Para poder hablar sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC), es sumamente necesario contextualizar la situación actual de Uruguay. El 1 de marzo del corriente año asumió la presidencia Luis Lacalle Pou, candidato del Partido Nacional o también dicho Partido Blanco, el cual es muy tradicionalista y conservador. El pueblo uruguayo volvió a ser presidido por un candidato de derecha luego de 15 años de gobiernos de izquierda, o más específicamente gobiernos del Frente Amplio, el cual perdió por una insignificante diferencia de 3090 votos con el actual presidente.

Lacalle Pou asumió al poder con el objetivo de hacer grandes reformas al país. Esto se vio reflejado en su discurso de asunción: “Es necesario un cambio. Pero un cambio acompañado de acuerdos”, afirmaba el candidato electo. Recordemos que para llegar al poder tuvo la necesidad de formar la llamada “coalición multicolor”, compuesta por 5 partidos. Además, en su discurso expuso sobre la situación económica de Uruguay. Advirtió sobre su déficit y anunció políticas de austeridad, el establecimiento de una regla fiscal y la apertura de un debate sobre una reforma urgente del sistema de seguridad social y de pensiones.

Este objetivo de generar grandes reformas se hizo palpable el 23 de abril del corriente año cuando el poder ejecutivo ingresó el proyecto de la Ley de Urgente Consideración, la cual consta de 502 artículos e incluye una aprobación automática en el lapso de 90 días.

Dentro del proyecto de ley se puede destacar, en materia de seguridad pública, una ampliación del concepto de legítima defensa (solo será suficiente una amenaza para aplicar la legitima defensa) y penas más duras para los delitos de asesinato, violación y narcotráfico. También se tratarán temas como resistencia al arresto, delincuencia juvenil y procesos penales. Tales reformas en el código penal tendrían como resultado el endurecimiento de este.

También trataría temas en materia de eficiencia del estado, como la creación de un ministerio de medio ambiente y agua y agencia de monitoreo y evaluación de políticas públicas. Del mismo modo, se convendría en materia de relaciones laborales y seguridad social, sobre el ejercicio del derecho de huelga, el cual debería ejercerse de forma pacífica, sin perturbar el orden público, siendo contrario a las modificaciones del gobierno frenteamplista.

Además, en materia financiera presenta propuestas de matriz neoliberal al plantear la desmonopolización de ANCAP y levantar las mínimas trabas que existen a los grandes empresarios de las comunicaciones. En materia educacional, reduce el papel de la UdelaR y da mayor peso a representantes de la educación privada. Asimismo, pone como obligatoria la educación inicial, primaria, media y superior, teniendo como fin la especialización de la población.

La intención de tratar esta ley en momentos tan difíciles, como lo es la pandemia mundial del Covid-19, generó grandes revuelos. Negociar los términos de esta llevaría a una seguidilla de largas sesiones en el Congreso.

Por un lado, la coalición conservadora del gobierno de Lacalle Pou considera que es un compromiso electoral y la urgente situación que enfrenta el país en temas como la inseguridad pública o el déficit fiscal lo demandan. Por otro lado, los funcionarios de la oposición creen que no es momento de tratar la LUC, ya que, el mundo y el país está pasando por una situación demasiado complicada y lo que conlleva realizar esas arduas sesiones en el congreso y las posibles manifestaciones que se crearían. Además, algunos legisladores plantearon que la LUC es inconstitucional por su extensión y porque no se justifica el mecanismo de aprobación tácita que requieren los momentos de emergencia. La senadora frenteamplista, Lucia Topolansky, se refirió al proyecto de ley diciendo: “…transcurren los cinco años, un partido ‘X’ gana las próximas elecciones, tiene sus mayorías y manda una ley de urgente consideración de 3.000 artículos, se acabó el Parlamento”, dando a entender la dimensión de la ley presentada.

La magnitud de esta ley obligó al congreso a llevar sesiones de trabajo presenciales de lunes a jueves de 9:00HS a 18.00HS en ambas cámaras, ya que, tienen el carácter de obligatoria presencialidad. Para realizar las sesiones de manera virtual se tendría que cambiar el reglamento e implementar la tecnología adecuada. Más allá de que esta sea solo la fase de comisiones, representa un gran desafío para ambas cámaras, teniendo en cuenta que, en la cámara de senadores, la mayoría de sus integrantes son factores de riesgo y deben tomar la mayor cantidad de prevenciones.

En conclusión, la Ley de Urgente Consideración, integrada por una inmensa cantidad de artículos, tiene como fin una profunda reforma del Estado uruguayo. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: si esta ley fuese aprobada, ¿tendría cambios positivos o negativos en el pueblo uruguayo? La respuesta es totalmente incierta, pero podemos prever el destino que le quiere dar el nuevo gobierno al estado, un destino neoliberal, totalmente diferente a los gobiernos anteriores, los cuales tenían como fin un gobierno progresista.