En Venezuela, la crisis política que se vive desde la muerte de Hugo Chávez se profundizó el año pasado cuando el 5 de enero, día de la apertura del año legislativo, la Asamblea Nacional (órgano legislativo regular) decidió reconocer y declarar el vacío de poder por parte del ejecutivo comandado por Nicolás Maduro. Esta acción se llevó a cabo porque, en el año 2018, Maduro había sido electo en unos comicios espurios convocados por la Asamblea Nacional Constituyente de totalidad chavista. La misma es un espacio ilegal e ilegitimo que sirve como instrumento del oficialismo para castigar cualquier intento de contraposición al régimen dictatorial de Maduro, que vulnera y acaba con el orden constitucional del país suramericano dichas elecciones no se alcanza la participación del 50% del padrón electoral, según la ONG PROVEA.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 233, plantea una hoja de ruta ante esta situación: “Cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional”. En esta ocasión, le correspondería a Juan Gerardo Guaidó Márquez tomar posesión como el presidente encargado de la nación, lo cual hizo el 23 enero del 2019.           Más de 54 países lo reconocieron como tal, mientras que, otro tanto se añadiría a la retórica chavista de Nicolás Maduro de no aceptar el mandato legal de la Asamblea.

Para finales de enero de 2019 se tenía en Venezuela dos presidentes y dos asambleas. Empezaría entonces una disputa de poder, lo cual genero un descontrol político que no ha dado tregua.

Por un lado, la presidencia de Nicolás Maduro se considera internamente en Venezuela como legal por el hecho de seguir controlando todos los poderes del Estado y que los representantes de los mismos lo reconocen como presidente.  Los 4 poderes (ejecutivo, judicial, moral y electoral) están viciados, así como empapados en actos de corrupción, con una ideología bien plantada. Por otro lado, Juan Guaidó es el presidente legal por lo que la Constitución establece.

La situación dio un giro con una mala jugada de la oposición. Primero, por permitir que pasaran los meses y no llamar a elecciones; segundo, porque al verse perdidos, luego de quemada la asistencia humanitaria, decidieron aceptar al dialogo convocado por Nicolás Maduro, donde nunca han llegado a un acuerdo; y, por último, engañan al pueblo con su narrativa “saliendo a las calles lograremos un cambio”, cuando es notable que no ejerce una verdadera presión sobre la dictadura.

En un nuevo intento de llegar a un acuerdo, el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición participaron del llamado mecanismo de Oslo, dialogo auspiciado por el gobierno de Noruega. El evento resulto en nuevo fracaso, pues no llegaron a ningún consenso o aplicación de estrategias que mejoraran la situación para los venezolanos. Las promesas de la oposición de no caer en viejas trampas fueron en vano, al igual que en los 6 diálogos anteriores, lo que le dio más tiempo Maduro en el poder, tiempo crucial para los venezolanos que mueren por falta de medicina y alimentos.

Mientras tanto, Nicolás Maduro trata de resistir las sanciones impuestas por EEUU, quienes se han propuesto apoyar a Guaidó en este conflicto. El encargado para los asuntos de Venezuela, Elliot Abrams, define a Maduro como “una transición en Venezuela”. A su vez, aliados como China y Rusia marcan distancia en las políticas de apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro, pues no quieren que se entorpezca su relación con EEUU.

Al mismo tiempo, y luego de meses en los que la movida política parecía bajar de intensidad, Guaidó decidió emprender una gira internacional por los países Aliados, aquellos que lo reconocen como Presidente Encargado. Si bien es cierto que fue recibido por grandes líderes mundiales, muchos no elevarían está visita a un rango de Estado, pues no sé involucrarían como participes en el conflicto político venezolano. Más allá de su papel como Presidente Encargado, Juan Guaidó fue recibido por hacerle frente a la dictadura férrea de Nicolás Maduro.

Si bien notamos un cambio de paradigma en el ámbito internacional cuando países vecinos reconocen a Juan Guaidó, los procedimientos formales entre Estados siguen siendo llevados a cabo por el gobierno de Nicolás Maduro. A modo de ejemplo, cuando Colombia le pidió a Juan Guaidó que se entregue a Aida Merlano, una excongresista colombiana prófuga de la justicia, este no tuvo la capacidad ni el poder para hacerlo, pues las fuerzas armadas son dirigidas por el Jefe de Estado, Nicolás Maduro, quien se negó a hacer cualquier proceso de extradición.

Observando todas las actuaciones de los dos presidentes de Venezuela, surge la pregunta ¿cuál de los dos presidentes es legal o ilegal y cual es legítimo o ilegitimo?

La presidencia de Nicolás Maduro es legal porque maneja la mayoría de los poderes del Estado y consagra acuerdos con otros países, así como también es ilegitimo de origen porque accede al poder a través de unas elecciones fraudulentas. Sin embargo, no posee legitimidad de ejercicio por su nula capacidad de satisfacer necesidades y adaptarse a las nuevas problemáticas que surgen. Por su parte, Juan Guaidó, a un año y dos meses de haberse juramentado, convirtió su posición en ilegal al no acatar la constitución y llamar a elecciones en el plazo estipulado; lo que si posee aun es la legitimidad al contar con el apoyo unos 52 países a nivel mundial, así como el apoyo del pueblo. Al pasar los días Juan Guaido corre el riesgo de perder su legitimidad por estrategias erróneas, así como también, por los escándalos de corrupción por parte de sus acompañantes. Por ahora está perdiendo el único espacio democrático que poseía “El hemiciclo de la Asamblea Nacional”.