aprobación o rechazo).

De ese modo, el nuevo gobierno espera tener en los primeros 90 días, los instrumentos legales necesarios para comenzar a aplicar las promesas de campaña. Pocas semanas después, tendrá que remitir al Parlamento la ley Presupuestal para todo el quinquenio, que comenzará a regir el 1 de enero de 2021 y que le permitirá ejecutar sus medidas con el presupuesto que sea de su necesidad.

Uno de los desafíos más importantes que se enfrentará, es el gran déficit fiscal ya mencionado. Uruguay se encuentra cercano a perder el Grado Inversor, con las consecuencias negativas que ello conlleva en cuanto a la radicación de inversiones extranjeras y costo de los intereses de su deuda externa. Con las cuentas públicas en ese rojo y una presión impositiva que creció constantemente en los últimos gobiernos, lo que hace insoportable un nuevo aumento, se deberán generar políticas de abatimiento del gasto público y de estímulo al aumento de la inversión privada, para reactivar una economía que necesita recuperarse rápidamente. El gobierno saliente no aumentará las tarifas públicas en enero, como lo hacía habitualmente, agravando la situación fiscal con la que se pensaba encontrar el nuevo gobierno. Además, el desempleo ronda el 10%, según el último dato disponible de septiembre pasado, y seguramente la inflación cierre 2019 cercana al 9%.

Otro desafío fundamental es la reforma de la seguridad social. El actual gobierno, hace ya dos años que anunció que no iba a encarar ese tema y que debía hacerlo el futuro gobierno. Las soluciones que se pueden presentar a este problema no son nunca simpáticas, basta ver lo que está sucediendo en Francia por estos días o lo que ha sucedido previamente en otros países, como Grecia, por ejemplo.

Un tercer desafío es terminar con la ola de inseguridad que azota al país. Al momento de escribir estas líneas, no se conocen aún las cifras oficiales de homicidios de todo 2019, en septiembre se contabilizaron 256 homicidios, por lo que se estima que, para el total del año, los números sean similares a 2018, cuando se batieron récords con 414 asesinatos, haciendo trepar la tasa a 11,8 cada 100.000 habitantes. Si esto fuera poco, hay que agregar que la mitad de esos homicidios quedaron sin esclarecer, sin que los culpables de los mismos fueran ubicados.

Un cuarto desafío está en la educación. Hace tiempo que el país viene cayendo en las Pruebas PISA. Solamente un tercio de los jóvenes que asisten a la secundaria completan ese ciclo. Y como todos los dramas sociales, golpea a los que menos tienen. En los sectores más pobres es donde se evidencian los mayores índices de ausentismo estudiantil, agravando la situación de los jóvenes (son los que más sufren la tasa de desempleo) y de sus familias.

Un quinto desafío es la situación de vulnerabilidad habitacional en la que se encuentran cientos de miles de personas. Algunos miles, viven directamente en la calle. Mientras que el resto, unas 200 mil, viven en asentamientos irregulares, ocupación ilegal de territorios en los que no llegan todos los servicios básicos para vivir dignamente.

Todos estos temas son de suma importancia y ocupan los primeros lugares de la nueva agenda. Deben ser tratados de inmediato.

Uruguay puesto a prueba

Como se puede apreciar, el nuevo gobierno deberá tomar medidas urgentes y para nada gratas.

Desde algunos sectores del Frente Amplio, como por ejemplo el Partido Comunista, que ha aumentado su presencia legislativa en la última elección, se ha advertido que, si las medidas a tomar son muy drásticas, estarán atentos para acompañar las demandas sociales y amenazan que puede ocurrir lo mismo que está sucediendo en Chile.

La central sindical, PIT-CNT, que hizo campaña en el balotaje último por el oficialista Martínez, tiene larga experiencia en movilizaciones contra las gestiones de los partidos históricos.

Uruguay estará a prueba entonces, por un lado, observando cómo se aplican las medidas tan urgentes y necesarias, producto de la debilidad en la que se reciben las áreas mencionadas. Y por otro, por el manejo que haga el partido de oposición, Frente Amplio y sus aliadas organizaciones sociales, del malestar ciudadano que pudieran generar las decisiones gubernamentales.

En una región convulsionada, en donde Uruguay se ha jactado de ser un oasis de democracia, en el que tanto el gobierno saliente como el entrante vienen realizando una transición normal -más allá de algún diferendo- en este 2020 se pondrá a prueba el sistema político y la sociedad toda. Veremos si ratificamos ser una de las pocas democracias perfectas en el mundo, o comenzamos a transitar el triste camino de otros países de nuestro continente que han hecho de su debilidad democrática, su sello de distinción.

 

Fitzgerald Cantero Piali

Licenciado en Ciencia Política, Universidad de la República, Uruguay. Tiene un diploma de Posgrado en Ciencia Política y le resta la tesis para la Maestría en Ciencia Política en la misma casa de estudios. Tiene un Master en Administración y Gestión Avanzada de Proyectos de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, España. De la misma universidad tiene un título Experto en Comunicación Política e Institucional. Posee un Diploma en Actualización en Filosofía de la Universidad de Montevideo. Y un Postgrado Experto en Dirección de Marketing en la Universidad de la Empresa y en la Escuela de Negocios IDE-CESEM de Madrid, España. Ha sido Edil de Montevideo (2005-2010), Diputado de Uruguay (2010-2015) y Director del Banco de Seguros del Estado (2015-2018). Es director de https://conlibertad.com.uy/ y Socio Director de https://zigma.com.uy/